La semana pasada Manuel Espino dio de qué hablar. En su intervención durante un foro en el Senado se refirió a un planteamiento para dialogar y llegar a acuerdos con grupos criminales. Según dijo, este planteamiento lo hizo –o lo insinuó al menos– al Presidente, al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad. Espino dice que no quiere ser indiscreto, aunque sí hizo algunas observaciones reveladoras. Por ejemplo, que considera que tal vez no se puedan evitar los pleitos entre grupos, pero que al menos se debe buscar trasladarlos a lugares, como la selva, donde no haya medios de comunicación. Espino tampoco cree que sea buena idea congelar cuentas e intentar quitarles el dinero a los grupos criminales. Afirmó que ya buscó un acercamiento con cinco grupos y que tuvo respuesta de dos.
AMLO negó que Manuel Espino le hubiera hecho planteamiento alguno sobre un posible diálogo con grupos criminales. Por otra parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reconoció que Espino, cuando todavía era comisionado del Servicio de Protección Federal, sí le presentó el planteamiento; también apuntó que dejó el cargo dos semanas después de hacerlo. La política es un juego de simulaciones, donde hay cosas que se hacen, pero no se dicen. Es raro que un político hable con apertura sobre un tema que generalmente se evita en público –sobre todo un político como Manuel Espino, quien, antes de su incursión en la 4T, tuvo una larga trayectoria en el PAN, llegando a ser presidente nacional de dicho partido–.
Manuel Espino tiene razón en algo: no debería ser en sí escandaloso que el gobierno dialogue o acuerde cosas con la delincuencia. También tiene razón en que, en otros países, la comunicación entre autoridades y delincuentes ha sido una pieza clave para la pacificación. Por ejemplo, algunas de las intervenciones más exitosas para reducir la violencia pandilleril en Estados Unidos inician con una reunión, donde los mandos policiales hablan con las pandillas sobre la necesidad de detener el uso de armas de fuego (y les dan a conocer algunas de las consecuencias que pueden esperar si persisten en su uso).
De hecho, mantener algún canal de comunicación entre las autoridades y el crimen organizado es casi indispensable. Sin embargo, este diálogo, para beneficiar al interés público, no puede ser un diálogo entre iguales. Tiene que partir de una condición de supremacía incuestionable por parte del Estado. Desafortunadamente, en muchas circunstancias, se trata de una condición que no se cumple en México.
Durante su intervención en el Senado, Espino hizo referencia a la situación que se vive en Tamazula, un municipio de Durango, su estado natal. Ahí, según refirió, los delincuentes (que con toda seguridad están con el Cártel de Sinaloa) dominan la política, las instituciones municipales y hasta la economía. Hizo notar que, en su opinión, en un lugar así, no queda de otra que acordar con ellos. El problema es que, en un municipio como el que describió Manuel Espino (que también podría ser uno de varios municipios de Michoacán, de Morelos o de Guerrero), cualquier intento de diálogo sólo puede terminar en una complicidad o capitulación del gobierno hacia los criminales.
Eso es precisamente lo que pasa a menudo, y lo que resulta vergonzoso o inconfesable. Como lo han revelado varios de los documentos que filtró el colectivo Guacamaya, y como en realidad ya sabíamos desde siempre, las autoridades en México tienen una comunicación sumamente fluida con la delincuencia: intercambian favores y hacen negocios juntos. Los criminales frecuentemente consiguen el compromiso de que su gente no será molestada por la policía a la hora de cometer ciertos delitos. Los canales de comunicación existen. Sin embargo, rara vez se han usado con el objetivo de conseguir un desarme o una pacificación. Incluso si se busca un acuerdo de este tipo (como se filtró que intentó el gobernador de San Luis Potosí para lograr que el CJNG, el Cártel del Noreste y Los Alemanes acordarán el libre tránsito en los territorios bajo su control), lo más probable, en un contexto de debilidad de la autoridad, es que se rompa rápidamente.
No descartemos que un diálogo con los delincuentes, genuinamente enfocado en la pacificación, pueda tener lugar en México en algún momento. Sin embargo, primero es necesario volver a trazar ciertos límites de lo que es inaceptable (empezando por la intervención directa de la delincuencia en las campañas electorales o los asesinatos de policías). Sólo desde la base de que el gobierno no está controlado ni sometido a los delincuentes, sería fructífero tener una conversación.