La política social del presidente López Obrador ha sido criticada porque su impacto en las personas y hogares más pobres del país es débil. A primera vista, parecería que este gobierno cuenta con una estrategia social muy robusta, pues transfiere miles de millones de pesos a familias y hogares necesitados. Pero no es así: ese dinero llega en mayor medida a los más ricos. Nuestro Robin Hood es en realidad un Hood Robin. No son primero los pobres, como vehementemente se sostiene en el discurso. ¿Será que primero los votos?
El programa más importante de esta administración es el de pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores. Este programa, mejor conocido como la ‘pensión para viejitos’, está íntimamente vinculado a la marca López Obrador. Su instauración durante su gestión en la Ciudad de México catapultó su popularidad. Pero de él no se desprenden las noticias que querríamos oír. “La propia Secretaría de Hacienda calcula que el 20 por ciento más pobre de la población obtiene 7.7 por ciento de los recursos de este programa, mientras que el 20 por ciento más rico obtiene 20.9 por ciento de sus recursos”. Así lo hemos explicado en el análisis al primer trimestre del año de los Números de Erario, el proyecto de México Evalúa con el que hacemos seguimiento puntual y periódico de las finanzas públicas de México. Tal cual: uno de los programas sociales con mayor peso político en el sexenio es... regresivo.
Por su importancia presupuestal, también destacan las Becas Benito Juárez para distintos niveles educativos. Al ser una beca universal tiene el mismo tipo de impacto: descobija al quintil más pobre de la población (el cual, por cierto, estaba mejor cubierto con un programa como Oportunidades).
Sin duda, entre los más pobres y más ricos de este país existen familias y personas para los que la pensión significa una ayuda de gran valía. Les permite ampliar su frontera de consumo, que no es poca cosa en esta época de poco crecimiento, baja generación de empleos formales y alta inflación. Una familia mexicana extendida, la que alberga a abuelos, niños y jóvenes de distintas edades, puede estar recibiendo un monto considerable de subsidio al mes. Un beneficio tangible, no una promesa en el aire.
No conozco todavía un estudio que indague sobre los efectos de estas transferencias en la popularidad del presidente, pero es muy probable que influya fuertemente. Por eso su popularidad está hecha a prueba de balas. El presidente señalará a otros como los responsables de que las cosas no jalen en la economía, pero él siempre se podrá adjudicar el crédito de estos beneficios que pueden implicar que una familia coma más y mejor. Así de simple.
En el primer trimestre de este año, seguramente en anticipación al proceso de revocación de mandato y a las elecciones locales recién celebradas, estos programas recibieron muchos más recursos que los programados y aprobados por el Legislativo. El uso político de los recursos públicos deja huellas y éstas están muy bien identificadas en nuestros Números de Erario.
Pero antes de pasar a describir algunas de las anomalías identificadas en el ejercicio del Presupuesto (respecto del documento que aprobó la Cámara de Diputados), quisiera abrir un paréntesis para señalar que esto debería ser inaceptable. Cuando el presidente en turno adecua de manera importante –en algunos casos, de manera radical– las asignaciones antes aprobadas, viola la esencia de la división de poderes y de la representación política asociada a los temas presupuestales. El principio de que no puede haber cobro de impuestos sin representación política –no taxation without representation– queda vacío de significado. Nos convertimos en contribuyentes sin derechos y financiadores de ambiciones políticas, no de un proyecto o visión de desarrollo.
Y sí, en el ejercicio del Presupuesto en el primer trimestre de 2022 hay ‘adecuaciones’ enormes. Resulta casi imposible no vincularlas al periodo electoral. Me centro exclusivamente en los programas de subsidios. Contamos con 76. Veintidós de ellos ejercieron 40 por ciento más de lo que se les había aprobado. No se trata de un ajuste pequeño, sino mayúsculo. Las pensiones para adultos mayores gastaron 63 por ciento más respecto a lo programado. Las becas para estudiantes de media superior tuvieron un sobregasto de 95 por ciento. Y luego nos preguntamos si esto tuvo impacto en la elección...
Gastar más en algunos rubros implica quitarle a otros, si el objetivo es no impactar en el balance público. Y cuando se identifican los programas de subsidios que fueron castigados se reitera el patrón: para el Ejecutivo federal los pobres no son primero. Treinta programas de subsidio tuvieron grandes recortes. Veintidós no recibieron recurso alguno en el primer trimestre del año.
Los programas con mayores recortes están en el ámbito de la salud de la población abierta. Se les recortaron recursos, por ejemplo, al programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (buena parte de lo que se tenía asignado a tal programa se depositó en fideicomisos, y no podemos saber si se aplicaron o no a la atención a la salud) y al de Salud Mental, Sexual y Reproductiva (con un recorte de 69 por ciento).
Deseo subrayarlo: sabemos que el incremento de la pobreza está asociado al gasto de bolsillo en salud. Esto es, familias que desembolsaron de su ingreso para atender sus enfermedades. ¿Primero los pobres, entonces?
Por eso la pregunta es pertinente: ¿tenemos a Robin Hood o a Hood Robin?
La autora es directora de México Evalúa.