El pasado 1 de diciembre Salomón Jara rindió protesta como gobernador de Oaxaca. Con este relevo, Morena se consolida como la fuerza dominante en todo el sur y el sureste del país (donde Yucatán es el único estado que queda con un gobierno de oposición). Me parece que Salomón Jara llega con perspectivas positivas para tener un buen desempeño en materia de seguridad. Después de una temporada difícil, a partir de 2019 la violencia criminal ha descendido de forma sostenida en el estado. Mi estimación es que Oaxaca cerrará este año con poco menos de 400 homicidios vinculados con el crimen organizado; la reducción respecto de 2019 es cercana a 50 por ciento. La razón de esta acelerada recuperación es que la presencia de grupos armados no ha arraigado en las comunidades oaxaqueñas y hasta ahora no hemos visto, como sí ha ocurrido en Chiapas y en Guerrero, que los conflictos comunitarios propicien el surgimiento masivo de grupos paramilitares.
Todo parece indicar que Salomón Jara se apegará al libreto que, desde Palacio Nacional, se ha dictado a los gobernadores morenistas: la seguridad se deja en manos de militares. Así lo sugiere el nombramiento del capitán de Fragata Iván García Álvarez como secretario de Seguridad del estado (con este nombramiento, ya suman 13 estados, todos de la coalición del Presidente, con un titular de seguridad de origen militar). Es una práctica que, en el largo plazo, definitivamente no abonará al desarrollo de un sistema sólido de carrera policial. No creo que resulte muy interesante hacer carrera en la policía cuando las posiciones de mando invariablemente se entregan a militares. En el corto plazo, sin embargo, esta fórmula parece contribuir a mejorar la coordinación entre la Policía Estatal, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas (lo que, en algunos estados, como Michoacán, ha sido muy útil para responder a la crisis de violencia criminal). En su arranque, el gobierno de Oaxaca haría bien en aprovechar la relativa calma para prepararse y anticipar dos problemáticas que podrían ser sus verdaderos dolores de cabeza conforme avance el sexenio: la ingobernabilidad de siempre y el surgimiento de mafias criminales en la costa oaxaqueña, en pleno boom turístico.
Por un lado, como es la historia de toda la vida, el gobierno de Salomón Jara tendrá que lidiar con una multiplicidad de movimientos acostumbrados a poner en jaque al gobierno estatal. El más aguerrido de todos es la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que, con sus 70 mil agremiados, se ha mantenido en relativa calma durante todo el gobierno de AMLO. Sin embargo, tras la toma de protesta de Jara, la tregua muy probablemente llegue a su fin. El flamante gobernador no era el gallo del llamado magisterio disidente, que era más cercano a las aspiraciones de Susana Harp. Lejos de buscar congraciarse, como candidato, Salomón Jara lanzó duras críticas contra la CNTE. El día de la toma de protesta, miles de maestros de la Coordinadora salieron a las calles, nada más para mostrarle músculo. Por si fuera poco, en los próximos meses a Jara también le tocará contener las protestas de las comunidades afectadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una de las obras más emblemáticas para la 4T .
Por otro lado, actualmente los destinos de playa de Oaxaca viven un auténtico boom. En lo que va de 2022, el aeropuerto de Puerto Escondido ha registrado un aumento en el número de pasajeros, pues recibe 40 por ciento más respecto de 2021. En Huatulco el incremento ha sido de 50 por ciento. El flujo de turistas aumentará a un ritmo incluso más acelerado si en los próximos meses se entrega, como se había prometido, la autopista que reducirá en cuatro horas el trayecto del centro del país a la costa oaxaqueña.
En principio, estas son buenas noticias. El problema con el auge del turismo de playa es que, invariablemente, atrae mafias que buscan controlar el narcomenudeo y extorsionar a los bares y restaurantes. La presencia criminal ya ha ocasionado verdaderas pesadillas de violencia en Los Cabos, en Vallarta y en la Riviera Maya. Ya ni hablar de Acapulco. En la costa oaxaqueña, fragmentada entre docenas de municipios y comunidades –frecuentemente en conflicto– la intervención del gobierno del estado será indispensable para evitar una nueva historia de terror.