La extorsión presencial, en su vertiente de cobro del derecho de piso (o, abreviadamente, cobro de piso), es tal vez el delito que más daño causa a nuestra sociedad. Es un mal muy extendido, que golpea a las grandes empresas, pero sobre todo a decenas de miles de personas que trabajan en ranchos, en pequeños comercios, que son choferes y hasta maestros. El ‘cobro de cuota’ (como también se le conoce), más que ningún otro delito, ha contribuido a la expansión territorial del crimen organizado y al deterioro de las instituciones a lo largo del país. En virtud de las extorsiones, los brazos armados de la delincuencia han encontrado una actividad redituable en pueblos y ciudades donde el narcotráfico nunca fue un gran negocio.
Contra el cobro de piso nadie ha podido. En el mejor de los casos se le ha contenido, pero en ningún estado, que yo tenga noticia, se ha combatido de forma satisfactoria. En el gobierno lo saben. La Presidenta, durante su campaña, y más recientemente el secretario de Seguridad, han manifestado su intención de entrarle al tema. Acabar con el cobro de piso es una asignatura pendiente del ‘segundo piso’.
La semana pasada se anunció que en la Ciudad de México se creó una fiscalía especializada en la materia. ‘Fiscalía especializada’, lo sé, es una fórmula bastante gastada. Sin embargo, creo que hay algunas razones para esperar resultados. En la capital hay recursos, una fuerza policial grande y bastante vigilancia. De acuerdo con el monitoreo que coordino, casi una cuarta parte de todos los arrestos de alto perfil que se registran en el país tiene lugar en la capital. Las mafias capitalinas –como Los Rodolfos, Los Tanzanios y el Cártel de Tláhuac– ya han sido debilitadas y son menos temibles que los ejércitos privados que extorsionan en otros estados.
También se aprobó en diciembre pasado una reforma al Código Penal que sugiere que las autoridades de la CDMX tienen idea de por dónde empezar: se habla de extorsiones por parte de servidores o ex servidores públicos; también de la extorsión a transportistas y comerciantes. Ya se verá en los próximos meses si la nueva fiscalía especializada da resultados. Por lo pronto, describo tres de los desafíos a los que hará frente:
Primero. Las autoridades tienen que investigar de forma proactiva. No basta con que el C5 cuente con un teléfono antiextorsión (el 55 5036 3301, dicho sea de paso). Los grupos de mayor peligrosidad operan bajo la premisa de que las víctimas no se van a atrever a levantar la voz. Si la nueva fiscalía se enfoca solamente en atender denuncias, seguramente va a concretar un gran número de operativos y arrestos, pero los detenidos serán en su mayoría imitadores y delincuentes menores, o bien novatos, fácilmente reemplazables, dentro de los escalones más bajos de las mafias. Para terminar con la extorsión hay que desarticular estructuras delictivas completas, y hay que hacerlo rápido. Si no, seguirá siendo el cuento de nunca acabar.
Segundo. Lo que funcione este año será obsoleto el próximo. La economía de la ciudad es enorme y está muy diversificada, lo que quiere decir que el catálogo de víctimas potenciales es inagotable. También irán cambiando los modus operandi. Si hoy las autoridades logran sacar a los cobradores de cuota de los mercados y los sonideros, hoy mismo por la tarde ya estarán probando suerte con los estacionamientos o hasta con las iglesias.
Tercero y más importante. Cualquier esfuerzo serio para combatir el cobro de cuota va a pisar callos. Las mafias que controlan la extorsión en la capital son relativamente pequeñas, sí, pero políticamente tóxicas. Algunas tienen fachada de movimiento social y otras operan con la connivencia de elementos de la policía capitalina. No cuentan con el arsenal del CJNG, o los millones de los Guzmán, pero sí tienen amigos y compadres muy bien colocados, algunos en puestos de elección popular. Si en verdad se le pega fuerte a estas mafias, las autoridades capitalinas pueden esperar presiones, periodicazos e incluso nuevos atentados.
En otros temas, ya se filtraron los nombres de los cárteles mexicanos que se sumarán al listado de organizaciones terroristas del Departamento de Estado. Están los dos usual suspects, el CJNG y el Cártel de Sinaloa. También se agregaron a tres organizaciones regionales: el Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y la Familia Michoacana. Llama la atención que este último grupo se dedique, casi de lleno, precisamente al cobro de cuota en municipios del Estado de México, Michoacán y Guerrero.
Mucho se ha hablado de los sobrevuelos de aviones espías y de otras posibles consecuencias que las designaciones podrían tener en términos de incursiones militares de Estados Unidos en territorio nacional. También se ha especulado sobre el congelamiento de activos financieros y las sanciones a empresas mexicanas bajo sospecha de colaborar con los criminales. La experiencia de las organizaciones que han estado en la lista en el pasado, muchas de ellas grupos islámicos de Medio Oriente, sugiere que eso es lo que se puede esperar. Yo agregaría que la administración Trump no tardará en descubrir que, en el caso mexicano, otra vía muy efectiva para golpear a las organizaciones de la lista, y de paso meterle más estrés al gobierno mexicano, será irse directamente contra los funcionarios y exfuncionarios que a lo largo de los años las han solapado o han hecho negocios con ellas.
