De acuerdo con la encuesta publicada esta semana por El Financiero, seis de cada diez personas saben poco o nada de la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica planteada por el presidente López Obrador.
Sin embargo, a pesar de no entenderla, un 51 por ciento la respalda frente al 31 por ciento que la rechaza.
Por lo pronto, la definición del tema ya se pospuso para otro momento, o quizá no, en medio de afirmaciones y dementidos. Lo que es claro es que hay mucha confusión respecto a las fechas.
Si la votación fuera en abril sería una buena noticia porque da espacio para una discusión más amplia.
El hecho es relevante por la paradoja revelada por la encuesta. ¿Cómo puede ser que se respalde algo que no se conoce ni se entiende?
Se trata al final de cuentas de un acto de fe.
Hay que recordar que el respaldo que recibe el presidente López Obrador sigue siendo mayoritario, de un 60 por ciento, no importa que la calificación de algunas de sus políticas sea reprobatoria.
Los ciudadanos no califican al presidente en función de los resultados que ofrece, sino que lo hacen a partir de su identificación con él y de lo que les transmite en sus frecuentes comunicaciones.
Esto implica también una simpatía por algunas de sus iniciativas más emblemáticas.
En el tema de la reforma eléctrica, el presidente construyó una narrativa mediante la cual contó la historia de una serie de cambios que se presentaron en 2013 con la reforma energética de Enrique Peña, con los cuales un puñado de grandes empresas obtuvo pingües beneficios mientras que los ciudadanos de a pie no obtuvieron ninguno.
Aquel comparativo difundido en una de las conferencias mañaneras, con el cual comparaba el precio promedio de la electricidad pagado por diversas empresas comerciales, que parecía ser muy inferior al precio pagado por las familias, es quizás el ejemplo claro de esta narrativa.
Obviamente, nunca se precisó en la misma conferencia mañanera que el precio promedio que pagan la mayoría de los hogares mexicanos, en virtud de que la tarifa está subsidiada, es apenas una fracción de las tarifas que pagan los comercios.
Como quien dice, los datos estaban manipulados.
El dato que se dio a conocer y que escandalizó, es en realidad el que pagan quienes tienen la tarifa de alto consumo (DAC), lo que significa una cantidad insignificante de hogares respecto al total, por cierto los de más altos ingresos.
Más allá de la falacia de las cifras que se informaron, se logró posicionar esa narrativa, lo que contribuyó a obtener un respaldo importante de la población.
Veremos ahora lo que sucede en los siguientes meses dada la posposición de la votación de esta reforma.
En tanto reforma constitucional, necesita una mayoría calificada que no podría obtener sin todos los votos del PVEM y una parte importante de los votos del PRI.
Una de las estrategias de Morena había sido hasta ahora lograr que el PRI, o al menos algunos priistas, consideraran que pueden atraer la simpatía de una parte importante de los electores, respaldando la propuesta presidencial.
Ahora veremos qué sucede hacia adelante.
Los datos también hablan de la incapacidad que hemos tenido quienes hemos criticado a esta reforma para transmitir de manera sencilla y clara sus problemas y desventajas.
Con el nuevo calendario, sobre todo si la votación se va hasta el siguiente año, las coordenadas de la discusión serán diferentes.
Por lo pronto, el acuerdo parlamentario eliminó la posibilidad de que se presente un madruguete legislativo.