¿Cuál es la razón por la cual el presidente de la República envió al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que va a requerir de los votos de otros partidos para aprobarse?
Aunque desde hace algún tiempo el presidente señaló que estaba pendiente la reforma para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pocos pensaban que podría llegar tan lejos como llegó.
De aplicarse, lo más probable es que se desatarán litigios sinfín en México y en el extranjero, por la violación de derechos adquiridos de las empresas que han invertido en el sector.
Es muy probable que el propio presidente de la República sepa, como admitió alguna vez, que va a ser muy complicado obtener los votos necesarios para realizar una reforma constitucional como la planteada.
Entonces, ¿por qué razón se envió la iniciativa?
AMLO dijo en diferentes ocasiones que no podía dejar de formular su propuesta al margen de que contara con los votos suficientes o no.
Claro que es importante contar con los votos suficientes y AMLO tiene una estrategia para tratar de conseguirlos.
La aprobación de esa iniciativa en la Cámara de Diputados requiere de 331 votos. Morena y sus aliados tienen 278. Les hacen falta 53 para la mayoría calificada.
Este fin de semana, hubo rechazo a la propuesta del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. No lo hizo el PRI, que anunció que realizará foros para analizarla.
El PRI tiene 71 diputados. La apuesta de AMLO es que de allí salgan los votos que faltan.
En el Senado, necesitan 86 votos. Morena y sus aliados cuentan con 76 votos (o 73 si se descuentan los que salieron de Morena y PT para buscar la formación de su propio grupo parlamentario). Les harían falta al menos 10 votos (o 13). El PRI tiene 12 asientos en el Senado. También hay una apuesta a que de allí salgan los votos necesarios.
Pero además, es probable que se busque presionar a algunos legisladores de otros partidos para que den su voto a la iniciativa.
No se trataría solamente de convencerlos del mérito que ésta tiene sino, por ejemplo, buscar a aquellos que tengan ‘colas que les pisen’ y que sean susceptibles de ser extorsionados.
Otra posibilidad es buscar a aquellos que pudieran aceptar dar luz verde a la propuesta a cambio de dinero. No sea mal pensado. A cambio de financiar algunos de sus proyectos en el presupuesto.
Y no descarte usted tampoco que incluso pueda ser posible convencer a algunos que, en su fuero interno, piensen que es preferible contar con una empresa eléctrica estatal todopoderosa, aunque el consumidor y el ambiente resulten perjudicados.
Otra posibilidad que no debe descartarse es que el contenido de la iniciativa esté diseñado exprofeso para ser recortado. Es decir, para quitarle algunos componentes que son intransitables, como los cambios que hundirían a quienes ya han hecho inversiones en el sector.
En ese caso también podría haber un juego en el que se permite que algunos legisladores de la oposición hagan algunos cambios para hacerla digerible, pero sin modificar nada de lo esencial.
Justamente para definir qué es ‘esencial’ hay que tomar en cuenta que el gobierno de López Obrador no quiere un sistema eléctrico en el cual haya competencia.
Desde 1992, cuando, por la vía de una modificación reglamentaria, se permitió que empezaran a surgir productores independientes, el sector estuvo parcialmente abierto, y al paso de los años acumuló cantidades muy significativas de inversión privada, que hoy suman muchas decenas de miles de dólares.
Lo que hoy se quiere es que esa inversión deje de ser rentable, o que de plano se arruine.
El gobierno quiere que la CFE se fortalezca a costa de deteriorar el valor de dichas inversiones y aun a costa de los consumidores o incluso de las finanzas del gobierno federal.
¿Pasará la propuesta?
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