Si alguien debiera saber cómo una persecución política puede construir un candidato presidencial es Andrés Manuel López Obrador.
Va un poco de historia para los que no recuerdan.
Era el año 2000 y el primer jefe de Gobierno electo del entonces Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, había pedido licencia para contender por la candidatura a la presidencia de la República.
La última etapa del mandato la tomó quien había sido su secretaria de Gobierno, Rosario Robles.
A unas semanas de dejar el cargo, el 9 de noviembre de ese año, Robles expropió el predio denominado El Encino, con objeto de construir una avenida que diera acceso al hoy muy conocido hospital ABC de Santa Fe.
Ya durante el gobierno de López Obrador en el DF, Francisco Escobedo Garduño, dueño del predio expropiado, promovió el 11 de marzo de 2001 un amparo para que se suspendiera la obra y obtuvo una suspensión definitiva.
El gobierno no acató la resolución y continuó los trabajos.
López Obrador se estaba perfilando ya como el aspirante más fuerte a la candidatura del PRD a la presidencia en 2006.
Ante ello, el gobierno de Vicente Fox buscó impedirlo a toda costa.
Así que, en el año 2004, la PGR inició un procedimiento para procesarlo penalmente por desacato a una orden judicial relacionada con El Encino.
Sin embargo, en calidad de jefe de Gobierno del DF, López Obrador contaba con fuero, por lo que era necesario retirárselo, así que el gobierno federal inició un proceso de desafuero.
En abril de 2005, la Cámara de Diputados votó por retirarle el fuero por 360 votos a favor y 127 en contra.
El proceso para inhabilitarlo como candidato fracasó y el propio gobierno federal tuvo que desistirse de ello.
López Obrador ya era una figura política destacada, pero el desafuero operado por el gobierno de Fox lo convirtió en el indudable candidato de la izquierda.
Ahora veamos qué dijo AMLO recientemente respecto a Anaya:
“Fíjense lo que dice, que no quiero que él se fortalezca con miras a la elección de 2024. Falta para ello muchísimo, ¡qué voy a estar pensando en eso! En términos políticos hasta conviene un candidato así”.
En septiembre de 2020, hace 11 meses, Anaya decidió regresar a la vida pública tras su derrota en 2018, y a través de redes sociales lanzó videos cuestionando las políticas del gobierno de AMLO y expresó su interés de volver a contender por la presidencia en 2024.
Anaya logró mantener su presencia pública estos meses, pero fue relativamente discreta… hasta el fin de semana pasado cuando señaló la intención del Fiscalía General de la República (FGR) de procesarlo.
El dicho de Anaya se verificó al trascender su citatorio para el día de ayer, en el marco de la denuncia de Lozoya respecto a sobornos realizados para asegurar la aprobación de la reforma energética. La audiencia fue pospuesta por el juez hasta el 4 de octubre, en virtud de que Anaya no había tenido acceso al expediente.
Por la información que ha trascendido, hay escaso sustento en las acusaciones y la imagen pública que se va a construir es la de una persecución política en contra de Anaya.
A la larga, el mayor beneficiario de esta acusación será el propio Anaya.
Me resisto a creer que, de manera deliberada, el presidente López Obrador esté promoviendo a Anaya como candidato, de la misma manera que Fox no pretendía promover la candidatura de AMLO… y finalmente lo hizo.
No sé cuál vaya a ser el desenlace jurídico de este proceso, ni tampoco sus consecuencias.
Pero de lo que sí hay evidencia es que hay un uso político de las instituciones de procuración de justicia.
Si, hasta hace un mes, una probable candidatura presidencial de Anaya se veía remota, hoy ya no sé. Y si la persecución se intensifica, esa probabilidad crecerá.
¿Será que realmente AMLO lo quiera de candidato en 2024 y le esté preparando el terreno? Usted dirá.
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