En un hecho inédito, este martes y miércoles, los ojos de muchos mexicanos y estadounidenses estarán puestos en Silao, Guanajuato.
Ocurrirá en esa localidad una votación en la cual los trabajadores sindicalizados de la empresa General Motors (GM) en la planta que allí se ubica, respaldarán o rechazarán su contrato colectivo de trabajo.
¿Por qué la inusual atención a este proceso?
Porque se trata de la primera ocasión en que la llamada ‘legitimación’ del contrato colectivo ocurre bajo el mecanismo de ‘respuesta rápida’, establecido por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).
La reforma laboral y el TMEC establecieron un plazo, que vence en 2023, para que todos los sindicatos de empresas con inversiones en los países miembros del TMEC realicen elecciones para la determinación de sus liderazgos sindicales y acepten o rechacen los contratos colectivos vigentes.
Este proceso está en curso en muy diversas empresas y sectores. En el caso de la planta de GM en Silao se hizo un primer ejercicio los días 20 y 21 de abril. Sin embargo, las autoridades laborales mexicanas suspendieron el proceso ante la detección de irregularidades graves.
Tras reclamos de sindicatos estadounidenses, los gobiernos de México y EU suscribieron el 13 de julio un documento llamado ‘de reparación’, para reponer el proceso, lo que tendrá efecto mañana y pasado mañana.
La experiencia previa, sin embargo, condujo a tomar prevenciones al gobierno estadounidense, por presiones de sus sindicatos.
Se estableció como condición para la nueva votación que hubiera dos grupos de observadores. Uno, por parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otro por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
Así que ese Instituto, al que tanto critica el presidente en las mañaneras, se convertirá en garante de la legalidad del proceso sindical.
No le quedó mucho margen al gobierno mexicano, pues fue directamente EU quien pidió que fuera una institución con la credibilidad del INE la que observara y presentara un informe de este proceso.
A horas de que se realice el recuento, la situación es tensa.
El sindicato que hoy tiene la titularidad del contrato colectivo y que forma parte de la CTM, ha señalado la intervención de grupos ajenos a los trabajadores de GM, y en particular, grupos cercanos al padre de la secretaria del Trabajo, el abogado Arturo Alcalde.
Es el caso de Patricia Juan Pineda, de quien se ha señalado, tiene respaldo de la Secretaría del Trabajo, a pesar de ser militante en contra de la CTM.
Además, plantean la intención de los sindicatos de EU de generar problemas en la planta de Silao, para intentar llevarse la producción de algunos vehículos que allí se producen hacia las plantas de Estados Unidos.
De la oposición a los actuales titulares del contrato colectivo, señalan la cercanía entre la empresa y el actual sindicato.
La atención internacional estará puesta en el proceso cuyos resultados se conocerán a más tardar el próximo jueves.
Hay quien señala que este capítulo puede ser el primero a través del cual los sindicatos estadounidenses y canadienses metan la mano en la vida sindical mexicana y fortalezcan figuras como la de Napoleón Gómez Urrutia, a quien también ven como una figura presente en este proceso.
Otros señalan que será la oportunidad para que los trabajadores sindicalizados se sacudan el caciquismo de la CTM.
Esta polarización de posiciones dará una relevancia fundamental a la participación del INE.
Si el INE señala que el proceso se llevó a efecto correctamente, al margen del resultado, se dará un espaldarazo al proceso. Si el INE lo cuestiona, difícilmente será aceptado el resultado.
Lo interesante en este caso es que el gobierno mexicano tendrá que echar mano de la credibilidad de una institución a la que el presidente se ha dedicado a desacreditar persistentemente en los últimos meses.