La semana pasada, en el marco de la discusión sobre la llamada ‘ley Zaldívar’, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, expresó con una claridad prístina el porqué hay una gran preocupación de los inversionistas por el clima político que prevalece en México.
En una exposición ampliamente comentada, el diputado Mier estableció una dicotomía y señaló que cuando hay oposición entre la justicia y el derecho, los transformadores optan siempre por la justicia.
Esa expresión me recordó la visión marxista respecto al papel del derecho en las sociedades y la necesidad de subvertirlo, como a otras instituciones.
La lógica marxista señala que, en un proceso revolucionario, el derecho, así como la llamada “democracia burguesa”, son los mecanismos a través de los cuales mantienen su opresión las clases dominantes.
Por ello, una transformación revolucionaria tiene que transformar dichas instituciones, ya que si los revolucionarios se someten a las reglas que ellas fijan, entonces se estarían supeditando a la visión de las clases dominantes y por lo tanto no habría transformación.
Ante el descrédito mundial en el que cayeron desde hace décadas los regímenes y partidos inspirados en la filosofía marxista, sería absurdo pretender que algún militante de Morena blandiera públicamente esa ideología (más de uno lo hace en privado).
Pero, para los inversionistas, la visión del mundo expresada en el discurso del diputado Mier, es una espada de Damocles.
El derecho solo será respetado en la medida que se considere que es compatible con la justicia. Y, desde luego, la idea de justicia a tomar en cuenta es la que tienen Morena y el presidente de la República.
Bajo esta lógica, la pretensión de los inversionistas privados de que prevalezca el Estado de derecho, como condición para que las inversiones fluyan, es algo incompatible con la filosofía expresada por el diputado Mier.
Obviamente las leyes no son eternas e inamovibles, pero las democracias modernas crean los mecanismos e instituciones para reformarlas. Esa es una de las condiciones para que prevalezcan los regímenes democráticos, como hoy los conocemos.
Cuando estos mecanismos se desechan y en lugar de reformar las leyes bajo las reglas fijadas por la propia democracia, se viola el derecho, amparándose en el concepto de justicia, entonces se está realizando una transformación que subvierte a las instituciones.
Aquellas a las que alguna vez se les mandó al diablo.
Se puede afirmar que esto es algo que no ha ocurrido todavía en México. En efecto, lo que pasó con la ‘ley Zaldívar’ es una reforma a una ley secundaria.
Y, en las democracias con división de poderes, si ese cambio viola las normas básicas fijadas por la Constitución, el Poder Judicial, específicamente, la Suprema Corte, habrá de enmendarle la plana al Poder Legislativo.
Por eso resulta preocupante que se hayan vuelto cotidianas las presiones sobre la Corte, expresadas en juicios vertidos por el presidente de la República cada mañana.
El día de ayer, a pregunta expresa respecto a si los ministros de la Corte serían cómplices de la corrupción si no aceptan la constitucionalidad de la extensión del plazo en la presidencia de la Corte del ministro Zaldívar, el presidente asintió y señaló que lo serían consciente o inconscientemente.
Este juicio del presidente no es la mera expresión de una opinión, sino una forma de presionar a los integrantes del Pleno de la Corte para que resuelvan en cierto sentido el dilema que les habrá de llegar.
Ayer le comentamos que diversos órganos constitucionalmente autónomos están funcionando en México como contrapesos del Poder Ejecutivo y que han resistido presiones.
También lo han hecho algunos integrantes del Poder Judicial. Un ejemplo ha sido el juez Gómez Fierro.
Si la Corte no resiste estas presiones y cuando corresponda, resuelve en términos de la ‘lógica transformadora’ y no de la Constitución, esto será un gran golpe al Estado de derecho en México y sin éste, olvídense de que el futuro pueda recuperarse la inversión en nuestro país.