El día de ayer, el presidente de la República volvió a insistir en que el INE debe organizar la consulta para la revocación de mandato y que la Secretaría de Hacienda no cuenta con recursos adicionales para entregar al Instituto.
Aunque aún no existe una respuesta formal de Hacienda como le fue requerido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ayer el presidente López Obrador fue claro: se dirá al INE que no hay.
En ese caso, el TEPJF deberá resolver lo que tenga que hacerse.
Lo más probable, en mi opinión, es que se señale que el Instituto debe organizar el proceso con los recursos con los que cuente.
Esto quiere decir que la consulta se realizará con un menor número de casillas respecto a lo que señala la ley, que pretende darle a este tipo de consultas un estatuto de una elección constitucional.
No sería sorprendente que se replicara el tipo de consulta que se hizo el año pasado con el tema del juicio a expresidentes, cuando se instalaron alrededor de 57 mil casillas a las cuales fueron a votar 6.4 millones de personas.
Aun si se instalaran más casillas, es previsible que ni remotamente se alcance el nivel de participación de 40 por ciento del padrón electoral para que el resultado de la consulta sea vinculatorio.
Al presidente de la República y a Morena, quienes han promovido esta consulta, les tiene sin cuidado que el nivel de participación sea relativamente bajo.
Lo que buscaron siempre con este ejercicio fue un resultado que le permita decir a AMLO que la gente lo respalda en un muy alto porcentaje, y que quiere que la cuarta transformación siga.
Las encuestas a población abierta que ha levantado El Financiero señalan que alrededor de 63 por ciento de la gente votaría a favor de la permanencia del presidente contra 33 por ciento que votaría por su retiro.
Esa proporción, no obstante, no será la que se refleje en las urnas. Es probable que entre 90 y 95 por ciento de los votantes que acudan el domingo 10 de abril, respalden la permanencia del presidente.
La razón es que quienes se oponen a él han establecido que su estrategia es la no participación.
Para AMLO no hay forma de perder. Si participa poca gente, el respaldo que recibirá será porcentualmente mayor. Si hay más participación, de cualquier manera ganará ampliamente y podrá señalar que la mayor afluencia valida el respaldo.
Para el presidente este proceso implicará un fortalecimiento político del que también sacarán provecho los candidatos de Morena a las seis gubernaturas en disputa este año, que habrán de realizarse menos de dos meses después de la consulta por la revocación.
No menos importante que el fortalecimiento político de AMLO, lo que también se busca es el debilitamiento del INE, al cual se ha acusado de obstaculizar el proceso de consulta y de tener como prioridad el mantenimiento de los presuntos privilegios de los consejeros y funcionarios del Instituto.
Todo este proceso está claramente desnaturalizado, ya que se supone que la revocación de mandato se definió como un derecho de la población para demandar el retiro de un mandatario que ha perdido la confianza de los ciudadanos, pero en este caso se promovió como un derecho del presidente para recibir el respaldo de sus partidarios. Todo lo contrario al sentido de la norma.
Es probable que los resultados de este proceso junto con los de la elección de junio, también le permitan a AMLO calibrar el momento en el cual se enviará al Congreso de la Unión –si es que realmente se envía– la propuesta de reforma constitucional en materia político-electoral que desaparecería el INE.
Difícilmente se enviaría si no se cuenta con probabilidades altas de obtener la mayoría calificada.
La apuesta de AMLO es que la conjunción de los resultados de la consulta para la revocación, las elecciones estatales de junio y los ataques al INE puedan crear un ambiente en el cual legisladores del PRI se inclinen a respaldar a Morena y conseguir así la mayoría calificada.
Esa es la apuesta presidencial.