Es de escándalo. La iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica presentada el viernes pasado puede crear una verdadera tormenta.
Lo más grave que tiene es que se trata de una expropiación implícita de activos que podrían ir desde los páneles solares en una vivienda hasta las centrales generadoras en las que se invirtieron cientos de millones de dólares.
Quizás ninguna propuesta de reforma en este sexenio había dejado tan evidente la aspiración del gobierno de López Obrador.
Implica un completo rediseño del sistema eléctrico que se ha configurado en México en las últimas décadas y también modificaciones que tendrán repercusión para el sector de hidrocarburos.
Lo que la propuesta fija como meta es regresar a la situación que nuestro país tenía en las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado.
El gobierno de López Obrador tiene nostalgia del boom petrolero y de los tiempos en los que las empresas energéticas del Estado, CFE y Pemex, controlaban todo.
Con la reforma, la CFE, hoy bajo el mando de un funcionario de esos tiempos, Manuel Bartlett, sería no sólo una empresa pública sino virtualmente la autoridad en el sector.
Toda la inversión privada realizada en la generación eléctrica a lo largo de los años, desde principio de la década los 90, estaría sujeta a las decisiones discrecionales que pueda tomar la CFE.
La propuesta es desaparecer también la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que fue creada para poner orden en un mercado que ya no existiría, pues la empresa estatal pondría las reglas del juego.
El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entidad encargada de regular el despacho eléctrico, quedaría como parte de la propia empresa eléctrica, es decir, es como si el árbitro de un juego de futbol fuera auxiliar del entrenador de uno de los equipos.
Aunque la iniciativa señala que la CFE debe generar al menos el 56 por ciento de la energía eléctrica que se produce en el país, en realidad se pretende configurar un entramado jurídico para que la empresa vuelva a ser un monopolio y al paso del tiempo tenga la posibilidad de generar la totalidad de la energía consumida en el país, como era en aquella edad que el gobierno de AMLO considera como dorada.
Esta propuesta, cuando se entienda plenamente, será un escándalo internacional pues tiene de facto implicaciones expropiatorias para aquellas empresas privadas que invirtieron al paso de los años en diversas esquemas para generar electricidad en México.
Pero a diferencia de lo que hizo López Mateos con la nacionalización de la industria eléctrica, nadie propone pagar un centavo a los empresarios privados, sino solo arruinarlos.
En las primeras horas, luego de conocerse la propuesta, se despertó un rechazo generalizado entre expertos, empresarios y representaciones del sector privado.
Pero, pese a ello, el presidente López Obrador va a ir con todo para tratar de aprobarla.
Morena y sus aliados no cuentan con la mayoría calificada en ninguna de las dos cámaras del Congreso. Así que, por sí solos no podrán aprobar esta reforma constitucional.
En este caso será absolutamente crucial conocer cuál va a ser la posición del PRI, cuyos votos podrían darle a Morena dicha mayoría.
Puede darse por descontado que el PAN votaría en contra de la iniciativa y que los votos de Movimiento Ciudadano, aún si los tuviera Morena, no serían suficientes para aprobarla.
Hay corrientes en el PRI que quizás no vean con malos ojos el regreso a una organización del sector energético que estuvo vigente en los gobiernos priistas de Echeverría y López Portillo.
Sin embargo, también hay otros grupos que percibirían este cambio como un profundo retroceso.
AMLO va a usar todos los recursos a su alcance, incluso la extorsión política, para tratar de obligar a los priistas a dar el sí.
Seguramente está preparado para hacer incluso algunos cambios a la iniciativa, para permitir que los priistas puedan colgarse alguna medalla.
Ese es otro escenario, que el Congreso le quite los aspectos más burdos para poder presumir que modificaron la propuesta, pero sin cambiar nada de lo esencial.
No exagero si digo que en los siguientes meses, de lo que resulte de la discusión y negociación de la propuesta, dependerá el futuro del país.