El jueves pasado la Cámara de Diputados votó una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional, en materia de seguridad pública. Ahora no hicieron falta ni chicanadas ni presiones para lograr las mayorías calificadas; todas las fuerzas políticas se alinearon y acompañaron la iniciativa.
En la Cámara baja hubo 441 votos a favor, ninguno de los diputados presentes se abstuvo y ninguno votó en contra. Es curioso este consenso. La reforma, por un lado, faculta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal (SSPC) para investigar delitos.
Este es uno de los ejes que el nuevo gobierno ha planteado para su estrategia de seguridad. La idea es ir más allá de las detenciones casuísticas y operativos reactivos, y avanzar hacia una verdadera estrategia de persecución penal, que contribuya a disminuir el poder de fuego y la capacidad corruptora del crimen organizado.
Sin embargo, con la reforma al 21 constitucional también se avanza hacia una mayor centralización del aparato de seguridad. De ahora en adelante, a la SSPC le corresponderá coordinar el sistema nacional de inteligencia. Todas las corporaciones tendrán la obligación de entregarle información relevante en materia delictiva. Además, tendrá nuevos dientes para exigir a los estados y municipios una mayor coordinación, pues en lo sucesivo tendrá la facultad de auditar los recursos que les entregan para el fortalecimiento de sus policías.
En algunas notas se ha señalado que la oposición abrazó esta reforma constitucional porque ve en ella ‘un paso para sacar a las Fuerzas Armadas de la calle’. No creo que vaya por ahí el asunto. Ciertamente la reforma lleva nombre y apellido, pues fortalece la posición del flamante titular del SSPC, el civil Omar García Harfuch.
Sin embargo, las modificaciones que se aprobaron no van en detrimento del control militar sobre la Guardia Nacional. Simplemente dotan a la SSPC de algunas facultades clave para poder diseñar y poner en práctica, en coordinación con todas las corporaciones militares y civiles, estrategias más ambiciosas de combate al crimen organizado.
Una posible lectura es que el PRI, el PAN y MC hayan calculado conveniente darle el espaldarazo a García Harfuch, a pesar de que la reforma limitará la discrecionalidad de los contados gobernadores de oposición que quedan. Bajo esta óptica ningún partido quiso quedar como obstruccionista, todos prefirieron cultivar una buena relación con quien se perfila como el ‘supersecretario’ o el ‘zar’ de la seguridad para los próximos años.
También podría ser que en la oposición ya estén convencidos de que el combate al crimen organizado es un tema tóxico, que nada más les trae dolores de cabeza. Entre más se centralicen la estrategia y las decisiones, menos desgaste y menos riesgos de todo tipo correrán sus gobernadores y alcaldes.
Lo anterior me lleva a destacar la otra cara de esta reforma. Es un gesto de la presidenta Sheinbaum y del secretario García Harfuch, que levantan la mano para decir que ellos sí se quieren aventar al ruedo, y avanzar hacia la pacificación del país, el gran tema en el que fracasaron los tres gobiernos previos. Con la reforma, Sheinbaum y García Harfuch van a tener las facultades para intentarlo, pero también asumen la responsabilidad política de dar resultados.
No la van a tener nada fácil. Nadie sabe cómo va a escalar el conflicto entre Los Chapitos y los Zambada. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero próximo, se abrirá un nuevo frente de incertidumbre: será casi inevitable que haya tensiones y exabruptos, que terminen por afectar la operación de las autoridades mexicanas (como ya pasó en 2019, cuando Trump amenazó con imponer aranceles si México no tomaba medidas para detener el flujo de migrantes hacia la frontera norte).
Aun así, parece que el nuevo gobierno arranca con la convicción de que será posible repetir la historia de éxito en la capital. El viernes pasado se realizó el Operativo Enjambre, encabezado por la SSPC, en el que fueron detenidos funcionarios de distintos ayuntamientos del Estado de México, en particular de municipios en los que opera La Nueva Familia Michoacana (una de las organizaciones criminales más agresivas, más metidas en política y que más ha crecido en los últimos años). Entre los detenidos destaca la alcaldesa de Amanalco.
En las próximas semanas podríamos ver más operativos de este tipo. La intención es doble: limpiar algunos de los ayuntamientos donde la colusión con los criminales es más descarada y, al mismo tiempo, mandar un mensaje a todas las autoridades locales: el nuevo gobierno ya no piensa dejar que la delincuencia gobierne parte del país, así que es mejor dejar de una buena vez de ‘facilitar’ las actividades del crimen organizado.