Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
El caso del plagio de la tesis de licenciatura tiene muchas aristas y por ello el tema no termina, ni terminará pronto a menos que se resuelva. Están los argumentos legales, de que si la UNAM puede o no retirar el título, de que si la SEP puede o no cancelar la cédula profesional, sus implicaciones sobre el cumplimiento de los requisitos para ser ministra que marca la Constitución, entre otros. También están los argumentos éticos, de gran relevancia y profundidad, que han cuestionado profundamente a la Sra. Esquivel como persona y como profesionista, que ha sido capaz no sólo de robar lo ajeno sino también de inculpar a quien robó y a otras personas, embarrándolas en el caso. Incluso decir públicamente que no tiene nada de qué avergonzarse. También están los argumentos sociales y culturales que tiene un caso como este en el que sigue valiendo la impunidad, y que señalan los ejemplos que se dan a otros estudiantes, el premiar el robo, el deterioro de la credibilidad de la UNAM y de sus títulos, y un largo etcétera.
Pero quizás el argumento más trascendental que he leído es el que ayer publicó Sergio López Ayllón en Milenio (https://www.milenio.com/opinion/sergio-lopez-ayllon/entresijos-del-derecho/la-presidenta-de-la-suprema-corte). El Dr. López Ayllón señala con toda razón que en las próximas semanas y meses la Suprema Corte deberá discutir y resolver varias controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad sobre temas que definirán el rumbo del país.
Como he señalado más de una vez en este espacio, uno de los pecados más graves del expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar, fue haber retrasado por meses y años diversas resoluciones sobre reformas fuertemente cuestionadas jurídicamente, como por ejemplo reformas legislativas sobre seguridad pública y la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este como en otros casos, mientras la Corte no resuelva esas acciones de inconstitucionalidad, las reformas legales se mantienen vigentes y por lo tanto se va afianzando, en los hechos, como es la militarización. Cada día que pasa es más cuesta arriba revertir esas reformas.
El nombramiento de la ministra Piña como nueva presidenta de la Corte abrió una ventana de esperanza, pues la Corte es el último bastión que nos queda en la defensa de ciertos principios y valores democráticos. Ante la declarada y evidente cercanía de la ministra Esquivel con el presidente López Obrador, ya de por sí una situación que debilita los contrapesos constitucionales, tenemos ahora el agravante adicional de tener a una ministra cuya posición es fuertemente cuestionada desde casi cualquier ángulo y perspectiva. Sus votos en la Corte estarán en tela de juicio no solamente por su afinidad con el presidente, sino por su legalidad y legitimidad como ministra de la Suprema Corte de Justicia.
Ante la inminencia de las discusiones y votaciones en la Corte sobre temas en materia electoral y de seguridad pública, además de otros menos conspicuos pero también relevantes, que pueden redefinir la naturaleza del Estado mexicano, la participación de la ministra Esquivel Mossa en el Pleno del máximo tribunal constitucional va a echar un manto de ilegitimidad sobre las decisiones de la Corte, empañando también la labor de los demás ministros, sobre todo si algunos de ellos votan en el mismo sentido que la ministra Esquivel y si su voto fuera definitivo. Ello abriría un boquete de legitimidad enorme que podría derivar en litigios ulteriores, resquebrajamientos del Poder Judicial y debilitamiento estructural del Estado mexicano. Las consecuencias apenas las podemos imaginar, pero no podrían ser suaves o poco importantes. Imagine, por ejemplo, los cuestionamientos potenciales, jurídicos y políticos, sobre la elección presidencial de 2024 en caso de que se apruebe el denominado plan B de la reforma electoral y sea declarado constitucional. Imagine sus consecuencias sobre la transmisión del poder de López Obrador a su sucesor o sucesora, que pudiera ser todo menos pacífica.
Por ello, como ya lo sugiere el Dr. López Ayllón en su columna (y en lo que coinciden muchos otros juristas y asumo cientos o miles de legos como yo), la ministra Esquivel debe renunciar o al menos separarse del cargo en tanto no se resuelva definitivamente el caso. Su permanencia está dañando a la Corte y, de seguir en el puesto, podrá dañar a la República y al Estado mexicano.