El lunes pasado, el presidente llamó traidores a la patria a los legisladores que votaron en contra de su iniciativa de reforma constitucional en materia energética. Lo corearon también decenas de sus correligionarios e incluso algunos atacaron, hasta personalmente y con base en su religión, a algunos de nuestros representantes en el Congreso.
De manera ligera, pero no por ello sin una enorme carga, el presidente se fue en contra de representantes de millones de mexicanos que votaron a favor de los niños, jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades que contarán con energía menos contaminante y dañina para el planeta. Esos mexicanos votaron por el futuro, uno de energías renovables y limpias, además de más baratas, en lugar de generar electricidad quemando combustóleo, como deseaba el presidente, que contribuye con la mala calidad del aire que respiramos todos, y que causa la muerte de más de 30 mil personas anualmente.
López Obrador arengó en contra de quienes defendieron el bolsillo de los mexicanos. La energía que produce la CFE es 5 veces más costosa que la que generan productores independientes, y que es menos contaminante. Privilegiar a la CFE, dándole control absoluto del mercado, como propuso el presidente, aumentaría varias veces el costo de producción de electricidad en México. ¿Para quién trabaja usted, señor presidente?
De haber pasado la reforma constitucional que pretendían Manuel Bartlett y Andrés Manuel López Obrador, los mexicanos hubiéramos tenido que pagar indemnizaciones multimillonarias por la rescisión de contratos, multas por daños y perjuicios a quienes habían invertido por años, incluso décadas, en el sector eléctrico mexicano. El pago de indemnizaciones era calculado por diversos analistas en más de 40 mil millones de dólares. Para dar una idea de esa cifra, ese desembolso equivaldría a 4 refinarías de Dos Bocas, o a las vacunas para todos los niños y niñas durante más de un decenio. Es una enorme cantidad de dinero que simplemente no tenemos, y de existir, se podría utilizar en eliminar el desabasto de medicinas, ampliar las escuelas de tiempo completo y las estancias infantiles, atender seriamente la seguridad interna y la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Los legisladores que votaron en contra de la iniciativa López Obrador, que implicaría una erogación de esa magnitud en los próximos años, deben ser reconocidos y no vapuleados, señor presidente.
¿Se le puede llamar traidor a la patria a quien votó porque México sea más competitivo, con energía más barata y limpia, renovable y protectora del medio ambiente? En Estados Unidos, Europa y otros países ya se proyecta establecer impuestos adicionales a las empresas que utilicen energías sucias o contaminantes, como mucha de la que produce la CFE. De haber aprobado la iniciativa presidencial hubiéramos perdido competitividad pues nuestros costos hubieran sido más elevados. Ello habría implicado perder empleos, tener salarios más bajos y, además, generar menor recaudación de impuestos que permitan cubrir gastos de salud, educación y pensiones.
A quienes el presidente llamó traidores a la patria son quienes votaron en favor de la lucha contra la pobreza. Es paradójico, pero la iniciativa presidencial en materia energética, de haberse aprobado, habría aumentado el número de pobres y empobrecido las clases medias. ¿Por qué? Porque la economía crecería menos al haber menos inversión, y con ello menos empleo y salarios más bajos. Así de simple y así de contundente.
El efecto de arengas como la expresada por el presidente llamando a los legisladores que defendieron a México y los mexicanos “traidores a la patria” es muy grave. Nadie puede acusar a alguien como traidor sin presentar prueba alguna, y mucho menos incitar al pueblo en ese sentido. Promueve el odio entre los mexicanos, invita a crear enemigos públicos en lugar de reconocer las diferencias, y se aleja de los principios democráticos más elementales. Al hablar así con el “pueblo”, se azuza para que éste se movilice. Se incita a que el pueblo se convierta en turba, y la turba tiende a comportarse de manera antisocial, antidemocrática y a evadir el estado de derecho. Se trata de una verdadera irresponsabilidad. Una más en el haber del presidente López Obrador, que es absolutamente reprobable.