En días pasados desde México Evalúa liberamos un análisis sobre el gasto en seguridad pública, a propósito de la presentación del Paquete Económico 2023. El Presupuesto planteado para el próximo año, como los que se han presentado en años anteriores, tienen una inclinación fuerte por la inversión en instituciones federales de seguridad y justicia, una de ellas la Guardia Nacional, ahora militar. Esta ha sido la historia desde que los mexicanos nos comenzamos a percatar de que teníamos un grave problema de violencia e inseguridad. En efecto, en materia de seguridad ha existido siempre un sesgo centralista tan petulante como inefectivo. Es herencia de gobiernos que controlaban todo desde Los Pinos –como hoy se hace desde Palacio Nacional–, en una visión claramente distorsionada del modelo de gobernanza que el país necesita.
El análisis realizado por el programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa es bien duro, porque refleja cómo ese patrón de antaño se recrudece. Hay un abandono de lo local y de la construcción de capacidades civiles. Desde el Presupuesto se está debilitado al Estado en su función esencial, que es proveer seguridad a las personas. El Estado mexicano se debilita a sí mismo. O quizá sea más justo ponerlo en estos términos: las mayorías legislativas, en connivencia con el Ejecutivo federal, debilitan al Estado mexicano. Porque es necesario aclararlo: la militarización de los asuntos públicos del país no es fortaleza, es todo lo contrario, debilidad. El uso de la fuerza que detenta el Ejército es ejercicio de poder, pero no es capacidad de Estado para resolver problemas públicos.
En los primeros párrafos del reporte de los Números de Erario al que hago referencia leemos una afirmación que cimbra: no estamos dotados de los recursos públicos necesarios para hacer realidad un país viable, al menos no en términos de seguridad. En el reporte se analizan los incrementos o decrementos en los distintos rubros que componen la función de seguridad, a través de los años. Hoy estamos en niveles históricamente bajos, pero nunca hemos estado en niveles suficientes. Vaya divorcio. Los mexicanos ponen a la seguridad como su prioridad, pero los recursos públicos están destinados a otros usos, que no son los más importantes para los que deberían mandar, es decir, nosotros, los dueños de los dineros y del mandato que se transfiere.
¿Qué es la seguridad? Pienso que, en primer lugar, consiste en sentirnos seguros; lo segundo es tener una baja probabilidad de ser víctima. Es obvio que ambas se interrelacionan. ¿Cómo se construyen esas percepciones y esas certezas? Yo pienso que a través de las autoridades más cercanas, que son las municipales. Es en lo muy local donde construimos certezas y miedos. En un estudio de México Evalúa describimos el efecto impronta que se logra con la autoridad más cercana, que es el policía municipal, el que hace rondines en nuestras calles. Este primer contacto sella la percepción sobre la pirámide de instituciones y autoridades que tiene en su base al policía local. Si hay una buena experiencia ahí, se construye una valoración positiva sobre la autoridad en un sentido amplio. Ocurre lo contrario cuando el primer contacto decepciona.
Este eslabón tan fundamental está olvidado. Existían fondos federales para apoyar su profesionalización en algunos municipios del país, que han desaparecido bajo la actual administración federal. La falta de recursos y la incertidumbre asociada a ella ha provocado que las policías municipales del país sean muy débiles. Tanto, que son capturadas por el crimen. Pero no era su destino manifiesto. Es el destino que nosotros construimos para ellas.
Durante mucho tiempo discutimos sobre si era viable construir la seguridad del país teniendo como base a las policías municipales. Se presentaron modelos para subsumirlas a un mando único estatal o federal, pero de lo que no hemos reflexionado en serio es que sus propios atributos y potencialidad justifican su existencia. Porque no hay país con seguridad que no tenga a las policías municipales como base. Y lo dramático es que poquitos municipios en el país podrían sostener con ingresos propios a sus policías. La potestad tributaria más importante para un municipio es el predial: 50 por ciento de los municipios del país no recaudan por este concepto y muy pocos lo aprovechan cabalmente. Esta realidad nos acerca a la raíz profunda del problema: no hemos creado los esquemas de financiamiento para tener policías profesionales, con estándares de dignificación que las blinden de cualquier intento de captura. Este es el debate que nos debe convocar. Aquí está uno de los temas sustantivos. No en cómo perpetuamos un modelo de seguridad inefectivo, que debió ser temporal, pero que se convierte en permanente por nuestra incapacidad de atender los problemas desde su raíz.
Siempre fui muy crítica de los modelos de mandos únicos, de querer desaparecer a la policía municipal. Porque pienso que el modelo de gobernanza idóneo para el país es el que privilegia a lo local. Pero frente a lo que tenemos, creo que es válido revivir el largo debate, bajo el paraguas de la pregunta correcta: ¿cómo financiamos el desarrollo de policías municipales? Y pediría que dejemos de darnos golpes de pecho sobre la situación: invertimos en ellas apenas 6 por ciento de lo que Estados Unidos gasta en las propias. No hemos querido caminar sobre lo que pregonamos.
Pienso que debemos componer nuevas partituras sobre nuestro futuro. Unas que rompan con las cacofonías del pasado. Escribir la primera partitura con el tema de la seguridad es una buena idea. Ojalá que nuestros debates inminentes estén repletos de evidencia, conocimiento y buena fe.
La autora es directora de México Evalúa.