La gobernabilidad y seguridad nacional de México enfrenta retos singulares, que hasta hace unos cuantos meses no se veían en el horizonte. Primero, una crisis de violencia propiciada por el rompimiento de la alianza entra las familias Zambada y Guzmán, las dos familias más influyentes de las que componen la cúpula del Cártel de Sinaloa. Este conflicto amenaza con extenderse progresivamente, no sólo en el noroeste del país, sino a lo largo del territorio nacional.
En segundo lugar, una reforma judicial que desmantela toda la estructura burocrática del actual Poder Judicial federal, sin que tengamos claridad sobre los efectos institucionales, sociales, y en las vastas redes criminales, que tendrá el reemplazo de mil 600 jueces, magistrados y ministros que serán elegidos mediante voto popular en junio próximo. Finalmente, en tercer lugar, tendremos en unas cuantas semanas a un nuevo presidente de Estados Unidos, obsesionado con fortalecer la seguridad de su país mediante la reducción de la inmigración irregular a su país, y también mediante el debilitamiento del tráfico trasnacional de opioides hacia territorio estadounidense. Y es en este último punto donde me voy a detener.
Donald Trump ha lanzado en los últimos días una serie de amenazas arancelarias contra México y Canadá que han dotado de un sentido de urgencia a los arrestos y decomisos de droga tanto en México como en Canadá. En los últimos días autoridades de estos dos países han anunciado una serie de decisiones en materia de seguridad. En el caso de Canadá, después de la cena del viernes pasado entre Trump y Trudeau fue anunciado, por parte de Canadá, un incremento de la inversión pública en seguridad fronteriza. Incluso se anunció que la Royal Canadian Mounted Police desmanteló en las últimas semanas un laboratorio clandestino en el distrito de Langley, donde se producía masivamente fentanilo.
Las autoridades de México, por su parte, se han apurado a detener miles de presuntos delincuentes vinculados con delitos de alto perfil, e implementar operativos como Enjambre, que muestran un nuevo modelo de desarticulación de redes criminales basado en un trabajo intensivo de investigación e inteligencia. En el corazón de la Ciudad de México fue clausurada la semana pasada una plaza comercial completa en la que se vendían masivamente mercancía pirata de origen chino; una acción que parece un guiño al equipo de seguridad del próximo presidente de Estados Unidos.
Si este nuevo ritmo de trabajo, que al parecer ha impuesto Trump en la últimos días, persiste en las siguientes meses, no sólo no se concretarán las amenazas tarifarias, sino que incluso podría empezar a configurarse un escenario favorable para el diálogo y la cooperación trilateral en la materia, pues en lo que toca a drogas y, parcialmente, en migración, el enemigo principal que enfrentan los tres países es común: el crimen organizado trasnacional con sede en MX.
En un escenario ideal, México debe compatibilizar sus dos objetivos prioritarios en materia de seguridad (pacificación y recuperación de control territorial) con los dos objetivos que más interesan a Estados Unidos: reducción tanto del trasiego de opioides como del flujo migratorio. Esta debería ser la misión de las autoridades mexicanas durante sus futuros encuentros con las agencias de seguridad estadounidenses e, incluso, canadienses. Se ve cuesta arriba pero no imposible. Ello dependerá en buena medida de la confianza y credibilidad que logremos ganar al exhibir los “logros” en seguridad que nuestras autoridades hayan obtenido en los primeros 100 días de la nueva administración, y de la habilidad negociadora del trío Ebrard-Harfuch-De la Fuente.
¿Cómo compatibilizar los objetivos de seguridad de México con las prioridades actuales de Estados Unidos? Van unas ideas generales. Primero, la presidenta Sheinbaum podría anunciar una campaña nacional contra el fentanilo que, al mismo tiempo que busque aumentar los decomisos y reducir el consumo de este narcótico letal en Estados Unidos y en suelo mexicano (sobre lo que sabemos muy poco por falta de información oficial), permita a las autoridades de nuestro país combatir eficazmente a las mafias que generan violencia y mantienen control territorial en cientos de municipios a lo largo del país. Segundo, dado que México está probablemente cerca del límite de lo que puede decomisar con sus propios recursos institucionales, habría una razón justificada para solicitarle al gobierno estadounidense su colaboración para darnos acceso a capacitación, tecnología y armamento que nos permita elevar nuestra eficacia en esta labor. Esta misma idea aplicaría también para la tarea de detener a las caravanas de migrantes. Finalmente, México podría realizar un trabajo legislativo para elevar las penas contra aquellos individuos que participen en redes criminales dedicadas a la producción y trasiego de fentanilo, así como a las enfocadas en el tráfico de migrantes.
En la realización de estas tres tareas, los intereses de México y Estados Unidos estarían alineados. Al defender su seguridad nacional, México defendería simultáneamente la seguridad regional de América del Norte.