El panorama de las elecciones del próximo año ya es de por sí complicado. Como nunca antes en la historia, podemos esperar un proceso que no sólo será competido, sino también de alto riesgo por la previsible intervención de actores criminales, por un contexto de alta conflictividad social en varios estados y por la desconfianza de muchos de los participantes sobre la equidad de las condiciones para la contienda. Por si esto fuera poco, la semana pasada se hizo evidente un conflicto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que podría golpear gravemente a la instancia responsable de sancionar la legalidad de la elección.
Como ha sido el caso de otros órganos colegiados, el TEPJF no opera en condiciones óptimas debido a la negligencia del Poder Legislativo. De las siete magistraturas que la Constitución prevé para la integración del pleno, actualmente dos están vacantes. La semana pasada trascendió que, de los cinco magistrados en funciones, tres están inconformes con la gestión del presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y que intentaron retirarlo del cargo. Al final, Reyes Rodríguez logró evitar su remoción al retirarse, junto con la magistrada Janine Otálora, durante un receso de la sesión del pleno, al considerar que no había condiciones para un diálogo auténtico y libre de imposiciones. Como él mismo explica en un posicionamiento que publicó ayer, su eventual decisión de separarse del cargo “exige una reflexión profunda, que requiere ponderar las consecuencias y calibrar sus efectos en plenas precampañas a la Presidencia de la República”.
Por otro lado, resulta penoso leer los posicionamientos que emitieron los magistrados disidentes, Felipe Alfredo Fuentes, Mónica Soto y Felipe de la Mata. Los tres se desgarran las vestiduras invocando los “principios rectores de la democracia” y la autonomía del tribunal; les ofende en extremo que el magistrado presidente osara sugerir que se buscara opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su eventual remoción, y que abandonara la sesión del jueves (una táctica comprensible para evitar ser removido de forma intempestiva). Ésta última queja resulta paradójica, pues, días antes, los mismos tres magistrados optaron por hacer ‘vacío’ y ausentarse de la sesión en la que el magistrado presidente, junto con la magistrada Janine Otálora, presentaba el informe anual del tribunal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como ellos mismos exhibieron en una fotografía, en ese mismo momento estaban muy ocupados desayunando en un restaurante de San Ángel. En contraste, los tres magistrados disidentes han sido en extremo vagos y escuetos sobre lo que resultaría de verdad importante. Es decir, las causas “administrativas y jurisdiccionales” concretas que los llevan a buscar que Reyes Rodríguez sea removido del cargo.
En opinión de algunos, detrás del conflicto entre los magistrados hay una estrategia de Palacio Nacional para controlar al TEPJF. La aparente cercanía con el gobierno de los magistrados Soto y De la Mata abona a esta sospecha. El jueves por la tarde, después del intento de destituir a Reyes Rodríguez, la magistrada Mónica Soto fue captada comiendo con el diputado morenista Sergio Gutiérrez. Por otra parte, en febrero pasado, De la Mata se dejó fotografiar, sonriente, abrazando amlitos (peluches miniatura del Presidente), un gesto que algunos políticos de oposición consideraron inapropiado para un magistrado de un órgano electoral, en principio comprometido con la imparcialidad.
Sin embargo, el asunto de fondo parece ser más pedestre. La embestida de Fuentes, Soto y De la Mata podría ser una mera revancha por las medidas de austeridad que Reyes Rodríguez ha impulsado desde la presidencia, y que detalla en el posicionamiento publicado ayer. Estas medidas incluyen la reducción de gastos para viajes y vehículos, entre otros privilegios a los que los magistrados estaban acostumbrados. Entre los excesos que se acotaron, las magistraturas ahora pueden disponer de un máximo de cinco vehículos (antes el límite era nueve). También se restringió el gasto en viáticos, particularmente para que el personal de las magistraturas viaje en primera clase. Yo no descartaría que la confrontación en la Sala Superior del TEPJF haya surgido de una disputa mezquina por el ejercicio de recursos, pero que algunos actores en Morena intenten aprovechar la oportunidad para consolidar la influencia del gobierno sobre el tribunal.
En las próximas horas podría haber definiciones. Reyes Rodríguez pidió hasta hoy lunes para tomar una decisión sobre su salida de la presidencia. Probablemente durante el fin de semana se haya logrado alcanzar un acuerdo. Ojalá que prevalezca la cordura, y que el TEPJF no cambie de presidente a menos de seis meses de las elecciones. Con la remoción de Rodríguez Mondragón, el tribunal perdería a un presidente capaz, austero, con una sólida trayectoria, tanto en la academia como en órganos jurisdiccionales, y que goza de un amplio reconocimiento público. Más grave todavía, la legitimidad del TEPJF quedaría severamente vulnerada. Sería la tercera vez en el último lustro que un presidente es removido. Con la salida de Reyes Rodríguez, el tribunal quedaría a la deriva, encabezado por un liderazgo improvisado y bajo sospecha de estar sometido al gobierno federal.