Probablemente, en las elecciones del próximo año, veamos a varios exdirectivos de seguridad pública competir por puestos de elección popular, especialmente gubernaturas o alcaldías. Entre los casos más sonados recientemente se encuentran los de Omar García Harfuch, quien renunció hace unos días para –aparentemente– competir por la jefatura de Gobierno de la CDMX, y el de Alberto Capella Ibarra, exsecretario de Seguridad de Tijuana, y de los estados de Morelos y Quintana Roo, quien parece interesado en competir por la alcaldía de Tijuana, el municipio más poblado y violento del país.
En ambos casos se trata de exfuncionarios probados, que han mostrado altas capacidades estratégicas y operativas para implementar acciones, y diseñar e implementar programas que han reducido notablemente la incidencia delictiva e incluso crímenes de alto perfil. Además, Capella Ibarra y García Harfuch han demostrado poseer visión de Estado, en el sentido de conducir las políticas de seguridad con criterios técnicos (no políticos), y de ser perseverantes en la construcción de corporaciones policiales profesionales que garanticen la seguridad pública en el largo plazo, capaces de resistir los vaivenes de la tumultuosa vida política del país.
Confieso que antes solía lamentar este tipo de virajes o saltos profesionales, pues, estando el país tan mal como está en materia de seguridad, me frustraba que nuestr@s mejores funcionari@s del sector seguridad “hicieran sus maletas y se mudaran” a otras esferas de desarrollo profesional. Sin embargo, he cambiado de opinión con el paso del tiempo. Después de observar el deficiente trabajo de la mayoría de los gobernadores y alcaldes en esta materia, me parece que debemos celebrar, e incluso promover, que funcionarios que han tenido un paso brillante en el ámbito de la seguridad, como en los casos de Capella y Harfuch, y que poseen el ímpetu para incursionar en la esfera político-electoral, lo hagan. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes políticos que conozcan a profundidad y con detalle la seguridad pública. Necesitamos gobernantes que, con conocimiento de causa, impulsen la profesionalización policial y adopten sin titubear las “mejores prácticas”.
Durante los últimos 15 años hemos observado el infausto desfile de una pléyade de líderes políticos y gobernantes oportunistas, corruptos y mal preparados que, como gobernadores y alcaldes, no sólo han acabado de arruinar a las instituciones de seguridad, sino que han encendido irresponsablemente la violencia, y en algunos casos han terminado por coludirse con las mafias. Gobernadores y, especialmente, alcaldes se han aprovechado de sus cargos para cooperar con criminales y enriquecerse. Abundan este tipo de casos en estados como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Quintana Roo, Nayarit, Morelos y Michoacán, para traer a la memoria algunos de los casos más conocidos. Dadas las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país, necesitamos un nuevo perfil de gobernantes y políticos profesionales que cuenten en su hoja de vida con conocimientos y experiencias en materia de seguridad.
La súbita aparición en 2008 de una crisis de violencia criminal a gran escala en México –crisis que seguimos padeciendo hasta hoy– tomó al país desprevenido e impreparado. Entre otras muchas cosas, México no contaba con personal calificado para enfrentar (vaya, ni siquiera para entender) a las grandes organizaciones delictivas que abruptamente se expandieron a lo largo del país. En todos los eslabones de la cadena institucional de la seguridad, las carencias del país eran y siguen siendo enormes: bajas capacidades de inteligencia, policías preventivas y de investigación escasamente profesionales, ministerios públicos letárgicos, fuerzas militares anacrónicas, cárceles penetradas por el crimen, entre otras.
Así como al país le llevó alrededor de tres décadas construir las capacidades institucionales necesarias para una conducción solvente de la economía y de las finanzas públicas, después de las crisis recurrentes que asolaron al país durante el último tercio del siglo pasado, así también deberá proceder ahora el Estado mexicano para construir las capacidades institucionales requeridas para superar la crisis nacional de seguridad que padecemos. La duración de esta crisis de inseguridad dependerá directamente del tamaño del esfuerzo que emprendan las autoridades federales y estatales para la formación de cuadros profesionales en materia policial, y de inteligencia e investigación criminal, entre otras especialidades, para que, con este recurso humano calificado, puedan implementarse y sostenerse en el largo plazo las estrategias de mitigación y contención criminal. No tengo duda de que este esfuerzo colosal que el país tiene por delante será realizado con mayor convicción, diligencia y oportunidad, ahí donde gobiernen figuras como Capella Ibarra y García Harfuch, que conocen, como pocos, y de primera mano, los alcances y limitaciones de nuestra bestia criminal.