Hace unos meses la detención del exsecretario Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles causó revuelo. La DEA llevaba años siguiéndole la pista. La detención, y los señalamientos de que el general había brindado protección a un grupo criminal conocido como Los Mazatlecos, cayeron como un balde de agua fría. Algo muy grave debió avizorarse en el Ejército y en Palacio Nacional, pues el gobierno de México jaló todas las palancas a su alcance para presionar a la administración Trump y lograr que Cienfuegos fuera devuelto a México fast-track. No sólo eso. Ni siquiera se intentó simular que las acusaciones contra el exsecretario se investigarían en serio en nuestro país, como había sido el compromiso de nuestro gobierno. La FGR siguió la instrucción de dar carpetazo al asunto y exonerar a Cienfuegos de forma sumaria.
Para rematar con un golpe en la mesa, en diciembre se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que constituía una clara represalia para las agencias norteamericanas de inteligencia por osar investigar a un militar de la talla de Cienfuegos sin antes dar vista al gobierno mexicano. Dicha reforma obliga a todos los agentes extranjeros que operan en el país a compartir la inteligencia que generen con autoridades mexicanas. Es una disposición destinada a ser ignorada, pero que bien podría utilizarse contra las agencias norteamericanas en caso de que decidan volver a saltarse las trancas.
Sin embargo, por los acontecimientos de los últimos días parece que el affaire Cienfuegos no ha terminado. En primer lugar, miembros de la familia LeBarón presentaron un amparo para buscar que se abra nuevamente la investigación contra Cienfuegos. Como recordarán, en noviembre de 2019 nueve mujeres y niños de la comunidad mormona, todos mexicano-estadounidenses, fueron masacrados por un comando criminal al transitar por un camino rural en Bavispe, cerca de los límites entre Sonora y Chihuahua. A raíz de esta tragedia, los LeBarón se han consolidado como promotores de la justicia internacional (actualmente buscan que un fiscal, en Estados Unidos, acepte llevar el caso de la masacre en Bavispe). La decisión de los LeBarón de alzar la voz e iniciar acciones legales contra el carpetazo sin lugar a dudas abre la posibilidad de que, a pesar de las presiones de Palacio Nacional, haya una verdadera investigación en el caso Cienfuegos.
El pasado miércoles también se dio a conocer que William Burns, director de la CIA, había llegado a México para reunirse con Marcelo Ebrard (sin embargo, AMLO aclaró al día siguiente que la visita de Burns tendría lugar “en unos días más”). Hay muchos probables temas en la agenda de Burns en México. Formalmente la visita se enmarca dentro de los preparativos de la próxima gira de la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, probablemente Burns busque alguna garantía de que la Ley de Seguridad Nacional no será usada en contra de los agentes norteamericanos que operan en México. Tampoco descartaría que Burns exija que México cumpla con su parte del trato en relación con Cienfuegos y que, tras el amparo de los LeBarón, el gobierno al menos deje de obstaculizar la investigación.
Otra buena noticia para la colaboración internacional en materia de seguridad fue la detención, el jueves pasado, de Florian Tudor por parte de la Fiscalía General de la República. Como relataba hace un par de meses en este espacio, Tudor –de origen rumano– es identificado como el líder de la Banda de la Riviera Maya, una red delictiva dedicada a la clonación de tarjetas de crédito en destinos turísticos.
Tudor se había convertido en un personaje emblemático de la impunidad en nuestro país. Fue detenido en 2019, en posesión de armas de alto calibre y quedan pocas dudas sobre su responsabilidad como líder de la Banda de la Riviera Maya. Sin embargo, en aquella ocasión Tudor salió libre gracias a un prodigioso amparo. Todo indica que el rumano logró comprar la complicidad de personas muy arriba en las instituciones de seguridad y en el Poder Judicial.
A pesar de que las autoridades rumanas también emitieron desde hace tiempo una orden de aprehensión en su contra, hasta el jueves pasado Tudor seguía viviendo libremente en Cancún, e incluso fue recibido en marzo por la secretaria de Seguridad del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez. Está en entredicho si Tudor podrá nuevamente salirse con la suya. La intención era extraditarlo de forma inmediata a Rumania. Sin embargo, de último minuto consiguió que un juez federal emitiera una suspensión que por el momento frena esa posibilidad.
En cualquier caso, el amparo presentado por los LeBarón, la visita de William Burns y la detención de Tudor son alentadores. Sin temor a exagerar, en México tenemos a los grupos criminales más prósperos y poderosos del mundo. Es una realidad que esos grupos invierten fuerte para tener a las autoridades de su lado. A algunos los sobornan y a muchos otros los intimidan. Como hemos visto durante las campañas, y como es una realidad casi cotidiana en la policía, los criminales tampoco dudan en exterminar a quienes les estorban. Tras años de este constante asedio, la delincuencia inevitablemente se ha infiltrado muy profundo en las entrañas del Estado mexicano. Para comenzar a revertir esta situación el gobierno va a necesitar ayuda, y sobre todo mucha presión, tanto doméstica como foránea, en particular, de Estados Unidos.