El guión de la campaña del gobierno en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) ya está en marcha.
El domingo por la madrugada, finalmente se aprobó en lo particular el Presupuesto para 2022, que incluye un recorte para el INE por cerca de 5 mil millones de pesos respecto a lo solicitado.
Igualmente al Poder Judicial también se le aplicó un recorte de 3 mil millones de pesos, del que hablaremos próximamente.
La decisión tomada por la mayoría formada por Morena y sus aliados tiene, en el caso del INE, el propósito de crear un enfrentamiento con el Instituto, al eliminar las condiciones materiales para organizar la consulta por la revocación de mandato.
El día de ayer, diversos voceros de Morena ya expresaron que el INE tiene la obligación constitucional de organizar el proceso y ajustar sus gastos.
El domingo, el consejero presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, expresó que se van a emprender las acciones jurídicas a las que tiene derecho, tras el recorte de los diputados.
El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional materia de la consulta por la revocación de mandato publicada el 20 de diciembre de 2019, señala lo siguiente: “El ejercicio de las atribuciones que esta Constitución le confiere al Instituto Nacional Electoral en materia de consultas populares y revocación de mandato se cubrirá con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y los subsecuentes”.
Puede interpretarse que la afirmación constitucional implica que el INE debe contar con los recursos presupuestales necesarios para hacer efectivo el derecho fijado por la Constitución
Incluso, cuando en 2020 controvirtió la llamada consulta sobre los expresidentes, la Corte rechazó la controversia y señaló que el INE debía haber requerido los recursos presupuestales correspondientes.
Si la Corte sigue el mismo razonamiento, sería de esperarse que instruyera al Poder Legislativo a modificar el Presupuesto para asignar los recursos necesarios al Instituto.
Más allá de las acciones en materia jurídica, el libreto de lo que va a seguir en términos políticos puede anticiparse.
Habrá críticas constantes al INE tanto de Morena como de AMLO señalando que quiere bloquear este ejercicio de democracia participativa.
No sabemos hasta dónde se quiera llevar este cuestionamiento, pero muy probablemente el ambiente así creado sea la base para poder poner a consideración del Congreso una reforma en materia constitucional.
No es improbable tampoco que se quiera llevar a juicio político a Lorenzo Córdova y algunos otros de los consejeros, con el objeto de que sean removidos de su cargo.
Es decir, tenemos en ciernes como uno de los escenarios que podrían derivarse de este litigio, una crisis política resultante del cuestionamiento del grupo mayoritario y del gobierno a las autoridades electorales del país.
Sin embargo, Morena no parece contar en este momento con los balances políticos necesarios para llevar adelante ni una reforma constitucional en materia electoral ni tampoco un juicio político a los consejeros, pues en ambos casos requeriría de una mayoría constitucional para la cual carece de los votos necesarios.
Sin embargo, estos hechos prefiguran una circunstancia de muy elevada litigiosidad política a lo largo del 2022.
Sume este hecho a la enconada discusión de la reforma eléctrica y nos encontraremos probablemente con una perspectiva de elevada tensión política para el próximo año.