Ya no hay duda. López Obrador logró ya una “gran” transformación del país. Un rompimiento con el México anterior para una nueva etapa de nuestra historia. Sí, ya logró consolidar el poder militar sobre el poder civil. Ya logró afianzar en la Constitución el predominio de las Fuerzas Armadas en nuestro régimen político. Esa es la verdadera transformación de Andrés Manuel López Obrador. Si alguien aún tiene duda de que los militares dominan y seguirán dominando el poder en México, ayer quedó más que claro con la votación en el Senado para mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. Y a ver si no siguen con el INE.
Todavía estoy asimilando lo que esto significa. Aún me cuesta trabajo imaginar este México al que tendremos que acostumbrarnos: a ver uniformes militares en todo momento, armados, con posibilidades de detenernos, revisar nuestras pertenencias y amedrentarnos. Todavía no puedo creer que el poder civil electo democráticamente (apenas un puñado de conciudadanos) haya entregado el poder de todos los mexicanos a los mandos castrenses, a la cúpula militar, para que administre, opere y dicte lo que debe suceder en este país; cómo es posible que el Ejecutivo y el Legislativo hayan entregado el poder público a un grupo de (militares) mexicanos, que no han sido electos por nadie, pero que tienen las armas que nosotros mismos les hemos financiado.
¿Será un régimen (militar) autoritario suave, uno en que la cúpula militar palomee a la candidata o al candidato del partido oficial para convertirse en presidente de la “República”? ¿Será un régimen en el que el presidente sea el jefe formal, el ‘comandante supremo’ de las Fuerzas Armadas, pero que en realidad quien manda es la cúpula militar? ¿Estamos hablando de un régimen tipo dictadura suave en donde los legisladores electos, también a modo, trabajan para dar forma legal a los designios castrenses; y en que el Poder Judicial se somete también a los deseos de los militares y sólo imparten verdadera justicia ahí en donde no haya ningún interés castrense que resguardar?
¿O será acaso un régimen autoritario más severo, uno en que la “inteligencia” sobre ciudadanos, organizaciones e instituciones sea constante y en la que se ejerza el poder de manera más brutal, sin ningún rubor respecto de violaciones a los derechos humanos o a cualquier otro? ¿Un régimen en que los derechos de los ciudadanos se convierten en “dádivas” mientras te portes “bien”?
No lo sé, no acabo de digerir esta nueva realidad en la que todos los días veremos y seguiremos observando cómo avanza la penetración militar en nuestra convivencia cotidiana. Ya casi no causa sorpresa que los secretarios de seguridad pública en Quintana Roo y en Tamaulipas los haya impuesto la Sedena, o que el director del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, vicealmirante en retiro de la Marina, anuncie que todos los controles de migración ya no serán responsabilidad del Instituto Nacional de Migración sino de personal de la Marina. Y así seguiremos, día con día, en las próximas semanas y meses, observando cómo la autoridad civil se desvanece a lo más trivial para darle lugar a los militares en lo estratégico.
¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quiénes son las personas directamente responsables? Hay muchos personajes, pero voy a señalar sólo los más conspicuos. Los legisladores de Morena y sus partidos satélite que, actuando a ciegas y por seguir a su líder sin ninguna convicción ni análisis, sobrepasaron su mandato por el que fueron electos y traicionaron a los ciudadanos. Los legisladores de “oposición” que fueron comprados o amenazados y que prefirieron salvar su pellejo antes que la Patria. El presidente de la Suprema Corte de Justicia por no haber actuado a tiempo para llevar al Pleno las acciones de inconstitucionalidad sobre la Ley de la Guardia Nacional (más de dos años y sin hacerlo aún), así como varios de los ministros de la Corte que, junto con él, se han sometido a los deseos del Ejecutivo sin recato. El fiscal general por su falta de autonomía y por interponer sus intereses personales a los de su delicada función. Y, sobre todo, el presidente de la República quien, con todo el poder y legitimidad democrática, ha entregado el poder civil al poder militar. Ya no cabe ninguna duda.
Si nos parecía excesivo el pacto de impunidad que Enrique Peña Nieto obtuvo de Andrés Manuel López Obrador, ahora parece juego de niños comparado con el pacto de impunidad que parece haber tejido el presidente actual con la cúpula militar.