La reforma eléctrica, tal y como está dibujada en la propuesta de ley enviada al Congreso por el presidente López Obrador, puede ser un salto al vacío que genere un desastre en la economía mexicana por muchos años.
En los considerandos de la propuesta (páginas 10 y 11 del texto) bajo el título ‘Concentración Privada’, se señalan los porcentajes de la capacidad de generación que, a decir del gobierno, se encuentran bajo control privado.
Los productores independientes de energía tienen 31 por ciento; las sociedades de autoabastecimiento, 12 por ciento; las centrales eléctricas construidas después de la reforma de 2013 que corresponden a energías renovables y ciclos combinados de alta tecnología, 15 por ciento; y las subastas de largo plazo representan 4 por ciento.
De este modo, de acuerdo con los datos del gobierno, hay un 62 por ciento de participación privada.
Se señala, además, que la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) corresponde al 54 por ciento del total consumido en el país.
La reforma plantea que la CFE genere al menos ese porcentaje, cuando hoy despacha 38 por ciento.
El problema es que tras la aprobación de la reforma, automáticamente quedarían cancelados los contratos privados. Así lo señala el artículo segundo transitorio de la reforma propuesta.
En el extremo, dejaría de producirse 62 por ciento de la energía eléctrica en el país. Si la CFE utiliza la totalidad de su capacidad instalada, se podría llegar a 54 por ciento, y aun así tendríamos un déficit de 46 por ciento.
Si nos ponemos optimistas y suponemos que se establezca un periodo de transición en el cual se renegocien los contratos, aun así sería factible que muchas centrales privadas se apagaran, simplemente por la incertidumbre derivada de esa renegociación y nos enfrentáramos a una situación de insuficiencia en la generación.
Ayer, en la conferencia mañanera, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, señaló cuál sería el orden de despacho de la energía eléctrica después de la reforma.
En primer lugar serían las hidroeléctricas; luego Laguna Verde; seguirían las centrales geotérmicas y luego las que utilizan gas y son propiedad de CFE; después las centrales térmicas que pueden utilizar también combustóleo, pero son propiedad de la CFE; luego las centrales eólicas y después las solares; posteriormente las centrales que utilizan gas y son del sector privado, y finalmente las que emplean carbón.
Por lo menos, en el caso de los productores independientes y de las subastas de largo plazo, al quedar cancelados los contratos y relagarse el despacho, tendrá que evaluarse si esa actividad sigue siendo de interés para los empresarios que operan.
En el caso de las sociedades de autoabastecimiento, de acuerdo con la autoridad, habrá muchas que estén fuera de la ley, así que serán canceladas y esa energía ya no se despachará.
Justamente por las condiciones de incertidumbre que serían creadas por la reforma es que se trata de un salto al vacío.
Queda la posibilidad que ante un riesgo tan grande y tan evidente, los legisladores, incluso algunos de Morena, cambien la redacción de la reforma.
Y desde luego existe la posibilidad de que, tras un análisis cuidadoso, los legisladores del PRI lleguen a la conclusión de que no pueden aprobar una iniciativa que puede tener consecuencias tan graves para el país y que por lo mismo también podría tener desastrosas consecuencias para el futuro de su partido.
Esperemos, al menos, que se organicen de manera rápida los foros para escuchar a los involucrados y a los expertos, con objeto de que les quede perfectamente claro a los diputados y senadores cuáles serían las consecuencias de aprobar esta iniciativa.
Siempre es conveniente saber cuando uno se suicida, pues luego… ya no hay remedio.
Consulta más columnas en nuestra versión impresa, la cual puedes desplegar dando clic aquí