Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
La semana pasada comenté sobre el asedio que los mexicanos estamos viviendo en muchas esferas de nuestra vida, especialmente en nuestras libertades, nuestra democracia, los excesos del poder, y un largo etcétera.
Hoy quisiera referirme a que, si bien los obuses del poder arrecian, también se multiplica la defensa que hacen muchos mexicanos, que son verdaderos héroes, y que nos permiten resistir.
En primer lugar, el cambio de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia del ministro Arturo Zaldívar a la ministra Norma Lucía Piña ha sido un parteaguas. De sentirnos cada vez más vulnerables como ciudadanos por la casi capitulación del Poder Judicial ante el presidente López Obrador, asumida por Zaldívar, hoy tenemos mucha más esperanza con la ministra Piña presidiendo la Corte. Parece que la mayoría de los magistrados están por defender la Constitución y resistir los embates del Poder Ejecutivo y de la mayoría oficialista del Poder Legislativo. La declaración de inconstitucionalidad para que la Guardia Nacional (GN) fuera adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional y se mantuviera en el ámbito civil con una votación 8-3 representa un dique fundamental para aminorar la militarización del país. Independientemente de que el Ejecutivo “obedezca” las decisiones de la Corte, seguramente no hará nada para que esto ocurra en la práctica y la GN seguirá obedeciendo a mandos militares. No obstante, en cuanto haya un cambio en el Ejecutivo será mucho más viable reiniciar el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles. No será fácil, pero el camino estará abierto.
En este mismo sentido, el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción y la Fábrica de Periodismo que se dio a conocer este lunes sobre los viajes de lujo con dinero público realizados por el secretario de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, su familia y allegados pretextando viajes de trabajo, es un golpe a la credibilidad del hombre más poderoso en el país. Este reporte se suma a la evidencia cada vez más extendida de la corrupción de este gobierno, de sus altos funcionarios que gozan de impunidad total, y que salpican al presidente de la República un día sí y otro también. Ante el asedio, los golpes a la autoridad moral del gobierno son demoledores y ayudan a la resistencia.
También relacionado con la Sedena y con el presidente López Obrador está la revelación del espionaje a activistas sociales, periodistas y ahora también al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH) de los jesuitas. Mostrar este espionaje, que viene de años pero que se ha multiplicado en este gobierno, representa también una respuesta a la línea de flotación a la credibilidad, honorabilidad y respeto que pudiera tener este gobierno.
La sociedad civil y los propios integrantes del INAI han salido a su defensa vehemente, ante los intentos presidenciales de congelarlo y evitar así que los ciudadanos podamos tener acceso a la información pública más sensible. Ante el ataque a desactivarlo, el INAI presentó una controversia constitucional para que el Senado nombre de inmediato a los miembros faltantes de su cuerpo de gobierno y pueda juntar el quorum para sesionar. Es una muestra clara de resistencia y confiamos, nuevamente, en que la Corte va a fallar a favor de defender la Constitución.
La aparición de una serie de organizaciones que convocan a los partidos a buscar la unidad, a desarrollar un método que haga partícipe a la ciudadanía en la elección de mejores candidatos que nos representen, a que haya un grupo amplio de personas que aspiren genuinamente a ser la o el candidato a la presidencia por la oposición el año próximo, es una gran señal de que la contienda está muy lejos de decidirse. El Foro Unidad y Gobiernos de Coalición que se celebró esta semana muestra un camino viable y potencialmente novedoso y efectivo para reunir a la oposición no partidista y partidista en un propósito común.
Pero los embates continúan. Existe una iniciativa presidencial en el Congreso para modificar diversos ordenamientos en materia administrativa, que le dan toda la discrecionalidad al gobierno en sus tratos con el sector privado, lo que afectaría gravemente la inversión y las libertades ciudadanas. Apenas se anunció el cierre de diversas instituciones con el argumento de la austeridad que van a disminuir aún más la atención a grupos vulnerables. También la SEP pidió al INEGI (y el INEGI se prestó) que dejara de producir información en el ámbito educativo esencial para diseñar e implementar la política pública. ¿Con qué fin? Complementa la política educativa de este gobierno que elimina la evaluación, que impone libros de texto ideologizados, que descuida el aprendizaje de los niños y omite programas específicos para que puedan recuperar el adiestramiento perdido por el cierre de las escuelas durante la pandemia.
Ante el asedio, que continúa, no nos queda más que seguir resistiendo y apertrecharnos para 2024.