Todavía es difícil calibrar la magnitud de la tragedia humana y de los daños tras el devastador paso del huracán Otis. Por el momento, la situación es crítica en todos los sentidos, incluyendo la seguridad. No hay luz, así que, por temor, la gente se encierra en sus casas a partir de las siete de la noche. Desde el paso del huracán comenzaron a circular imágenes y videos de multitudes saqueando comercios y tráileres, en algunos de los cuales hemos observado participar a los propios elementos del Ejército y la Guardia Nacional.
Estos saqueos son un muy mal presagio de lo que viene. Denotan, por un lado, la gravedad de la situación a la que hace frente la población. Carencia de todo, empezando por agua potable, sin expectativas de que el abasto se regularice en un futuro cercano. Por otro lado, también denotan que la autoridad se percibe ausente. Una percepción que –al menos en los primeros días– se confirmó, pues en la mayoría de los casos, no hubo respuesta, ni de la policía, ni de la Guardia Nacional, ante el pillaje.
No es la primera vez que se registran saqueos después de una catástrofe natural. De hecho, la rapiña es un fenómeno más o menos recurrente en localidades del sur y el sureste del país, precisamente debido a la fragilidad de las autoridades locales. Sin embargo, el paso de Otis es excepcional, tanto por la magnitud de la destrucción, como porque afectó algunos de los territorios del país donde el crimen organizado tiene un control territorial más férreo. Si hubiera dudas al respecto, sólo basta recordar que días antes del huracán los criminales asesinaron a 13 elementos de la policía de Coyuca de Benítez, incluyendo al secretario de Seguridad.
El vacío que las autoridades formales han dejado en la respuesta a la tragedia, naturalmente será llenado por los actores que sí tengan capacidad de movilización en el ámbito local. En Guerrero, fuera del movimiento magisterial y algunos grupos comunitarios, estos actores son esencialmente de carácter delictivo. Lo anterior me lleva a preguntarme, con preocupación, sobre las implicaciones que la estela de destrucción de Otis podría tener en términos de delitos, violencia y, sobre todo, de conflictividad social.
Al respecto, hay que considerar que, por una temporada larga, toda la población que depende del turismo estará desocupada. Esto incluye a gremios que por años han operado bajo el control del crimen organizado. También están los narcomenudistas y los extorsionadores de establecimientos, que se quedarán sin sus fuentes habituales de ingreso. A continuación describo algunas de las consecuencias que, con base en las experiencias de crisis del pasado reciente, me parecen más probables como resultado de este desastre.
La primera es un repunte de los robos y otros delitos predatorios en los municipios afectados por el huracán, este escenario es particularmente relevante para Acapulco. En ausencia de un despliegue masivo de elementos de seguridad (que sólo el gobierno federal podría ejecutar) la inseguridad podría alcanzar niveles insoportables y retrasar por años la recuperación de la actividad económica, y del empleo formal en el puerto.
Una segunda consecuencia es que los grupos delictivos opten por trasladar a parte de su gente a otras regiones. Este escenario es factible, sobre todo porque varias de las organizaciones que operan en la costa de Guerrero, empezando por el CJNG, también tienen presencia en el norte del estado, en Morelos, e incluso en el Valle de México.
Una tercera consecuencia, que me parece será más visible, es que el crimen organizado buscará hacer negocio con la reconstrucción. La extorsión a transportistas estará al orden del día, lo mismo que a todo aquel que venda insumos para la construcción. Este fenómeno podría ser particularmente oneroso para las localidades más aisladas y vulnerables.
Por último, la destrucción de Otis complicará aún más el panorama para las elecciones del próximo año. En las próximas semanas y meses todos los actores políticos buscarán jalar agua a su molino con el reparto de ayuda y con la distribución de recursos para la reconstrucción. El crimen organizado no será la excepción. No me sorprendería que, en los próximos días, comiencen a circular videos de repartos de víveres o materiales de construcción, en Acapulco y en toda la Costa Grande, auspiciados por el Señor de los Gallos (es decir, el Mencho Oseguera, del CJNG) o por los hermanos Hurtado Olascoaga (de La Familia Michoacana). En los próximos comicios, esos mismos ‘benefactores’ buscarán que sus candidatos se queden con el mayor número posible de ayuntamientos. No es un escenario descabellado pensar que, dentro de un año, medio Guerrero siga devastado y, además, con gobiernos locales controlados –de forma incluso más estrecha que antes– por el crimen organizado.