Durante años Morena seleccionó a sus candidatos mediante una fórmula que combinaba encuestas, cercanía con su fundador y líder nacional (AMLO) y competitividad electoral. Sin embargo, las reuniones privadas que la dirigencia sostuvo durante los últimos días (del 30 de julio al 2 de agosto) con aspirantes a ocho gubernaturas sugieren que esa lógica está cambiando. Un análisis de los 41 aspirantes convocados –de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala– permite entrever un proceso de depuración políticamente sofisticado y, sobre todo, preocupado por la gestión del riesgo.
Lo primero que llama la atención es que no aparecen todos los aspirantes mejor posicionados en las encuestas. Varios de los que fueron considerados como favoritos durante meses por medios especializados o por las mediciones demoscópicas aparentemente no fueron convocados a las reuniones. En cambio, sí fueron llamados perfiles con menor nivel de conocimiento, pero con trayectorias menos controvertidas.
El patrón más revelador aparece cuando se contrastan esas ausencias con los señalamientos públicos existentes. Entre los aspirantes que no fueron convocados destacan cuatro perfiles que han sido objeto de acusaciones o investigaciones relacionadas con el crimen organizado. Dos pertenecen a Sinaloa y enfrentan acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses; uno corresponde a Baja California, donde existe una investigación por presuntos vínculos con un grupo criminal, y otro es de Baja California Sur, donde ha trascendido que será objeto de una investigación por parte de autoridades estadounidenses.
Por el contrario, entre los 41 que fueron convocados figuran cuatro aspirantes que cargan con distintos tipos de señalamientos públicos. Dos son de Baja California, uno de Chihuahua y otro de Sinaloa. Estos perfiles con investigaciones mexicanas a cuestas, procesos administrativos o señalamientos periodísticos –pero sin acusaciones conocidas en Estados Unidos– sí permanecieron en la competencia. Es decir, Morena no parece haber aplicado a rajatabla un criterio de exclusión automática frente a cualquier tipo de señalamiento de vinculación criminal. Más bien, lo que hizo fue una valoración diferenciada por el tipo de riesgo que representa cada caso.
Todo indica que Morena está incorporando un filtro específico para gestionar el riesgo derivado del creciente escrutinio de las autoridades estadounidenses, más que por acusaciones de vínculos criminales o corrupción. El criterio rector de selección, entonces, ya no se basa exclusivamente en quién puede ganar una elección, sino también en quién puede hacerlo sin convertirse en un problema político, jurídico o diplomático para Morena y para la Presidencia de la República.
A partir de las trayectorias de los 41 aspirantes, también es posible identificar otro cambio significativo. La cercanía histórica con AMLO, aunque relevante, ha dejado de ser –por sí misma– una credencial suficiente para figurar entre los finalistas. Entre los convocados a las reuniones conviven cuadros identificados con Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Andrés Manuel López Beltrán, Ariadna Montiel, Mario Delgado y otras corrientes internas. No se aprecia el predominio de una sola facción sobre las otras. Más bien, las listas dan la impresión de que se construyó cuidadosamente un equilibrio entre los diversos centros de poder de Morena.
La intensidad ideológica tampoco parece haber desempeñado un papel decisivo. En el grupo de aspirantes sobreviven tanto personajes formados en la izquierda histórica como antiguos militantes del PRI, del PAN o del Partido Verde que posteriormente se incorporaron a Morena. La variable ideológica parece haber cedido terreno frente al pragmatismo político.
Después de revisar caso por caso, el proceso parece descansar en tres criterios fundamentales. El primero es la gestión del riesgo político y jurídico, incluyendo la posibilidad de que un candidato pueda enfrentar investigaciones estadounidenses durante la campaña. El segundo es la competitividad electoral real, entendida como capacidad para ganar elecciones, movilizar estructuras y mantener cohesionado al partido. El tercero es la compatibilidad de los aspirantes con la coalición nacional que hoy gobierna Morena, lo que les permite eludir vetos insalvables entre las principales corrientes.
Si estas conjeturas son correctas, Morena estaría transitando de un modelo basado en la lealtad política hacia otro en el que la administración del riesgo pasa a ser el criterio rector. El contexto bilateral con Estados Unidos, el creciente escrutinio sobre presuntos vínculos entre política y crimen organizado, y la necesidad de proteger al gobierno federal parecen haber modificado las reglas del juego.
Aunque todavía los márgenes de incertidumbre son amplios, si hubiera que aventurar hoy los dos perfiles con mayores probabilidades por entidad, la lista sería la siguiente: Julieta Ramírez e Ismael Burgueño, en Baja California; Milena Quiroga y Manuel Cota, en Baja California Sur; Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar, en Chihuahua; Carlos Torres Piña y Raúl Morón, en Michoacán; Geraldine Ponce y Pável Jarero, en Nayarit; Imelda Castro y María Teresa Guerra, en Sinaloa; Lorenia Valles y Dolores del Río, en Sonora, y Alfonso Sánchez y Vicente Morales, en Tlaxcala. Si existe un laboratorio para entender los nuevos criterios de selección de Morena, habrá que observar con especial detenimiento lo que ocurra en Michoacán, Baja California y Sinaloa.