Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
Desde hace ya tiempo ha quedado claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es del más acendrado corte autoritario de inicios de siglo: acumulación de poder machacando a los otros poderes del Estado y a los órganos constitucionales autónomos como el INE y el INAI; amenazas permanentes a líderes de opinión y a cualquiera que hable en contra de su régimen; violaciones sistemáticas a la Constitución, a las leyes y desacatos a las resoluciones del Poder Judicial, entre otras actitudes y políticas.
Este autoritarismo centrado en el presidente se ha hecho acompañar de un proceso de militarización que nos ha regresado a épocas posrevolucionarias de la primera mitad del siglo XX. La presencia de las Fuerzas Armadas se ha extendido a actividades no propias del ámbito civil que debiera ser en una democracia: tienen el pleno control de las actividades estratégicas, como son la seguridad y el tránsito interno y al extranjero de bienes y servicios por cielo, mar y tierra; la entrada y salida de personas del país por cualquier medio y en cualquier lugar, y se han incrustado en los órganos de decisión, en órganos clave para el desarrollo del país como la investigación científica.
Por si fuera poco, la política de seguridad ha permitido el avance del crimen organizado a casi todo el territorio nacional, la diversificación de sus actividades criminales que amenazan la solvencia económica de cientos de miles de empresas bajo extorsión, su incursión en procesos electorales con el beneplácito del gobierno federal que en ocasiones han sido el fiel de la balanza en elecciones estatales y municipales.
Las elecciones de 2021, que le quitaron la mayoría calificada al oficialismo, comenzaron a detener esa tendencia arrolladora. La elección de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte ha sido crucial para contener los excesos del Ejecutivo, al menos parcialmente. La resistencia de algunos órganos autónomos, de la sociedad civil y de algunos medios, que han mostrado recia entereza.
Y en ese contexto, con fuerte presión de grupos de la sociedad civil con el mantra de las manifestaciones en defensa del INE de meses atrás, surgió la alianza del PRI, PAN y PRD para las contiendas electorales de 2023 y 2024, sin la incorporación de MC por su propia decisión. Esta alianza no fue suficiente para evitar la derrota en el Estado de México, pero funcionó en Coahuila. Luego vino la apertura de las cúpulas partidistas para aceptar la participación ciudadana en la elección del o la candidata a la presidencia de la República. Este hecho marca un hito que debe consolidarse y abarcar todos los ámbitos electorales, en los otros dos niveles de gobierno. En medio de la carrera contra el reloj electoral, la sociedad civil presionó y, junto con los partidos, organizó un proceso de ‘elecciones primarias’ (antes de los tiempos electorales y con objeciones jurídicas ya resueltas por el Tribunal Electoral) en cuyo punto culminante nos encontramos hoy. Este próximo domingo culminará este proceso en miles de urnas en todo el país, donde los votantes serán ciudadanos y ciudadanas que se registraron para el ejercicio, además de encuestas en población abierta. La contienda para la selección está entre dos mujeres, ambas senadoras de la República. Una apartidista que ha sido arropada por el PAN para poder competir electoralmente, Xóchitl Gálvez, y la otra priista de larga trayectoria, Beatriz Paredes.
Quien salga seleccionada deberá tener el más amplio apoyo para poder enfrentar con éxito a la candidata o candidato de la 4T: primero, de los ciudadanos que deseamos detener el autoritarismo, la militarización y la servidumbre ante el crimen organizado, quienes deseamos preservar la democracia, nuestras libertades y conjuntar de nuevo al país mediante un nuevo pacto social, que verdaderamente transforme a nuestra sociedad hacia mayor igualdad y justicia; segundo, el apoyo decidido, sin regateos ni cálculos partidistas, de los partidos políticos que forman la alianza, sin importar que quien resulte la candidata sea militante o no de ese partido.
Es esperanzador que ante el autoritarismo se haya levantado una ola progresista y democrática para enfrentarlo, a pesar de las diferencias evidentes entre quienes conformamos oposición, a pesar del descrédito que tienen todos los partidos políticos, a pesar de la polarización social que se ha inculcado en los últimos años. Entiendo que MC quiera desarrollar su base de apoyo popular distante de los partidos más longevos, mirando al 2030 y más allá. Pero creo que, así como en 2021 estábamos ante un precipicio que afortunadamente se logró evitar al quitarle la mayoría calificada al oficialismo, hoy estamos ante una nueva prueba, aún más definitoria, en 2024. No sé si haya retorno a un país de libertades y democracia si la 4T repite en la presidencia. Y no lo sé porque no veo cómo un nuevo gobierno de la 4T, así fuera Marcelo Ebrard el nuevo presidente, vaya a siquiera intentar revertir el militarismo y la presencia del crimen organizado. Y si eso no ocurre por seis años más, el retorno a una vía civilista tomará al menos varios decenios. La mayoría de quienes leen esta columna ya no estaremos ahí para presenciarlo.
Nota del editor: Este artículo fue entregado a la redacción antes del anuncio de ayer sobre el respaldo del PRI a Xóchitl Gálvez