Diversos lectores me comentaron el texto que publiqué ayer en este espacio, respecto a las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI.
En el mismo sentido fueron las acciones del INE, del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia Económica de la semana pasada, que también comentamos anteriormente.
Todas esas entidades son órganos constitucionalmente autónomos, que no dependen jerárquicamente del presidente de la República.
Al referirse a los órganos autónomos, en la mañanera del día de ayer, el presidente de la República señaló que, hasta finales de los 80, el Banco de México era el único órgano autónomo y que después “surgieron como hongos, para apoderarse del Estado y desintegrar la función pública”.
En realidad, la autonomía del Banco de México comenzó en 1994, año en el que también comenzó a funcionar el INE con un Consejo Ciudadano. Y la autonomía constitucional de otras instituciones, efectivamente, fue posterior.
Sí hubo un rediseño del Estado al paso de los años para crear una serie de instituciones que tenían autonomía del Ejecutivo.
En ese entonces, recuerdo múltiples cuestionamientos, por cierto, de militantes e ideólogos del PRI, a quienes no les gustaba que determinadas atribuciones y funciones se les fueran otorgando a órganos autónomos, pue veían con ello un debilitamiento del poder presidencial, lo cual es estrictamente cierto. Esa era precisamente la intención.
En la última parte del sexenio de Salinas, durante el periodo de Zedillo y los gobiernos que siguieron, hubo la decisión y los votos en el Congreso para realizar reformas constitucionales y rediseñar al Estado.
Al presidente López Obrador no le gusta ni le convence la existencia de dichos órganos y si tuviera mayoría constitucional en las dos cámaras, regresaría a los tiempos a los que aludió, los 80.
Algunos lectores me dicen que no sea ingenuo, que eso es lo que va a suceder, que AMLO, por la buena o por la mala, va a terminar eliminando los contrapesos que representan los órganos autónomos y los otros poderes, y que vamos derechito a una situación como la de Cuba o Venezuela.
No dudo que la intención del presidente sí sea eliminar esos órganos autónomos que, a su parecer, atentan contra la democracia por la nimiedad de pretender aplicar la ley… y no lo que él cree que es la justicia y la voluntad del pueblo.
Pero, sigo pensando que una puede ser la intención del presidente y otra cosa el poder que tiene para realizar dichos cambios.
Y creo que una prueba de ello es lo que ha sucedido durante las últimas semanas.
Sí, es mala señal un Poder Legislativo supeditado a la voluntad presidencial. Pero el país no se acaba en las cámaras del Congreso.
Y, además, viene un proceso electoral en el que veremos realmente el tamaño del respaldo que tienen Morena y los partidos cercanos al presidente.
López Obrador –lo hemos comentado en diversas ocasiones– tiene la enorme habilidad de hacer creer a sus partidarios, pero también a sus detractores, que el destino de México deriva de él. Que todo el país gira en torno a las mañaneras y que en él se resume el destino de México.
Disiento. Todavía es muy grande el poder presidencial en México, pero ni lejanamente tiene que ver con aquella “presidencia imperial”, cuyo devenir reseñó con detalle Enrique Krauze.
Existen instituciones autónomas que funcionan. Existen cortes y tribunales que siguen siendo una parte fundamental de la división de poderes del país… y existe el mundo.
El entorno en el que vivimos no es el de los 80, ni México puede actuar como si fuera una isla distante. Somos vecinos de un gobierno norteamericano que fue amenazado hace muy poco por un presidente autoritario y convencido de que sólo él tenía la razón.
Por eso, creo que una puede ser la intención del presidente y otra cosa muy diferente lo que la realidad le permita realizar.
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