Ayer, el presidente de la República señaló que en el gobierno probablemente haya que transitar de la austeridad republicana a la ‘pobreza franciscana’.
Si ya de por sí hay un deterioro en amplios sectores del aparato de gobierno, no quiero imaginarme qué sucederá en la nueva etapa.
Por esa razón sorprende el que el gobierno vaya a usar hasta 400 mil millones de pesos para subsidiar las gasolinas.
Por primera ocasión en siete años y medio, el pasado abril, el IEPS a las gasolinas y el diésel, en lugar de darle recursos al gobierno, le significó un costo efectivo de 542 millones de pesos.
La última ocasión que tuvimos un IEPS negativo en este rubro fue en septiembre de 2014.
Por un largo periodo, que comenzó en 2006 y concluyó hasta el noveno mes de 2014, el IEPS a las gasolinas fue negativo.
Como ahora, el gobierno tenía que poner dinero pues las gasolinas eran adquiridas a un precio superior al valor al que se vendían a los consumidores.
Esta circunstancia cambió desde entonces y hasta el pasado abril.
La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, señaló el pasado 20 de abril que la pérdida de recaudación por vender las gasolinas por debajo de su costo será de entre 350 a 400 mil millones de pesos este 2022.
El gobierno ha planteado que el propósito es evitar que los precios de los combustibles suban más que la inflación.
De acuerdo con los datos del Inegi, este propósito sí se ha conseguido, pues mientras la inflación de los últimos doce meses está arriba del 7 por ciento, el alza de la gasolina de bajo octanaje, que es la más consumida, fue de 6.5 por ciento.
Si consideramos el periodo que va desde que este gobierno asumió, en diciembre de 2018, encontramos que la diferencia es aún mayor, pues mientras la inflación del periodo alcanzó 18.1 por ciento, el incremento de la gasolina regular fue de 9.7 por ciento, prácticamente la mitad.
Una pregunta que salta cuando se ve el costo fiscal de evitar mayores precios en las gasolinas es ¿quién paga los costos?
Para responder a esta pregunta, veamos primero quién se lleva los beneficios.
De acuerdo con datos del Inegi y de la Secretaría de Hacienda, el 20 por ciento de la población con mayores ingresos aporta 44.5 por ciento del pago del IEPS a las gasolinas, mientras que el 20 por ciento más pobre contribuye con 5.8 por ciento.
Es decir, claramente, el hecho de que el gobierno haga un sacrificio fiscal para evitar que aumente el precio de las gasolinas beneficia principalmente a los sectores de mayores ingresos.
Imagínese si el gobierno contara este año con 400 mil millones de pesos más, las posibilidades de usar estos recursos para favorecer a los grupos de menores ingresos crecerían sensiblemente y quizá no habría que pensar en ‘pobreza franciscana’.
Solo para entender la dimensión de esta cifra, equivale al doble de todos los recursos asignados este año a la Secretaría de Salud.
Sí, es factible que la inflación fuera mayor por el impacto de las gasolinas en el índice de precios al consumidor, pero tampoco en exceso, pues su peso es de 4.2 por ciento del total.
Es decir, si, por ejemplo, las gasolinas hubieran aumentado en 40 por ciento el último año, el impacto estaría en cerca de 1.7 puntos porcentuales.
Aun considerando efectos de segundo orden (como en costos de transporte público), difícilmente contribuiría a la inflación en más de 2 puntos porcentuales.
Detrás de los subsidios a las gasolinas, hay la evidente intención de no cargar con los costos políticos de subir los precios de los combustibles.
¿Es justificable esta decisión, aunque implique que hay una redistribución altamente regresiva del ingreso como producto de esta decisión?
A mi parecer, no.
El Estado debería contar con esos 400 mil millones para cumplir con sus responsabilidades, independientemente de los votos que ello costara.
Pero hoy, las prioridades están invertidas.
Así que habrá de llegar la pobreza… aunque sea franciscana.