Claudia Sheinbaum tendrá buenas razones para abandonar, casi en su totalidad, la política de seguridad que ensayó la actual administración. Se trató de una política con pocos logros e insuficiencias alarmantes. Sus logros destacables fueron dos. Primero, una caída considerable de la percepción de inseguridad en los centros urbanos, cuya principal causa fue, presumiblemente, la baja de algunos tipos de robo, especialmente robo de vehículo. Lo anterior está ligado, a su vez, con el establecimiento de las ‘mesas de coordinación regional’, en las cuales sesionan diariamente autoridades de seguridad en los tres ámbitos de gobierno. La mecánica de trabajo de estas mesas ha generado suficiente presión a los jefes de las policías municipales para abatir, o al menos contener, una colección de delitos callejeros. Segundo logro, detener el crecimiento de los homicidios a nivel nacional, y lograr un cambio de tendencia a partir de 2021. Sin embargo, el moderado descenso del homicidio ha estado muy por debajo de lo prometido en 2018.
Bajo otra lente, entonces, esta leve reducción de los homicidios podría considerarse, también, más un fracaso que éxito, sobre todo si consideramos que, en términos absolutos, el número de homicidios sigue en niveles históricamente altos (independientemente de su tendencia negativa). Ahora bien, la gran derrota de la actual administración, en el renglón de la seguridad, ha sido la asombrosa expansión geográfica que han registrado las principales organizaciones criminales a lo largo del país, expansión que ha caminado de la mano con una significativa pérdida del control territorial por parte del Estado mexicano. Tal pérdida se refleja en los drásticos aumentos de dos indicadores clave: extorsión presencial y desaparición forzada de personas.
En algunos espacios, el control territorial del crimen se ha consolidado gracias a la participación de algunas organizaciones delictivas en las elecciones locales, ya sea para imponer candidatos o para eliminar o bajar de las contiendas a otros. Durante este proceso electoral, probablemente, hayan renunciado entre 4 mil y 6 mil candidatos a lo largo del país, como consecuencia del hostigamiento e intimidación del crimen.
Frente a este complejo panorama, ¿qué primeras decisiones podemos esperar en el rubro de la seguridad de quien pronto asumirá las funciones como titular del Ejecutivo federal?
1. Una primera decisión crucial será la conformación de un grupo de funcionari@s, experimentado y de alta calificación profesional, que se hará cargo de las principales carteras del sector seguridad. Aquí será importante que los integrantes de este grupo compartan una visión sobre la orientación general de la estrategia en su conjunto, y cómo deberá ser evaluada y corregida a lo largo de su implementación. Dados sus antecedentes en la CDMX, la presidenta Sheinbaum pondrá especial atención en que la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República cooperen, se comuniquen y se coordinen óptimamente. Por esta misma razón, la nueva administración realizará grandes esfuerzos para robustecer los sistemas de inteligencia policial e investigación de los delitos a nivel nacional.
Ahora bien, será igualmente importante procurar que las áreas de seguridad se conduzcan de acuerdo con criterios técnicos, y evitar a toda costa la politización de las decisiones estratégicas en este sector. Tanto en la administración de Peña Nieto como en la de López Obrador el criterio de eficiencia política se impuso sobre el de eficiencia técnica, y los resultados han sido desastrosos para nuestra seguridad nacional.
2. Una segunda decisión para el arranque tendrá que ver con fijar los grandes objetivos de la política de seguridad. Además de reducir la violencia, que probablemente repetirá como un primer objetivo central, Sheinbaum deberá enfocar también su energía y capacidades en un segundo desafío de grandes dimensiones (y que no enfrentó durante su gestión al frente de la CDMX): la recuperación del control territorial, especialmente en varias zonas rurales del país. Para ello, Sheinbaum deberá delinear tanto una agenda de cambios legislativos que apoyen su trabajo en ambas esferas, como una estrategia de combate de naturaleza mixta (militar y policial) que debilite al crimen en varias dimensiones, especialmente en sus capacidades de fuego, de contrainteligencia y de reclutamiento. Un ámbito delicado políticamente, pero que sería un error evadir, será el relativo a las investigaciones que deberán emprenderse contra alcaldes que enfrentan señalamientos serios de estar asociados con el crimen organizado.
3. Finalmente, dada la magnitud del reto que enfrentará la nueva administración en materia de seguridad, será indispensable que la presidenta Sheinbaum estreche, desde un primer momento, lazos de cooperación en materia de seguridad con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. El apoyo que recibamos en este ámbito, especialmente de nuestros vecinos del norte, podría hacer la diferencia entre una gran victoria y un nuevo fracaso en nuestros esfuerzos de pacificación y de lucha contra el crimen organizado. Así de crucial será la asignatura de inaugurar una nueva época de colaboración para fortalecer la seguridad –frente al crimen transnacional– de los países que forman parte de América del Norte.