La semana pasada, EL FINANCIERO reportó que la inversión extranjera directa en México alcanzó un récord en el tercer trimestre de 2023 y que, de acuerdo con algunas estimaciones, en lo que va del año este rubro ha tenido un espectacular repunte de 30 por ciento. Son excelentes noticias, sobre todo porque la integración de cadenas productivas dentro de Norteamérica –o nearshoring– es un fenómeno que, al parecer, se profundizará en los próximos años.
Sin embargo, en este contexto de boom hay también una creciente preocupación por parte de las empresas que se instalan en México, en relación con los riesgos que la difícil situación de inseguridad podría implicar para la integración de cadenas productivas.
Las grandes armadoras y otras industrias orientadas a la exportación no son las más vulnerables frente a la delincuencia. De manera lógica, las organizaciones criminales tienden a extorsionar, primero, a las víctimas más vulnerables (negocios locales o empresas que operan en localidades aisladas). Aun así, me gustaría destacar tres riesgos que, ante el auge del nearshoring, adquieren particular relevancia.
El primero de estos riesgos tiene que ver con la extorsión o, en un sentido más amplio, la penetración criminal de las empresas. Aunque las grandes plantas industriales cuentan con medidas de vigilancia sofisticadas, también hay algunos grupos criminales que han desarrollado esquemas sumamente sofisticados de extorsión, robo y fraude, que pueden llegar a generar quebrantos millonarios. En mi experiencia como consultor he conocido casos en los que gigantes industriales han estado al borde de cerrar operaciones debido a este fenómeno. Estos esquemas, evidentemente, implican, tanto la colusión de las autoridades locales, como del personal de seguridad y de una parte importante del personal local de la planta (generalmente por amenazas).
El segundo riesgo tiene que ver con el transporte de insumos y mercancías. En años recientes han sido recurrentes las disrupciones, tanto por episodios transitorios de violencia (enfrentamientos y bloqueos carreteros que duran algunas horas o días), como por esquemas de robo y saqueo. Por ejemplo, a fines del sexenio de EPN, el saqueo a trenes en Veracruz y Puebla alcanzó, por varios meses, niveles críticos. Retomar el control pleno de las carreteras es una tarea prioritaria si de verdad se busca aprovechar todas las oportunidades relacionadas con el nearshoring. Sin embargo, desde tiempos de la Policía Federal, la entonces División de Seguridad Regional, responsable del patrullaje en carreteras, era una de las que presentaba una mayor corrupción y debilidad institucional. Este problema lo heredó la Guardia Nacional, que también ha tenido entre sus principales debilidades la vigilancia en carreteras.
El tercer riesgo tiene que ver con la seguridad del personal y de la red de proveedores. La mayoría de las grandes multinacionales sólo en casos excepcionales percibe una afectación directa que las lleve a cerrar o a replantear sus inversiones. Salvo que una planta haya sido “colonizada” por la delincuencia (que es un caso extremo, pero no inverosímil), los costos directos probablemente no son determinantes. Sin embargo, los costos indirectos, la incertidumbre y el simple estrés asociado a tener operaciones en un entorno inseguro sí son un criterio que puede ocasionar que algunas empresas eviten invertir en México. En el caso del personal extranjero, ante la incertidumbre y el miedo, algunas empresas optan por poner limitaciones draconianas. Por ejemplo, prohíben a sus empleados salir de noche, incluso en zonas seguras. Evidentemente esto genera un desgaste, y hace que mantener o expandir operaciones en México sea menos atractivo.
Considerando lo anterior, desde la sociedad y el sector empresarial se debe presionar más a las autoridades locales para que hagan la parte que les corresponde. En el largo plazo, contar con una policía que transmita confianza es el factor que permitirá mantener un entorno seguro, que resulte atractivo para las empresas. En este sentido, la comunicación es primordial. Desafortunadamente, las instituciones de seguridad en México tienen muy mala fama, y muchas empresas evitan a toda costa establecer una relación de trabajo con la policía.
En mi experiencia, cuando de verdad hay voluntad por parte de la autoridad para generar un entorno seguro y trabajar de la mano con las empresas, se pueden dar experiencias muy positivas. Un mecanismo para lograrlo es por medio de las unidades de ’vinculación’ o de ‘participación ciudadana’ y, en la medida de lo posible, por medio de convenios para la integración de los sistemas privados de videovigilancia con los C5 de la policía. Estos esquemas generan un beneficio mutuo: la empresa tiene un canal de comunicación abierto con policías que ya conocen y que les generan confianza, y la policía tiene un conocimiento más oportuno de los fenómenos delictivos que están afectando a las empresas, y puede aprovechar esta información para el diseño de operativos.