Hace ya tres años que el general Glen VanHerck, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, declaró que el crimen organizado controla alrededor de un tercio del territorio mexicano. Apenas hace unos días, un comunicado oficial de la Casa Blanca aseguró que existe un contubernio entre el crimen organizado y el gobierno de la 4T. Es decir, una buena parte del territorio nacional y amplias capas del gobierno mexicano están penetradas por el crimen organizado.
Cada vez hay más evidencia de la dispersión geográfica de los cárteles criminales y su influencia social en ciertos municipios, regiones o estados. El caso del huachicol muestra con claridad esta penetración y tiene además la característica de involucrar a grupos diversos de la sociedad, no necesariamente miembros de células organizadas del crimen, que llegan a ser incluso familias enteras. Los datos aquí presentados son parte de un próximo reporte de la organización Signos Vitales.
El delito del huachicol es un delito territorial por su propia naturaleza. Esta característica de territorialidad exige a los grupos criminales ejercer control de la región en donde operan. Exige también el involucramiento de grupos numerosos de personas que participan en la extracción, transporte, almacenamiento y venta del combustible robado. Por tanto, el negocio es de muchas personas y participan familias enteras en una o varias fases del proceso.
El fenómeno del huachicol se aceleró a lo largo del gobierno de Peña Nieto. Mientras que en 2012 se detectaron mil 635 tomas clandestinas, en 2018 el número llegó a 14 mil 910. Luego, en el gobierno de López Obrador, el número se estabilizó. De hecho, en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se detectaron 43 mil 598 tomas clandestinas, mientras que en los primeros cinco años de López Obrador fueron 64 mil 30. También el fenómeno se concentró territorialmente en los últimos años. En 2018 el huachicol se encontraba en 348 municipios, mientras que en 2023 ese número se redujo a 293 municipios. De estos últimos, 80 por ciento de ellos ya eran territorios huachicoleros cinco años antes. Es decir, la actividad se ha mantenido relativamente concentrada, y solo en un puñado de estados. 11 entidades de las 32 concentran 91.6 por ciento de los eventos: Hidalgo (3 mil 769), Jalisco (2 mil 527), Puebla (mil 801), Estado de México (mil 650), Veracruz (mil 582), Tamaulipas (mil 275), Guanajuato (894), Querétaro (811), Nuevo León (628), Baja California (518) y Tabasco (436).
El negocio se sigue expandiendo y en los últimos años ha cobrado relevancia el huachicol de gas. De acuerdo con datos publicados por la Secretaría de la Defensa, los hallazgos de tomas clandestinas de gas licuado de petróleo (gas LP) pasaron de cuatro en 2018 a 556 en 2023. A su vez, para el mismo quinquenio y en el acumulado de los cinco años, 98.3 por ciento de los hallazgos han sido localizados en los estados de Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz. De las tomas clandestinas localizadas por la Guardia Nacional, el 100 por ciento se encontraba en estado de abandono.
El dato más escalofriante es que esta modalidad de actividad criminal, por la gran cantidad de personas que participan, tiene una fuerte repercusión en la violencia. En aquellos municipios en los que se encuentran tomas clandestinas, el índice de homicidios es mucho más alto que en los municipios donde no se encontraron actividades criminales de extracción de combustibles. Es decir, hay mucha mayor violencia ahí donde hay huachicol que donde no lo hay. En 2023, en los 264 municipios en donde se reportaron tomas clandestinas de combustibles fósiles, tuvieron lugar 13 mil 564 homicidios (datos del Inegi), mismos que representaron 42.1 por ciento del total. El promedio de homicidios en estos municipios fue de 51.4 vs. 14.5 homicidios ocurridos en municipios en donde no se detectaron tomas clandestinas. Solo en 18 de los 264 municipios (6.8 por ciento) en donde hubo extracción ilegal de combustibles, no se tiene registrado al menos un asesinato. En síntesis, los municipios en donde se presentan tomas clandestinas son al menos tres veces más violentos que el promedio de los municipios en donde hubo al menos un homicidio en el país. Hoy en día, vivir en un municipio por donde cruzan oleoductos y gasoductos es casi una sentencia para vivir en medio de la violencia.
* Con la colaboración de Ángel Patiño.
