Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
En días pasados, la Secretaría de Hacienda dio a conocer sus previsiones económicas y su Presupuesto para el próximo año, lo cual ha provocado reacciones negativas, en general. El nuevo Presupuesto indica un elevado déficit público, más deuda y más ‘dinero bueno al malo’ para concluir las obras emblemáticas del sexenio. No es muy extraño que ello ocurra en el último año de una administración. De hecho, este tipo de comportamientos de expansión del gasto al final del gobierno son comunes en el mundo (William Nordhaus, “The Political Business Cycle”, The Review of Economic Studies, 1975) y tienden a irritar a muchos, sobre todo cuando se tienen serias dudas sobre el destino del gasto.
Más allá de la irritación, las preguntas relevantes: ¿son estables las finanzas públicas en el mediano plazo, con estos niveles de endeudamiento? ¿Qué implicaciones tiene para la provisión de servicios y bienes públicos indispensables para la población? ¿Qué implicaciones tiene en relación a la necesidad de realizar una reforma impositiva que eleve la recaudación fiscal? ¿Qué significa que nuestra deuda sea menor que en otros países, pero es más preocupante para los mercados debido a que sus perspectivas de pago son endebles?
Desde mi punto de vista, las finanzas del gobierno mexicano son débiles por varias razones. Primero, porque el gobierno tiene más compromisos de gasto que no puede obviar, como educación, salud, seguridad y procuración de justicia, que crecen con la población en edad de recibirlos, como las pensiones, y que aumentarán aún más en el futuro, como el pago del servicio de la deuda, y no se ve cómo cubrirlos. Segundo, porque el gobierno está destinando más dinero a programas que se apartan de la provisión de bienes públicos necesarios para la población, como el casi billón de pesos a CFE y Pemex, con el solo interés de que los mexicanos ‘consumamos’ energía nacional sin importar su calidad ni costo. Tercero, por el enorme despilfarro en que ha incurrido este gobierno y que asegura a futuro la entrega de subsidios crecientes a las Fuerzas Armadas, por la operación de aeropuertos con pocos pasajeros, por un tren incosteable, por una refinería y una línea aérea que perderán dinero desde el día uno de su operación, etcétera. Por el lado de los ingresos, la debilidad es también enorme. La cantidad de personas y empresas ‘legales’ fuera del radar del SAT, así como las crecientes operaciones económicas ilegales realizadas por el crimen organizado y el crimen en general, imponen un límite infranqueable a los ingresos fiscales, a menos que se realice una verdadera revolución. Por ejemplo, que los subsidios y cualquier programa social se realicen a través de Hacienda (no a través de la Secretaría del Bienestar) a individuos y entidades que tengan que estar inscritos en el SAT para poder recibirlos, paguen o no impuestos por ellos. O bien que tengamos un registro único de personas, de empresas, de vehículos para todo tipo de trámites, incluidos el pago de impuestos y la recepción de subsidios, o la asistencia a la escuela y un largo etcétera. Hay muchas reformas posibles, por el lado del gasto y de los ingresos, que ayudarían mucho a evitar despilfarros y asegurar que el dinero público se use de manera transparente, eficiente y sin corrupción.
Las finanzas del gobierno tienen la característica que nos afectan a todos de muy diversas maneras, tal como afectan las finanzas de nuestros padres o hijos, y por eso nos debe interesar su estabilidad. Por ejemplo, al percatarse los mercados que el gobierno está siguiendo el camino hacia un mayor endeudamiento sin contar con nuevas maneras de cubrir su pago, lo cual ya está ocurriendo y varios analistas ya lo han advertido, la tasa de interés que tendrá que pagar por la deuda será más alta, y por tanto el gasto en intereses. Ello implica que tendremos menos recursos para medicinas, escuelas de tiempo completo, etcétera. ¿Cuánto es eso? Solo de 2023 a 2024 el monto aumentará en casi 133 mil millones de pesos.
De hecho, el problema ya lo tenemos encima. El pago del servicio de la deuda pública absorbe prácticamente el 100 por ciento de la recaudación del IVA, nuestra segunda fuente más importante de recursos públicos. ¡Imagínese! Por eso no sorprende que, a pesar de que el nivel de deuda respecto del PIB sea menos del 50 por ciento, muy por debajo de otros países, como ha presumido Hacienda, tengamos problemas con las calificadoras, pues nuestra capacidad de pago es raquítica y se está volviendo cada vez peor. De hecho, en 2024 estaremos pidiendo prestado para pagar intereses (déficit primario de 1.2 por ciento del PIB). ¿Quién en su sano juicio nos querrá seguir prestando? La Secretaría de Hacienda tiene que ofrecer muy altos réditos para convencer a la gente que compre sus bonos y financie al gobierno. En otros países, esa tasa de interés es menor al 3.0 por ciento, en México, alrededor del 10 por ciento.
De modo que sí, es preocupante el estado actual y futuro de las finanzas públicas, aunque en el corto plazo se recurra a pedir prestado para que no se note que falta dinero. Así como hacen los papás después de haber gastado de más en la fiesta de 15 años de la hija consentida.