El pasado 11 de julio, un día después de que más de dos mil pobladores de comunidades aledañas a Chilpancingo fueran movilizados en el centro de la capital por Los Ardillos, y agredieran con pedradas a elementos policiales, de la Guardia Nacional, taxistas y reporteros; además de tomar como rehenes a 13 funcionarios públicos, bloquear carreteras, atacar sitios de transporte y apoderarse de un vehículo blindado de la Policía Estatal (con el que derribaron el portón de acceso al Palacio de Gobierno), las autoridades estatales decidieron establecer una “mesa de trabajo” con los “voceros” de los manifestantes en la explanada del mismísimo Palacio de Gobierno.
De parte del gobierno estatal encabezó la negociación el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, acompañado por el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez. De acuerdo con las autoridades estatales, esta negociación se centró en atender un pliego petitorio, supuestamente de los manifestantes, con una larga lista de demandas relativas a la conclusión de un buen número de obras sociales. Después de tres horas “de diálogo” para llegar a acuerdos, la mesa concluyó, y la gobernadora Evelyn Salgado celebró en redes sociales la liberación de los 13 servidores públicos retenidos, y el libre tránsito por la Autopista del Sol. Sin embargo, curiosamente las autoridades no dieron a conocer una minuta firmada con los acuerdos y compromisos asumidos por las partes.
Una o dos horas antes de que la mesa de diálogo arrancara en Chilpancingo, el presidente López Obrador y la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informaron y opinaron sobre lo acontecido en Chilpancingo. En relación con la identidad de los “voceros” de los manifestantes (quienes habían encabezado las conferencias de prensa el día anterior y que figuraban en ese preciso momento como interlocutores principales del gobierno estatal), la secretaria Rodríguez mostró un par de láminas con un cintillo en que se leía Manifestación de transportistas afines al grupo criminal Los Ardillos. En una lámina aparecía, como “vocero principal” Gilmar Jaír Sereno Chávez, quien “en 2022 organizó manifestaciones similares en Quechultenango, donde retuvo personal militar y agentes de la Fiscalía Estatal, y exigía la liberación de una persona detenida”. En otra lámina aparecía Guillermo Matías Marrón, quien se autonombró presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero, y que “cuenta con diversas causas penales, y es afín a Los Ardillos”. Bueno, pues estas dos personas fueron quienes encabezaron las negociaciones por parte de los manifestantes. Es decir, los sujetos que en la CDMX acababan de ser señalados como líderes afines a Los Ardillos, eran los mismos individuos que estaban sentados en ese mismo momento con las más altas autoridades de Guerrero en una mesa de negociación.
Cuando en la misma sesión matutina le preguntaron a López Obrador su opinión sobre las negociaciones que se sostendrían en torno a un pliego petitorio, exclamó con sorna: “Hablaban de caminos y de programas sociales, porque ese es el discurso aparente. Ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos, y que quieren que los liberen”. De nuevo y en pocas palabras, mientras que en Chilpancingo el gobierno estatal establecía una mesa de diálogo y presumía “avanzar en la ruta de la legalidad”, en la CDMX la Secretaría de Seguridad exhibía a sus más notorios interlocutores como miembros destacados de una mafia regional. Asimismo, mientras allá en Chilpancingo celebraban acuerdos que incluían el impulso a algunas obras públicas, en la CDMX López Obrador se refería al pliego petitorio como una gran simulación, como una vacilada.
Entonces, ¿qué fue lo que en realidad pasó? ¿Qué fue lo que en verdad se negoció? No lo sabemos con certeza, pero tampoco es tan difícil imaginarlo. Primero, una restitución de los acuerdos previos entre Los Ardillos y Los Tlacos relativos al transporte público (es decir, el reparto entre las dos bandas de los sitios y las rutas). La presunta violación de esos acuerdos (en los que el obispo de Chilpancingo fungió como mediador) fue aparentemente el motivo de fondo que desató la furia de Los Ardillos. Segundo, la liberación –en algunos meses– de Jesús Echeverría Peñafiel (a) el Topo, de la policía comunitaria UPOEG (uno de los brazos armados de Los Ardillos).
Mientras que este segundo acuerdo parece relativamente fácil de cumplir, pues las acusaciones se limitan a posesión de armas y drogas, el primer compromiso será difícil de concretar: el asesinato del exregidor perredista Óscar Garibay Valdéz, ultimado un día después de los acuerdos, fue quizás la primera respuesta de Los Tlacos a los resultados de las negociaciones. Garibay pertenecía a un grupo político encabezado por el exdiputado local Bernardo Ortega Jiménez, hermano de los tres líderes de Los Ardillos. Además, continúan hasta hoy las agresiones a conductores y unidades del transporte público en Chilpancingo. Quizás en los próximos días las autoridades tendrán que hacer, en otra mesa no pública, concesiones a Los Tlacos, pues no parecen contentos y cuentan con el apoyo, ni más ni menos, del Cartel Jalisco Nueva Generación.