En pocos procesos electorales o de consulta popular hemos visto tantas violaciones a las reglas del juego fijadas en la ley como en el de la consulta popular por la revocación de mandato.
A partir del día de hoy entramos al llamado periodo de silencio y reflexión en el que ya no se puede realizar promoción del proceso.
Ayer por la tarde, como si fuera cierre de una campaña electoral, se realizó en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México un evento organizado por Morena, pero promovido abiertamente por las autoridades de la Ciudad de México… para respaldar la reforma eléctrica.
No se puede ser más obvio en el modo de darle la vuelta a las restricciones impuestas por la autoridad electoral.
El tema de fondo es que las sanciones han sido relativamente menores, como la instrucción para bajar de redes sociales pronunciamientos de funcionarios o amonestaciones públicas.
Este clima debe conducir a una reflexión relevante: ¿cómo será el proceso electoral de 2024?, ¿qué podrá hacer la autoridad electoral si entonces hay violaciones a la ley?
Lo que ya sabemos es que el presidente López Obrador quiere otras autoridades electorales, por lo que presentará su iniciativa de reforma constitucional en la materia quizá la próxima semana o al menos en una fecha cercana.
También sabemos que, salvo que algo completamente inesperado ocurra, los partidos opositores rechazarán esa propuesta. Creo que ninguno tiene vocación suicida… aunque a veces esa sea la impresión que dejen.
Y tendremos entonces en abril de 2023 una gran batalla por el nombramiento de cuatro consejeros electorales para reemplazar a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz.
Si la ley no cambia, lo que me parece el escenario más probable, será la Cámara de Diputados, por mayoría calificada, la instancia que designe a los nuevos consejeros, incluyendo al consejero presidente.
Ya sabemos que Morena y sus aliados no cuentan con los votos necesarios, por lo que será indispensable una negociación para que el perfil del presidente y de los otros tres consejeros, sea aceptable también para la oposición.
Morena, obviamente, buscará fracturar al bloque opositor, que en ese proceso tendrá una de sus pruebas de fuego.
Si la autoridad electoral que resulte tras los cambios del próximo año no tiene plena legitimidad, quizá nos esperen campañas en 2024 que podrían estar caracterizadas por el caos, por la falta de respeto a la ley y por una presencia creciente de la violencia promovida por el crimen organizado en diversas regiones del país.
Y, si el resultado de la próxima elección presidencial fuera cerrado, en caso de que la autoridad electoral no tuviera el peso moral requerido, probablemente habría incentivos para desconocer el resultado.
Nuestro país consiguió que, a partir de los procesos electorales federales de 1994, y sobre todo de 1997, el término ‘conflicto poselectoral’, que era frecuente en el pasado, quedara casi en el olvido.