No saben cuánto, lo que hoy pasa, me recuerda tiempos idos. Seis meses atrás, cinco años antes. Va una historia que no pensaba contar ahora, pero los acontecimientos me obligan.
Me remonto al segundo semestre del 2018 con una elección decidida, sin discusión, ventaja clara para el Lic. López Obrador, incidentes menores, nada que pudiera poner en duda el resultado. Tan solo cuatro semanas después, el INE impone una multa al partido que postuló al ganador por irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial y la historia cambia… Pasamos del reconocimiento de árbitro justo, al árbitro cómplice, “vengador”, así lo calificó el presidente electo para quien no hay concesiones, o todo o nada. Árbitro justo cuando me da la razón; cuando no, es parte de un ‘compló'. Perdón presidente, pero hay algunos para quienes la ley sí es la ley.
Había claramente una falta y la autoridad electoral no podía dejarla pasar, pero quien hoy ocupa la primera magistratura no acepta más que a subordinados. Así que pasamos de ser el “árbitro justo que pasará a la historia”, a la institución comparsa del poder vencido.
Aquí no hay más que una lógica, una evidencia más de que López Obrador solo sabe de incondicionales, no de quien asume su responsabilidad republicana y la ejerce sin distingos.
Lo que viví en el INE es lo que veo hoy contra el Poder Judicial, ¡que sí! Es un poder en el diseño de nuestra República. Y no es gratuito, es así, por el nivel de especialización de su delicada tarea: impartir justicia aplicando el marco legal que nos rige y que además juega el delicado papel de contrapeso al poder. Ya que cuando el poder público se concentra, entre otras atrocidades, la impartición de justicia se vuelve caprichosa y su aplicación adquiere rostro, amistades y complicidades.
Venimos de una etapa de nuestra historia que tuvo muchos episodios en los que el régimen autoritario ‘administró la justicia’ para alinear intereses políticos. De ahí venimos y justo porque conocemos la injusticia que eso trae consigo, no queremos regresar.
Las historias se cruzan, al INE le tocó en su momento y recientemente al INAI, antes a otras instituciones autónomas y ahora al Poder Judicial. Lo que estamos viviendo no son casualidades, es la confirmación de una vocación autoritaria.
Tocar al Poder Judicial, en particular a la SCJN, es tocar a la última instancia del equilibrio de poderes, lo contrario es depositar en uno de ellos nuestro destino.
Arrecian los ataques contra quienes imparten justicia y tratan de justificarse por un supuesto combate a sus privilegios. Se procede desde la mayoría en el Congreso a desaparecer los fideicomisos que esa instancia del Estado ha formado por años para garantizar fundamentalmente la atención de los derechos laborales ganados por sus miembros por sus décadas de servicio y, al mismo tiempo, se crean tres nuevos fideicomisos, esos sí para las Fuerzas Armadas.
No se trata de dinero (aunque el monto pueda parecer alto, es una micra frente al total del gasto público y ridículamente pequeño frente a la inversión en las obras insignia de este gobierno), sino de demostrar a todos los miembros del sector judicial dónde está el centro del poder ante el que tienen que someterse.
Se trata, además, de continuar mostrando a propios y extraños el poderío presidencial y sus alcances. Un presidente siempre en campaña que construye una narrativa según la cual quien no es su aliado es corrupto, está contra el pueblo, tiene privilegios y ahora hasta flojos resultaron.
Es, pues, su discurso de campaña —a pesar de que el INE y el Tribunal Electoral lo han reconvenido en múltiples ocasiones—, ya que muestra ‘músculo’ ante los suyos para cerrar filas y disciplinarlos si fuera necesario. Es su narrativa para los indecisos políticamente, advirtiéndoles que mejor ni se metan.
A la oposición le envía un mensaje de que va con todo. De refilón toca al Tribunal Electoral que quedará incompleto, ya que dos de sus miembros concluyen su gestión el último día de este mes y seguramente la mayoría legislativa en el Senado seguirá la política presidencial de obstaculizar a los órganos que no se alinean y no nombrará a los nuevos miembros.
Insisto, el ataque desde el Ejecutivo y el Legislativo al Judicial no es por dinero. Lo que el presidente busca al eliminar los fideicomisos del Poder Judicial está lejos de ser un intento de ahorro o combate a la corrupción y/o a los privilegios que, según él, tienen quienes ahí trabajan. Lo que López Obrador intenta, como quiso hacer con el INE cambiando la Constitución y después con el conocido plan B, es desprestigiar a uno de los tres poderes de la nación y promover una reforma para que los juzgadores, iniciando por los ministros de la Corte, sean electos por la ciudadanía. Eso es lo que viene y ratificado por la candidata Sheinbaum.
Grave situación si llegara a presentarse, ya que quienes imparten justicia no pueden estar sujetos a la veleidosa popularidad o que sus sentencias estén marcadas por la posibilidad o no de ser electos. Su trayectoria ética y dominio técnico deben ser las razones axiales para ocupar esa posición.
POSDATA: Ante la constante pregunta que se me ha hecho sobre qué pasó en el Consejo General del INE el pasado jueves, cuando privó la confusión al someterse a votación la propuesta de paridad de las nueve gubernaturas que se elegirán en junio próximo, lo que puedo responder es que quiero confiar en que se trató de un error (falta de experiencia y/o pericia) y no de una acción planeada para evitar la expresión de las y los consejeros. Desde mi experiencia se pudieron haber tomado varias medidas antes de caer en la simplicidad de “ya se votó, no fue aprobado en lo general y no hay más que hacer”. Se pudo pedir un receso o solicitar que se aclarara el sentido de la votación, hay muchísimos antecedentes al respecto para garantizar certeza sobre lo que se vota.
Estamos viviendo tiempos complejos en los que se requiere una autoridad electoral independiente, que dé certeza en cada decisión que toma y que garantice a la ciudadanía unas elecciones libres y creíbles. Que el ‘sospechosismo’ no mine su credibilidad.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).