¿Por qué razón el presidente de la República envió ayer al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que en principio pareciera condenada al fracaso?
Más que los detalles del contenido de la reforma político-electoral, para entenderla, quizás lo más relevante sea responder a esa pregunta.
En realidad ya conocíamos una buena parte del contenido de esta propuesta.
Quizá la mayor sorpresa ha sido el hecho de que uno de sus planteamientos fuera la eliminación de los diputados de mayoría relativa, más que la eliminación de los legisladores plurinominales.
Como ya muchos explicaron ayer, el planteamiento de la reforma implica dejar exclusivamente en el Congreso a diputados de representación proporcional, ahora sobre la base de 32 listas, una por entidad, y no de las cinco circunscripciones presentes hasta ahora.
Otro de los ingredientes sorpresivos fue el hecho de que se le diera luz verde al voto electrónico.
Los dos aspectos parecieran interesantes y debatibles.
Sin embargo, lo sustantivo de la reforma constitucional presentada es el propósito del presidente de la República de reinventar a las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El primero se convertiría en el Instituto de Elecciones y Consultas y el segundo en otra sala de la Corte.
En ambos casos, cambiarían completamente los mecanismos de designación y serían por elección popular a propuesta de los tres poderes de la Unión.
Esto hoy construiría autoridades electorales claramente proclives a Morena.
El presidente sabe que puede ‘vender’ a los ciudadanos, de manera exitosa, esta reforma, sobre la base de plantear que se trata de quitar privilegios, hacer más barata la democracia, y conseguir que los ciudadanos sean representados de manera más directa.
Pero, más allá del respaldo popular que la iniciativa pueda obtener, es claro que no va a contar con los votos necesarios para obtener una reforma constitucional.
Un respaldo de la oposición a esta propuesta implicaría un virtual suicidio. Aunque hay incompetencias de los opositores, hasta ahora por lo menos, pareciera que no hay vocaciones suicidas.
Así que, tal vez como en el caso de la reforma eléctrica, se convoque a un Parlamento abierto, en el cual se expresen muchos ciudadanos con relación a virtudes y defectos de la propuesta.
Sin embargo, al final de cuentas, sea que se vote en el periodo ordinario que comienza en septiembre o bien en algún periodo extraordinario, todo indica que será rechazada.
¿Cuál es entonces el sentido de enviarla ahora?
Como en el caso de la reforma eléctrica, el presidente López Obrador buscará que el rechazo a esta propuesta por el Congreso le signifique respaldo por parte de los ciudadanos.
Buscará convertir la negativa de los partidos opositores en críticas por rechazar presuntamente una participación más directa de la ciudadanía en la definición de la autoridad electoral y en la reducción del costo de la democracia.
Pero, creo que esa expectativa hoy es ilusoria.
Los ciudadanos han entendido, desde que empezó a discutirse la revocación de mandato, que en buena medida el fondo de estas propuestas presidenciales es buscar crear las condiciones para la permanencia de Morena y sus aliados en el poder.
Ese es el único sentido de esta reforma electoral.
La ciudadanía seguramente tendrá opiniones divididas, como en muchos otros temas. Habrá que ver lo que dicen las encuestas.
Pero, claro, si la oposición actúa con la torpeza con la que a veces lo ha hecho, con su rechazo podría darle votos a Morena.
Veremos si hay la inteligencia necesaria para hacer que la reforma política-electoral sea un costo para el presidente o si éste le saca la ventaja que espera.