De acuerdo con el monitoreo de fuentes abiertas de Lantia Intelligence, que coordino, en 2023 se reportaron 18 mil 257 homicidios que, por sus características, estuvieron vinculados con el crimen organizado. Esta cifra es 8.2 por ciento menor a la reportada en 2022. Se trata de una reducción significativa, pero todavía modesta. Esta disminución en los homicidios vinculados con el crimen organizado ha sido consistente, aunque más acentuada que la observada en los homicidios dolosos reportados por las fiscalías, que fue de 4.2 por ciento. Es decir, el total de homicidios se redujo, pero esta disminución se concentró en aquellos que tienen que ver con las actividades del crimen organizado, más que en aquellos que ocurren como consecuencia de la delincuencia común (por ejemplo, en el contexto de un robo) o de carácter pasional.
La evolución de la violencia del crimen organizado ha sido marcadamente desigual entre entidades federativas. Sin embargo, las divergencias no siguen patrones regionales o líneas partidistas claras. Es decir, las mejoras no las vemos exclusivamente en estados del sur, del centro o del norte, o en entidades gobernadas por Morena o por la oposición, sino que hay un poco de todo. En 2023, los descensos más marcados se registraron en Sonora, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato y Jalisco. En contraste, los mayores aumentos en el número de víctimas letales del crimen organizado tuvieron lugar en Guerrero, Chihuahua, Sinaloa y Chiapas.
Una tendencia interesante es que, en los últimos años, la disminución de la violencia ha sido más lenta en las zonas metropolitanas. Lo anterior podría explicarse por la concentración de recursos en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional (que desempeñan un papel más relevante en el medio rural), en detrimento de la profesionalización de las policías civiles (que son las principales responsables de resguardar la seguridad en la mayoría de las grandes ciudades).
Es importante recalcar que, al hacer un análisis más detallado de los datos, encontramos señales que ofrecen al menos un poco de esperanza; algo así como un atisbo de luz al final del túnel. En el cuarto trimestre de 2023 se registraron 4 mil 70 homicidios vinculados con el crimen organizado; en este caso, la disminución es de 12 por ciento, en comparación con el cuarto trimestre de 2022, y de 37 por ciento, respecto del tercer trimestre de 2020 (el más violento en la historia del país). La cifra del cuarto trimestre de 2023 es la más baja en siete años. De igual forma, diciembre pasado destacó por ser el mes con el registro más bajo de homicidios vinculados con el crimen organizado, desde enero de 2017.
Probablemente estamos al inicio de un ciclo de disminución de la violencia, similar al que se observó entre 2012 y 2015. Es posible que la fase de expansión del CJNG, que fue uno de los principales factores que generó inestabilidad en años recientes, haya llegado a su fin. Como mencioné previamente, otro posible factor es que, tras la desordenada desaparición de la Policía Federal, la Guardia Nacional finalmente esté consolidando su capacidad de operación, sobre todo en el ámbito rural.
Mi expectativa es que la tendencia de disminución de la violencia continuará en los próximos meses. Una excepción es la violencia contra actores políticos. Sin embargo, aunque esta violencia desafortunadamente se hará presente en las campañas, es poco probable que tenga un impacto estadístico discernible. Por otro lado, al contenerse algunas de las crisis de violencia más graves, como las que azotaron en los años previos a Michoacán y Zacatecas, se liberarán elementos y recursos, que podrían utilizarse para continuar con el proceso de pacificación en otras entidades federativas. Por otro lado, en los estados donde se ha registrado un deterioro reciente del panorama de seguridad, como en Chiapas, predominan los conflictos entre mafias locales, y no hay indicios de nuevos conflictos criminales de calado nacional, que pudieran revertir la tendencia actual.
En estos tiempos electorales también es inevitable que se busque dar una lectura política a cualquier indicador. A pesar de la disminución de los homicidios que menciono, modesta e incipiente, me parece que el balance del gobierno de AMLO en materia de violencia no ha sido satisfactorio. El hecho central es que, durante los cinco primeros años del actual gobierno, los homicidios permanecieron en niveles alarmantes. Es cierto que se trata de una situación que se heredó de la administración de Peña Nieto, pero tal situación no se resolvió. Por lo tanto, más que calificar los resultados como buenos o malos, lo justo sería hablar de un ‘sexenio perdido’.