El 8 de octubre pasado fue presentada formalmente la nueva estrategia de seguridad: un escueto documento en formato PowerPoint, de apenas siete láminas de texto, a la que se le suma una gráfica con supuestamente las tasas de homicidios de las entidades federativas de enero a septiembre (‘supuestamente’, pues en realidad lo que la gráfica muestra es el total de homicidios por estado, aunque algunas cifras no checan con la información de enero a agosto que hasta ahora ha sido publicada).
Días antes de que este documento fuera presentado, el 20 de septiembre, circuló en redes sociales otro documento más detallado, titulado Estrategia de seguridad de los primeros 100 días con un contenido similar al anunciado en la conferencia mañanera, pero más detallado y técnico en varios temas. Todo parece indicar que se trata de un documento cuya publicidad no fue autorizada, y que no había pasado por la revisión de un filtro político de alto nivel, presumiblemente la Oficina de la Presidencia de la República. El tipo de añadidos y rasurados que experimentó el documento final así parecen indicarlo.
A continuación, indicaré algunos de los rasgos más sobresalientes de la nueva estrategia (la oficial), pero mencionaré también algunos contrastes que guarda con la estrategia filtrada previamente (la extraoficial). Esto quizás nos ofrezca algunas pistas sobre las diferencias entre una versión estrictamente técnica de la estrategia de la seguridad, con la oficial en la que interviene un lápiz y un borrador políticos para matizarla y darle unos toques ideológicos.
En términos generales ambas presentaciones son sobrias y manejan un lenguaje técnico, aunque la estrategia oficial es rabiosamente austera en cuanto a explicaciones, detalles y lugares. Claramente la directriz de la revisión final fue decir estrictamente lo suficiente, y no entrar en pormenores que a la larga puedan resultar costosos en términos de congruencia, precisión y cumplimiento de compromisos, con lo que realmente pueda suceder en los próximos seis años.
La estrategia oficial abre con una lámina que no figuraba en la versión extraoficial. Se trata de los cuatro ejes de la estrategia: en primero y segundo lugar aparecen dos ejes claramente obradoristas: la vaga e ideológica frase de “atención a las causas” y la “consolidación de la Guardia Nacional”, esta corporación militar de reciente creación que es el principal legado institucional de la administración anterior al gobierno de Claudia Sheinbaum en el ámbito de la seguridad.
Posteriormente, en tercer y cuarto lugar figuran los dos ejes que podrían considerarse propiamente las aportaciones estratégicas de la actual administración: fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, por un lado, y una coordinación “absoluta” (ojo con este adjetivo) al interior del gabinete nacional de seguridad y entre las autoridades federales y las instituciones de las entidades federativas. El término ‘absoluto’ reemplaza a ‘integral’ que aparecía en la versión extraoficial, lo que nos indica elocuentemente el alto grado de centralización de mando que habrá en la titularidad de la Secretaría de Seguridad federal.
En relación con la coordinación al interior del gabinete de seguridad y con los estados, la estrategia oficial omite mencionar varias medidas interesantes que contemplaba la versión extraoficial: especialmente la definición de procedimientos específicos para fijar metas y darle seguimiento a los acuerdos tomados por el gabinete de seguridad. Estas medidas parecen clave para que las secretarías de Defensa Nacional y Marina no se aparten de los lineamientos de la estrategia nacional que se discuta periódicamente al interior del gabinete de seguridad y que vaya delineándose específicamente en el seno de la Secretaría de Seguridad federal. Otra medida extraoficial altamente pertinente que se omite mencionar en la versión oficial (entendible por la oposición que podría generar entre algunos gobernadores) es la aprobación de los nombramientos de los secretarios de Seguridad Pública estatales por parte del gabinete nacional del sector.
Ahora bien, el nudo gordiano de la nueva estrategia de seguridad tiene que ver con el nuevo énfasis que se le otorgará a la inteligencia y a la investigación. Parecería que en el futuro inmediato gran parte de la información recolectada por diversos cuerpos militares a lo largo del país deberá ser compartida con las agencias civiles de inteligencia, y estas agencias a su vez deberán compartir con los militares gran parte de la inteligencia generada, especialmente la que sea útil en los operativos que presumiblemente se implementarán contra las cúpulas y los brazos armados de las más dañinas organizaciones criminales.
Por lo que atañe a la debida judicialización de los casos para que reciban una sentencia pronta, será fundamental crear, como lo indican tanto la estrategia oficial como la extraoficial, que “productos de inteligencia que se integren a las carpetas de investigación y deriven en vinculaciones a proceso y sentencias”. Para alcanzar este mismo objetivo también será clave la colaboración, caso por caso, entre las fuerzas de seguridad (militares y policiales) y las fiscalías (cuya actuación deberá ser oportuna, de acuerdo con el documento oficial, tanto a nivel federal como estatal).
Seguiré comentando la próxima semana algunos aspectos de la nueva estrategia de seguridad y de su versión extraoficial.