El lunes pasado, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se transmitió el mensaje de que la deuda de Pemex estaba en proceso de reestructuración.
No quedó claro a qué se refería el presidente de la República, porque él mismo señaló que no podía hablar del asunto.
Sin embargo, sí expresó su desacuerdo con el hecho de que en los mercados financieros se valore de manera diferente a la deuda de Pemex que la del gobierno federal.
El presidente refirió que dado que Pemex pertenece ‘al pueblo de México’, su deuda debería ser valorada igual que la del gobierno.
La semana pasada, en la conferencia organizada por Moody’s, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reiteró el compromiso del gobierno de seguir apoyando a Pemex, pero subrayó que por restricciones legales, el gobierno no puede asumir la deuda de Pemex.
¿Qué es lo que realmente se está preparando respecto a la deuda de la petrolera?
No lo sabemos del todo y esperamos que el día de hoy, cuando se dé a conocer el Paquete Económico 2022 y las perspectivas hasta 2024, quede más clara la estrategia del gobierno frente a Pemex.
Hay dos calificadoras que ya han degradado la deuda de Pemex en moneda extranjera a un nivel en el que coloquialmente se denomina ‘bono basura’, es decir, por abajo del grado de inversión, se trata de Fitch Ratings y Moody’s.
La tercera calificadora de relevancia internacional, Standard & Poor’s, coincide con la visión del presidente y ve la deuda de Pemex con la misma calificación que tiene la del gobierno federal.
Es decir, aun entre estas agencias hay criterios diferentes en cuanto al significado de la relación entre la empresa pública y el gobierno.
Hasta ahora lo que está establecido informalmente es que los vencimientos de la deuda de Pemex serán respaldados por el gobierno.
Aunque la administración de Pemex, la actual y buena parte de las del pasado, no se caracterizó por ofrecer resultados destacables, lo cierto es que en años anteriores el crecimiento de la deuda de Pemex derivó de que la empresa fue utilizada como una fuente de financiamiento para el gobierno.
Los elevados cobros de impuestos y derechos por muchos años fueron el mecanismo a través del cual Pemex transfería los recursos, no sólo de su actividad productiva, sino también de lo que obtenía mediante financiamientos.
Cuando se realizó la reforma energética, la intención que existía era que en un ambiente de competencia, Pemex pudiera ser más exigida y de esa manera tuviera que cambiar su visión para no tratar de producir meramente por producir sino obtener, de acuerdo a lo indicado en la Constitución, el máximo valor económico para el Estado mexicano.
Hoy estamos en una situación confusa. La meta de la reforma energética no se está cumpliendo. Sin embargo el gobierno de López Obrador rechazó la realización de modificaciones constitucionales para revertir dicha reforma… aunque en la práctica se haya echado para atrás.
Tampoco se ven condiciones en el futuro inmediato para cambiar la Constitución, así que todo indica que esta situación ambigua en la que hoy nos movemos pudiera prolongarse durante la segunda mitad de este gobierno.
Es por ello que lo más probable es que se busque una solución en la cual, sin modificar la Constitución, sin asumir la deuda de Pemex de manera directa, se dé garantía a los inversionistas, que han adquirido bonos de la deuda de Pemex, que el gobierno seguirá respaldando las finanzas de la empresa.
Con solo las declaraciones del presidente López Obrador, los bonos de Pemex subieron de precio ayer, lo que significó un alza de alrededor de 3 por ciento en un solo día y alcanzar el mayor nivel desde junio.
El desafío que deberá enfrentar Hacienda es que este respaldo no implique un debilitamiento de las finanzas del gobierno, al punto de que exista la amenaza de perder el grado de inversión incluso en la deuda soberana.
En el Paquete Económico que hoy por la tarde conoceremos, éste será uno de los aspectos centrales que deberán ser definidos.
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