El día de hoy, el presidente López Obrador sostendrá una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.
Por las responsabilidades que el presidente Biden ha dado a Kamala, su rol como vicepresidenta trasciende las funciones usuales de esa figura.
Entre otras cosas, la convirtió en cabeza de la problemática migratoria, que quizás es una de las más importantes y complejas que hoy afronta la administración Biden.
Así que la reunión de hoy estará muy lejos de ser un encuentro de cortesía.
Y, aprovechando la ocasión, ayer se hicieron presentes los petroleros estaounidenses, que están más que preocupados con las reformas legales que recientemente se han realizado.
Pero, empecemos con la migración.
En este tema, los gobiernos de México y EU tienen una coincidencia y una diferencia.
Coinciden en que la solución de fondo al problema migratorio es el desarrollo y la seguridad. Solo así los centroamericanos se quedarán en su país sin intentar llegar a Estados Unidos a través de México.
Difieren en cómo propiciar el desarrollo. Para el gobierno de EU, es clave la inversión privada en la región, mientras que el presidente López Obrador quiere empujar el programa Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador.
Pero, hay otra diferencia.
Para Estados Unidos, el desarrollo implica democracia, y actos como el que recientemente orquestó el presidente Bukele, de El Salvador, que, a través de la Asamblea, destituyó a los jueces del Tribunal Constitucional, preocupan mucho a la administración Biden.
Dijo Kamala: “Un sistema judicial independiente es crítico para lograr una democracia sana y una economía fuerte”, expresando su preocupación por los hechos en El Salvador.
¿Usted cree que en México el gobierno ha expresado alguna preocupación por este hecho?
¡Bingo!, acertó. Ninguna. Pero la Asociación de Jueces y Magistrados en nuestro país sí expresó su solidaridad con los jueces salvadoreños.
Obviamente, no habrá ningún pronunciamiento explícito de Harris respecto a la extensión del plazo constitucional del ministro Zaldívar, pero el gobierno mexicano ya sabe cómo piensa la administración Biden.
Por si algo faltara para generar un cortocircuito entre las visiones de los dos gobiernos, ayer el presidente de la República señaló que si se comprobaba que agencias del gobierno norteamericano eran aportantes a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, se enviaría una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos.
Si el gobierno llegara a ese punto, creo que los problemas con la administración Biden crecerían, pues desde hace años el gobierno estadounidense es aportante, a través de vehículos como la propia embajada o la USAID, a decenas de organizaciones civiles en México y muchos otros países, lo que es perfectamente legal.
El otro frente abierto es el económico. El día de ayer, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API), que es la principal asociación de empresas de este sector, pidió al gobierno de Biden que interceda con el gobierno mexicano para que cumpla con sus compromisos suscritos en el TMEC, pues, a su juicio, las reformas legales en la materia los socavan.
No son los únicos ni serán los últimos que demanden el cumplimiento de los términos fijados en el tratado.
La de hoy no va a ser una conversación fácil, aunque para cuidar las formas se difundirán fotos en las que todos salen sonrientes, y habrá un comunicado respecto a lo constructivo de las conversaciones, previas al viaje presencial de la vicepresidenta en junio.
Lo habíamos anticipado muchas veces, pero va a empezar a constatarse, que la relación con la administración Biden va a ser ríspida para el gobierno de AMLO… por decir lo menos.