Me preocupa mucho lo que pasa en la Fiscalía General de la República. De manera particular, el uso de sus instrumentos punitivos para afectar a personas inocentes. El caso que sostiene su titular en contra de la que fue compañera de su hermano y de la hija de ella me parece consecuencia de una especie de delirio que lo tiene en pie de guerra, afectando su investidura como fiscal general. Y ya qué digo de esas dos mujeres, a las que les expreso toda mi solidaridad. El caso de Gertz Manero me recuerda episodios de las series sobre la antigua Roma, en los que algunos emperadores simplemente se extraviaban del todo. En algunos casos, las trayectorias iniciales eran gloriosas, pero terminaban siendo patéticas. Eso sucede cuando se cruza la línea hacia todo el poder.
En realidad, el perfil de Gertz Manero nunca fue el idóneo para el cargo en una institución en transición. El proceso mediante el cual fue designado tuvo un nuevo formato, pero prevaleció el criterio de siempre: la voluntad del presidente. Desde el colectivo #FiscalíaQueSirva, siempre se sostuvo que debía existir un cabal proceso de evaluación de los perfiles de los candidatos a ocupar el cargo. En concreto, se planteaba que un comité ciudadano hiciera ese trabajo. Un ejercicio en el que se pudieran contrastar trayectorias y aptitudes con las características de un perfil coincidente con los requerimientos del puesto. Tal evaluación se sometería a la consideración de los legisladores, como hoy sucede con los consejeros del INE, por ejemplo.
De haber existido ese ejercicio, los senadores hubieran podido constatar la brecha entre el perfil del hoy fiscal y lo que se necesitaba. Quizá hubiera sido evidente que el fiscal no cree en la transformación de las instituciones, ni es un convencido de la reforma a la justicia. Hubiera sido un excelente procurador en la era priista, dispuesto a ir por los enemigos políticos, punitivista de corazón al que no le gusta rendir cuentas ni someterse a mecanismos de control. Una procuraduría y un procurador para un sistema autoritario.
En el pasado un grito del presidente lo hubiera puesto en orden. Quién sabe si el presidente López Obrador ya le puso el grito, pero alguien le está poniendo un ‘estate quieto’ con filtraciones de sus conversaciones en los medios. Al parecer no son los grandes capos de las bandas criminales, sino los enemigos políticos dentro del círculo de Palacio Nacional. Así que no, la filtración no es por heroísmo o valor civil: es puro pleito de familia.
Mientras esto sucede, el desempeño de la Fiscalía se deteriora. Continúa la impunidad en delitos federales: 95.1 por ciento para casos de tortura y casi 100 por ciento en desaparición. En el caso de tortura, de un universo de más de 5 mil investigaciones en trámite, la FGR consignó cinco averiguaciones previas y judicializó una carpeta de investigación (según la ASF). En materia de desapariciones, de 868 carpetas de investigación en trámite, en ningún caso se acreditó la comisión de los delitos investigados ni se buscó ejercicio de acción penal (ASF).
La FGR investiga menos. Registró una reducción de 30 por ciento en el número de investigaciones entre 2018 (112 mil 635) y 2020 (78 mil 463), con un rezago institucional de 52 por ciento. La mayoría de los casos procesados judicialmente por la FGR son de criminalidad común, no compleja, como la delincuencia organizada. Para 2020, 58.37 por ciento de los casos fueron por delitos relacionados con portación de armas de fuego, 2.25 por ciento por delitos fiscales, 1.97 por ciento delitos contra el patrimonio y 1.25 por ciento robo de hidrocarburos. El 24.6 por ciento de los delitos se reportan como no determinados. Para decirlo en pocas palabras: no hay transformación, sólo la profundización de una crisis.
Los legisladores son bien responsables de lo que sucede. Lo están por diferentes razones: 1) por su descuido y subordinación en el proceso de nombramiento del fiscal (no repararon en las consecuencias de levantar su mano irreflexivamente para aprobar la propuesta del Ejecutivo); 2) porque también fueron omisos cuando el fiscal, ya en el cargo, incumplió con disposiciones a las que estaba obligado por ley para dar paso a la transición de Procuraduría a Fiscalía; 3) porque son corresponsables de la contrarreforma aprobada el año pasado, que desarticula aspectos centrales para fortalecer la investigación criminal y, por si esto fuera poco, 4) porque apenas tímidamente sugieren que llamarán al fiscal a rendir cuentas frente al Senado. Si lo hacen, conociéndolos, no será un ejercicio de exigencia de cuentas, sino de zalamería recíproca.
No sé si Gertz durará en el cargo cinco días, cinco meses o cinco años. Pero los legisladores mexicanos, sobre todo en el Senado, tienen una enorme deuda con los mexicanos. Si están todavía en funciones cuando la titularidad de la Fiscalía quede vacante, tendrán la oportunidad de reivindicarse, reparar un poquito el daño que nos han hecho al ser negligentes frente a la transición de la Fiscalía y los excesos de su titular. Que no se nos olvide que también ellos son responsables de que el fiscal cruzara el umbral de todo el poder.
La autora es directora de México Evalúa.