Esta semana empezamos a observar el nuevo tono de las relaciones entre Estados Unidos y México: habrá una tensión creciente.
Le cuento la historia y los antecedentes, y finalmente vemos las implicaciones.
Hace un par de días, la Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitó al gobierno de México revisar una demanda de trabajadores de la empresa General Motors (GM).
“Estados Unidos ha pedido a México revisar si en una instalación de General Motors se ha estado negando a los trabajadores el derecho de libre asociación (sindicalizada) y la negociación del contrato colectivo”, fue lo expresado por la oficina de Tai en un comunicado.
Resulta que, como parte de la reforma laboral, se estableció un proceso de legitimación de la titularidad de los contratos colectivos.
En la planta de GM en Silao, hasta ahora está en manos del sindicato ‘Miguel Trujillo López’, afiliado a la CTM.
En el proceso de votación, en el que contienden también representantes de una federación de sindicatos independientes, desde hace un mes se detectaron irregularidades, como boletas destruidas en el propio local sindical, al punto que la propia Secretaría del Trabajo tuvo que intervenir para suspender la votación.
Pero el asunto escaló y no bastó con la decisión de la autoridad laboral mexicana. Legisladores demócratas pidieron al gobierno que revisara el cumplimiento de los compromisos del TMEC en materia de libertad de afiliación sindical.
Lo curioso es que esta demanda se dio semanas después de que GM anunció la inversión de mil millones de dólares en su planta de Ramos Arizpe, para la producción de autos eléctricos, abriendo una senda para cambiar la estructura de producción del sector en México.
Y además, se suma a otra queja, presentada por la AFL-CIO, y otras organizaciones en contra de la empresa Tridonex, fabricante de autopartes y filial de la nortamericana Cardone Industries, también por violaciones a la libertad sindical.
Apenas estábamos asimilando estos hechos cuando la Cancillería mexicana informó que el embajador Esteban Moctezuma envió una carta al secretario del Trabajo de EU, Martin J. Walsh, para expresar su inquietud por la falta de aplicación de la legislación laboral norteamericana en la industrias de procesamiento y empacado de carne.
La carta cita nueve violaciones de la ley laboral, que incluyen desde la falta de pago del tiempo extra y la carencia de condiciones sanitarias adecuadas hasta la falta de atención a denuncias de violencia y acoso sexual.
Obviamente, estos datos no se racaban en solo unas horas. La Cancillería mexicana sabía que vendrían presiones en materia laboral y tenía lista la respuesta con las denuncias citadas.
Estados Unidos está invocando el proceso respuesta rápida, que permite que pueda haber acuerdos en cuestión de pocos meses sin necesidad de instalar un panel.
Y el gobierno de México también, pero sin renunciar, al igual que EU, a la posibilidad de instalar un panel que solucione las controversias, aunque esto tarde mucho más.
La brecha se ha abierto en el terreno laboral, pero si usted piensa que allí va a limitarse, está equivocado.
Existe la posibilidad de que las quejas en materia de cambios en la industria energética y otros asuntos más puedan ser llevadas a litigio en el marco del TMEC.
En algunos casos, seguramente las quejas de EU tendrán justificación plena y en otros, van a usarse los mecanismos del tratado como instrumentos para tratar de impedir que las empresas norteamericanas realicen inversiones en México.
Sume este cuadro a las tensiones que existen entre los dos países en materia de seguridad y de estrategias de combate al crimen organizado o bien con relación a los asuntos migratorios o a las asignaciones que realiza la USAID a organizaciones no gubernamentales en México, y va a encontrarse un panorama lleno de tensiones, algunas de las cuales pueden convertirse en conflictos.
Ya habíamos anticipado que la relación con la administración Biden sería mucho más difícil que con Trump.
Cada día hay más y más evidencias de que así será.
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