No exagero si le digo que en lo que resta del año tendremos una verdadera ‘guerra’ por los impuestos.
El Paquete Económico para 2022 traerá consigo una reforma fiscal, o como la llamó la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, al menos una miscelánea.
El presidente López Obrador no aceptó que la reforma fiscal que viene incluyera incrementos en las tasas impositivas, al menos de los impuestos más importantes, como el ISR y el IVA.
Pero sí dio la directriz a Hacienda y el SAT de obtener más recaudación.
En 2019, durante el primer año de la actual administración, aunque la economía cayó en -0.2 por ciento, los ingresos tributarios no petroleros se incrementaron en 0.9 por ciento en términos reales.
En 2020, a pesar del desplome del PIB en más de 8 por ciento, la captación de impuestos volvió a crecer en 0.8 por ciento.
Parece muy poco, pero en el contexto del desplome de la economía es toda una hazaña de recaudación.
Como parte de la estrategia, el SAT dio a conocer hace poco más de una semana que los impuestos pagados por los grandes contribuyentes, apenas eran el equivalente a 1.3 por ciento de los ingresos acumulables.
A ello respondió el viernes pasado el Consejo Coordinador Empresarial señalando que el impuesto que pagan las empresas es de 30 por ciento sobre la utilidad fiscal, por lo que cuestionó las cifras del SAT.
¿Quién tiene la razón?
Como sucede en muchos casos, lo más probable es que la verdad esté en un punto intermedio.
La razón por la que el porcentaje de impuestos pagados es tan baja respecto a los ingresos acumulables, es porque la legislación mexicana permite que la utilidad fiscal, que es la base para tributar, sea más baja que en otras latitudes.
Los impuestos a los ingresos y ganancias en nuestro país son equivalentes a 7 por ciento del PIB mientras que el promedio de la OCDE es de 11.5 por ciento.
Las grandes empresas en términos generales sí pagan conforme a la ley. El tema es que la ley ofrece diversos caminos para reducir la base gravable.
El sector privado, desde hace muchos años, ha planteado que el problema fiscal en México es que no se grava a la enorme economía informal.
Tiene toda la razón en que se ha hecho muy poco para asegurar que los informales paguen impuestos.
Pero, la baja tasa efectiva que pagan muchas empresas en México nada tiene que ver con el tema de la informalidad.
Es un hecho que nuestro sistema fiscal es, desde hace muchos años, un auténtico ‘queso gruyere’.
La narrativa del sector privado es que si toda la economía pagara impuestos como lo hace el sector formal, otra historia sería.
Ese argumento tiene razón, pero solo parcialmente, pues la elusión que se da en la economía formal es enorme.
La reforma fiscal que vendrá en el Paquete Económico que va a presentarse al Congreso en septiembre, incluirá diversos cambios legales para limitar la posibilidad de que las empresas reduzcan la base gravable como lo están haciendo ahora.
Le aseguro que habrá una intensa polémica a ese respecto.
Otra parte de la narrativa de la IP es que no es conveniente pagar más para financiar proyectos cuestionables como los que desarrolla el gobierno o los programas sociales, lo cual es cierto.
Pero, discusión aparte, Hacienda y el SAT tienen garantizados los votos para pasarla en las dos cámaras, pues no se requieren reformas constitucionales.
Ya sabemos, pues lo dijo la jefa del SAT, que el objetivo es recaudar de entrada 200 mil millones de pesos más por año.
La discusión va a ser intensa. Más vale que el sector privado esté bien preparado para darla.