Es posible que quienes tuvieron en el pasado puestos de decisión se pregunten hoy por qué no hicieron lo necesario para reforzar algunas instituciones o no asentaron mejor algunos programas o políticas públicas que habían dado resultados. Me da pie a pensar en esto, por ejemplo, la facultad que tiene el Ejecutivo de modificar sustancialmente el Presupuesto durante el ejercicio fiscal, sin tener que regresar al Congreso para la aprobación de las adecuaciones que ejecuta. Quizá esos personajes del pasado se consuelan diciendo que el presidente y sus mayorías legislativas de cualquier forma hubieran barrido con todo.
La verdad es que casi todos nuestros diseños institucionales partieron de la base de que esas supermayorías, de las épocas del partido hegemónico, no podían regresar. Pero lo hicieron. En un contexto así, hay que preguntarnos qué implica la institucionalidad del Estado o la institucionalización del poder. En qué punto del desarrollo político de un país se cruza el umbral en el que las instituciones son más fuertes que las personas; en qué punto son tan vulnerables que vuelan ante el primer soplido.
Traigo esto a colación porque estoy sumamente preocupada con lo que sucede en materia de salud en el país. México Evalúa ha acumulado evidencia del enorme daño que se le ha infligido al sector salud a lo largo de esta administración, sobre todo al subsistema que atiende a la población abierta, aquella que no alcanza el derecho a la seguridad social. En este sector, cada cambio que el gobierno federal ha querido impulsar ha terminado en rotundo fracaso. Porque las decisiones se han tomado desde un ámbito ideológico y de revancha, y no desde el espacio del análisis, el que en verdad permite tomar decisiones de política pública.
A través del análisis que realizamos trimestralmente al gasto en salud, hemos constatado que el gobierno federal ha decidido abandonar a los pacientes que padecen de enfermedades crónicas en el sistema abierto de la atención a la salud. La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido que en 2009 y 2020 el gobierno federal dejó de atender casos nuevos. Este hallazgo de la Auditoría se constata cuando se analiza el destino de los recursos del Fonsabi, el instrumento que recibió los recursos del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, aportaciones que se calcularon con base en estimaciones actuariales, las cuales permitían asegurar la atención de enfermedades de alto costo, para un número creciente de pacientes.
El actual fondo casi no canaliza recursos a pacientes con enfermedades crónicas. Lo que se observa son movimientos anómalos, que bien pueden constituir un acto de simulación en materia de gasto en salud. Me explico.
El Fonsabi asigna una porción importante de sus recursos al gasto corriente del Insabi, hoy extinto, y una porción cada vez mayor se regresa a la Tesorería sin que tengamos posibilidad de seguir la ruta ni el destino de esos recursos, en este movimiento circular inexplicable. Porque el punto de partida de los recursos se convierte en el punto de llegada, y lo que queda en medio es un registro de gasto en salud ficticio, pues no tenemos la certeza de que se hayan aplicado en servicios de salud para la población.
El Fonsabi presenta una actividad inusitada, porque recibe y retira recursos de una manera que no se había registrado en años anteriores. Una modificación en la Ley General de Salud y en la Ley de Ingresos de la Federación permite que del fondo puedan retirarse recursos para regresar a la Tesorería de la Federación (Tesofe), una vez que supere cierto umbral. Y cada vez son más recursos los que regresan a la Tesofe. Ha habido años en que se mandan más recursos de los que le ingresan al fondo. ¿Raro, no?
Puede ser que el Fonsabi se haya convertido en una caja chica del gobierno, para tomar de ahí recursos para sus proyectos insignia. Es perturbador pensar que el gasto para la atención de ciertos tipos de cáncer, en la población más necesitada, se haya reasignado a financiar una refinería, que nos dará poco o nulo valor (si es que no lo destruye).
El ‘recorrido circular de la simulación’ es lo que llamaría yo a lo que sucede con los recursos destinados a la salud. Y tiene consecuencias: el resultado de esa simulación se manifiesta en un mayor gasto de bolsillo de los hogares con personas que padecen enfermedades crónicas. Ese gasto puede llevarlos, o agravar, una situación de pobreza. Gastos catastróficos en salud equivalen a que una familia destine más de 30 por ciento de su ingreso en atender una enfermedad de este tipo. Son gastos, además, que no aseguran la supervivencia de pacientes graves. No es sólo dinero, sino también calidad en la atención.
El paso siguiente al debilitamiento del derecho a la salud, es la eliminación de las normas oficiales que regulan la atención de estas enfermedades, como el cáncer. El Estado mexicano ha rehuido de su obligación de atenderlas financieramente, pero también de regular la manera en que se atienden. Una claudicación total.
Por lo expuesto, es un hecho que en materia de salud, como en otras tantas, no construimos la institucionalidad necesaria para hacer intocables algunos derechos. Y es que, ante mayorías aplastantes, no hay nada que valga. Porque somos un país con un nivel de desarrollo político en el que las mayorías efímeras pueden más que las garantías a derechos. Nos faltó trecho para garantizarlo frente a liderazgos abusivos. Que quede constancia de lo que no hicimos en el pasado, para que en una nueva vuelta, lo hagamos mejor.
La autora es directora de México Evalúa.