La primera obligación de cualquier autoridad es generar confianza, credibilidad, lo que trae como consecuencia que sus decisiones sean respetadas y contribuyan a la paz pública.
Lamentablemente, lo que hoy sucede en las dos principales autoridades electorales, INE y TEPJF, está lejos de lo anterior. Parecería que los dos colegiados se pusieron de acuerdo para al unísono exhibir sus debilidades y minar su credibilidad. Increíble, nunca pensé escribir esto, pero la realidad se impone.
En los últimos días, fuimos testigos —no es metáfora, todo fue público— de la renuncia del presidente del Tribunal Electoral provocada por la exigencia de tres de sus colegas sin que quedaran claras las razones, lo que significa el peor de los escenarios, ya que da lugar a cualquier número de especulaciones y abona al ‘sospechosismo’ al que somos tan propensos.
Como dirían los clásicos ortodoxos, por favor sus señorías, no nos den pretexto para que echemos a volar nuestra desconfiada imaginación. Su principal responsabilidad es generar certeza y, tratándose de la soberanía popular, generar confianza en que ésta será respetada al momento de elegir gobernantes y representantes, para no hablar de respetar la ley, es decir, la más elemental regla de la convivencia civilizada.
Para contribuir a nuestro desconcierto, a nuestro abollado optimismo, la autoridad administrativa, el INE, responsable nada más y nada menos de la organización de las elecciones, sesionó el pasado viernes y desde la aprobación del orden del día exhibió las profundas diferencias entre las consejerías.
Lo anterior no es de sorprender entre los miembros de un colegiado (he sostenido en múltiples ocasiones que la reiterada unanimidad es sospechosa), pero que las diferencias sean por buscar culminar el proceso que debe llevar a la designación de quienes encabecen las áreas responsables de la operación de la institución es por demás desconcertante.
Han pasado más de ocho meses de la nueva integración del Consejo General del INE con cuatro nuevos miembros, incluida la presidencia. Desde entonces, cargos claves para la conducción de la institución están bajo la responsabilidad de encargados de despacho. Independientemente de los méritos de las personas que tienen ese estatus, lo que denota es un grave problema para generar acuerdos entre los responsables de tomar esas decisiones.
El viernes se pusieron sobre la mesa dos propuestas para resolver el empantanamiento de más de 34 semanas. Una que buscaba facultar a la presidenta para nombrar directamente a quienes ocuparían las vacantes, lo que era una flagrante ilegalidad, ya que la norma establece que esos nombramientos proceden con la aceptación de al menos dos terceras partes del Consejo, es decir, con ocho de once votos. Esta propuesta terminó retirándose, faltaba más. Y la otra que conminaba a la presidenta a presentar las propuestas para la consideración del colegiado en un plazo de un mes.
Lo que es para el anecdotario más oscuro de la historia de la democracia es que algunos de quienes tienen por obligación debatir hayan recurrido, en virtud de que al parecer perderían la votación, al expediente más elemental y chapucero, diría mi abuela, de ‘reventar’ la sesión ausentándose de la misma provocando así la falta de quorum. Vieja artimaña, si no convences cansa o revienta.
La sesión se reanudó el sábado y tuvo como resultado que, por apretada mayoría de seis, se requiera a la presidenta proponer al pleno personas para ocupar la Secretaría Ejecutiva y los nueve cargos directivos ocupados por encargadurías.
Quien encabeza el colegiado declaró que el próximo miércoles lo convocará para que conozca y resuelva sobre las propuestas que les presentará. Esperemos que por el bien de la institución y de su prestigio —cuestión de la mayor relevancia, ya que en ello reside su credibilidad— prive la deliberación que lleve a ponderar perfiles y trayectorias contra las necesidades institucionales y los requerimientos técnicos de cada dependencia.
La cuestión no es menor, si bien las facultades, responsabilidades y procedimientos están previstos en las normas correspondientes, las personas hacen la diferencia.
Las discrepancias no solo se dieron por el nombramiento de los titulares de las áreas, durante la sesión se abordaron diversos temas que tienen que ver con el arbitraje y organización del proceso electoral en curso. Entre otros, se discutieron y aprobaron multas a los partidos políticos por no haber reportado gastos ejercidos en el período de ‘preprecampañas’ y además se resolvió conservar los recursos para la observación electoral.
Las multas impuestas en esta ocasión a los partidos políticos, más allá del monto, son muy relevantes, ya que marcan los criterios que seguirá la autoridad para hacer cumplir las normas establecidas. Seguramente estos acuerdos culminarán en el TEPJF, quien tendrá la última palabra, sancionar o no o con cuánto a quien oculte el gasto o infrinja lo dispuesto sobre el origen y destino de algo tan delicado como los recursos con los que financia sus actividades.
Más allá del anecdotario, lo que hoy sucede al interior de los dos órganos de máxima responsabilidad en materia electoral es preocupante, ya que rebasa con mucho las esferas personales y/o de grupo. Está relacionado con la legitimidad de los resultados de las próximas elecciones, de ese tamaño su trascendencia.
Por si fuera poco, el presidente de la República acaba de reiterar que enviará al Congreso en febrero (había anunciado que lo haría hasta septiembre) iniciativas de reforma constitucional, entre otras, para eliminar algunos órganos autónomos que, según él, “no sirven para nada” (SIC) y para que ministros y magistrados sean electos por voto popular. Seguramente las discrepancias hoy mal procesadas al interior del INE y el TEPJF abonarán para justificar esas iniciativas. Muy malas noticias para una democracia tambaleante.
POSDATA: Por si alguien tiene duda del proceso de militarización en el que este gobierno nos ha metido, va una anécdota. En días pasados en el aeropuerto de la CDMX me percaté del hecho de que dos menores abordarían solos un vuelo internacional y como está dispuesto para ese propósito, necesitaban de la autorización de sus mentores y la certificación correspondiente de Migración-Gobernación. Pues la novedad es que eso no es suficiente, ahora, además, se requiere que un agente de la Marina autorice que puedan abordar. Así se empieza.
El autor es exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE).