En el Presupuesto de Egresos de la Federación que se está discutiendo en el Congreso, la iniciativa del Ejecutivo aumenta la inversión pública 18.1 por ciento respecto del año anterior, lo cual pareciera una excelente noticia. Pero ya asomándose un poco más a fondo, resulta que el Presupuesto muestra que la mayor parte de la inversión se destina principalmente (85.9 por ciento) a los proyectos emblemáticos del presidente (Pemex, Tren Maya, CFE).
En particular, la apuesta a Pemex es total: de los 87 mil 412 millones adicionales de inversión total del gobierno, Pemex se lleva 88 por ciento y deja descuidado todo lo demás. Pareciera que Pemex fuera la generadora de riqueza más importante en el país, cuando en realidad sabemos que pierde más dinero conforme más refina crudo en las instalaciones obsoletas con las que cuenta.
Peor aún, la inversión adicional a Pemex presupuestada para 2022 es de 76 mil 903 millones de pesos, mientras que para salud y educación el aumento no llega ni siquiera a los mil millones. Se queda apenas en 995.
Así están las prioridades del Ejecutivo.
En medio de las secuelas de una pandemia que aún no concluye, que mostró la debilidad del sistema de salud por el número de muertes causadas directa e indirectamente por la crisis sanitaria y que alcanza a cerca de 600 mil personas de acuerdo con las cifras oficiales, las prioridades del gobierno NO ESTÁN en el bienestar de los mexicanos.
Al Ejecutivo le interesa mucho más producir petróleo y refinarlo en México que la salud de 130 millones de personas (empeorada por la contaminación de ese mismo proceso).
Y lo mismo puede decirse de la educación. En medio de una catástrofe educativa, en que la falta de internet y de medios de comunicación impidieron que más de 20 por ciento de los niños pudieran conectarse, y que quienes lo hicieron perdieron una parte sustantiva de aprendizaje, la inversión en infraestructura educativa es nimia. Esto es particularmente grave ante las carencias de miles de escuelas y su deterioro en los meses de la pandemia. La ‘generación Covid’ de niños y jóvenes afectados educacionalmente por la pandemia, a los que se suma un 20 por ciento adicional de abandono escolar en preparatoria, significará un bache en la trayectoria poblacional de los mexicanos y una tragedia para millones de jóvenes y sus familias quienes, lamentablemente, tendrán un desempeño laboral a lo largo de su vida menor al que pudiean haber aspirado.
De modo que la inversión pública, que llega a sus niveles más bajos en decenios a pesar del aumento de 2022, no sólo es baja sino además no constituye un motor para que se agilice la inversión privada. En todo el mundo, la inversión que realiza el gobierno es acompañada por numerosos proyectos adicionales de capital privado que hacen exponencial el impacto positivo en el empleo y la prosperidad. Si los proyectos que financia el gobierno no tienen esa característica, el impacto en el crecimiento de la economía es mucho menor. Y si de por sí es baja la inversión, lo que alcanza a la salud y la educación es prácticamente nada. Así difícilmente se logrará abatir la desigualdad en el acceso a servicios de salud y educativos.
Sin ser esto suficiente, el Presupuesto 2022 también implica que tenemos que pedir prestado para pagar los intereses (déficit primario de 84.1 mil millones de pesos), y establece un techo de endeudamiento casi 11 por ciento superior al aprobado en 2021. Esto implica que el saldo de la deuda pública llegue a casi 14 billones de pesos, que significa un aumento de 29 por ciento en lo que va del sexenio. Si bien esta cifra es mucho menor que la de Peña Nieto (aumentó 80 por ciento en sus primeros cuatro años), dista mucho de ser cero, como se presume frecuentemente en el gobierno. Habrá que ver cómo termina el sexenio.
Y ya para rematar, al Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 le falta un pequeño detalle. No toma en cuenta la eventual aprobación de la reforma energética en ciernes. ¿Por qué? ¿Se les olvidó? Quizás el gobierno está acostumbrado a aprobar leyes sin considerar su costo económico y por eso ni lo toma en cuenta (ya modificarán el Presupuesto en lo que haga falta en caso de aprobarse), o quizás porque no quieren transparentar este enorme costo para las finanzas públicas que será no sólo para 2022 sino para muchos años subsecuentes. No considerar en lo absoluto una eventual reforma que le da el monopolio del sector eléctrico a la CFE es una grave irresponsabilidad.
En resumen, se trata de un Presupuesto con muy poca inversión, que además es de bajo impacto, y que deja descobijadas las necesidades más apremiantes, en particular salud y educación. Y encima, se queda corto a propósito.