Primera. Se trata de una buena noticia. Después de lograr su liberación en tiempos de Peña Nieto, Rafael Caro Quintero creó el Cártel de Caborca. Se trata de una organización regional, dedicada primordialmente al narcotráfico y con presencia principalmente en la costa de Sonora y con algunas operaciones dispersas en el centro del país y en Quintana Roo. El crecimiento del Cártel de Caborca –una organización todavía pequeña, pero muy agresiva– es uno de los factores que ha propiciado el acelerado escalamiento de la violencia en Sonora (de 2018 a 2021 los homicidios vinculados con el crimen organizado en dicho estado prácticamente se triplicaron). Me parece que la captura ocurre en buen momento, cuando el Cártel de Caborca todavía no se consolida como una organización extensa, con recursos y poder de fuego suficiente para iniciar un conflicto a gran escala con sus rivales (dicho sea de paso, la probabilidad de que la gente de Caro Quintero tuviera capacidad para derribar el helicóptero de Semar que se desplomó el viernes en Los Mochis, ocasionando la muerte de 14 marinos, me parece remota). En el mediano plazo, la captura podría contribuir a la pacificación de Sonora.
Segunda. Todo apunta a las autoridades estadounidenses, especificamente a la DEA. No creo que sea una casualidad que el operativo de captura ocurriera un par de días después de la visita de AMLO a Washington. Por un lado, la FGR ya afirmó que la captura se realizó con fines de extradición. Por el otro, en el propio comunicado que emitió Semar tras la captura se menciona que “la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) reconoce al citado presunto narcotraficante como líder de un grupo delictivo”. Es decir, que el gobierno de México capturó a Caro Quintero por petición de Washington, no motivado por el daño que su organización está ocasionando en nuestro país.
Tercera. La curiosa declaración del embajador Ken Salazar fue para hacer control de daños. La semana pasada escribí sobre la notoria cercanía del embajador con AMLO, y su distanciamiento (aparente, en mi opinión) de los intereses del gobierno norteamericano. Tras la captura de Caro Quintero, no pasó desapercibida la contradicción entre las palabras de la titular de la DEA, Anne Milgram, y las del embajador. Por un lado, Milgram destacó la participación de agentes de la DEA para hacer posible la captura, y por el otro, Salazar señaló que “la aprehensión del narcotraficante Caro Quintero fue realizada exclusivamente por el gobierno mexicano”. Me parece que se trata sólo de una contradicción retórica. Milgram buscaba reafirmar el mensaje que la DEA quiere mandar con esta captura (que explico en la cuarta clave). El embajador siguió desempeñando su papel, e hizo control de daños. Tal vez en su cálculo las declaraciones de Milgram podrían herir susceptibilidades entre las autoridades mexicanas, e incluso poner en riesgo la eventual extradición de Caro Quintero.
Cuarta. El empeño de Washington para detener a Rafael Caro Quintero podría parecer innecesario, pero tiene una importancia simbólica. Seguramente, durante sus encuentros con AMLO la semana pasada, el presidente Biden o la vicepresidenta Kamala Harris pusieron en la mesa la necesidad de proceder con esta detención. Cuando lo hicieron no tenían en mente el volumen de drogas que el Cártel de Caborca actualmente trafica. El Caro Quintero de 2022 ya no es el Narco de Narcos que en los 80 ofrecía pagar la deuda externa. Su detención tenía un objetivo simbólico, pero no por ello trivial: impedir que quedara impune, ni siquiera parcialmente (pues Caro Quintero ya pasó en prisión 28 años antes de ser liberado gracias a la destreza de sus abogados), el secuestro, la tortura y el asesinato del agente especial de la DEA, Kiki Camarena, ocurrido en 1985.
Empeñar tanta voluntad política y recursos por un hecho ocurrido hace tantos años puede parecer caprichoso. Sin embargo, la lógica de la DEA y del gobierno norteamericano es comprensible. En el mundo actual, donde las organizaciones criminales gozan de enormes recursos, es indispensable que la fuerza pública sea en alguna medida intocable. Sin esa garantía, es inevitable que las policías y las agencias de seguridad terminen por ser intimidadas, o incluso controladas, por los delincuentes (lo que a su vez tiene consecuencias gravísimas para la sociedad entera). La captura de Caro Quintero manda un mensaje poderoso en ese sentido: ningún criminal que se meta con un agente norteamericano se puede sentir tranquilo, no importa cuántos años pasen.
En México no aprendimos esta lección a tiempo. Asesinar elementos de las agencias de seguridad no tiene consecuencia alguna. De acuerdo con el monitoreo que realiza Lantia Intelligence, de enero de 2018 a junio de 2022 el crimen organizado asesinó a mil 989 policías y soldados. Frenar esta forma de violencia ni siquiera es un tema que figure en la agenda pública.