En la conferencia mañanera de ayer, el presidente de la República señaló que se está investigando al juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
No es la primera vez que se le investiga.
Vaya, el presidente le tiene tal aversión al juez Gómez Fierro que le atribuyó la suspensión de la multa que la Comisión Reguladora de Energía le impuso a Iberdrola por 9 mil 145 millones de pesos.
Usando su derecho, la empresa energética española promovió un amparo en contra de esa multa y el juez Ramón Lozano Bernal, titular del Juzgado Tercero también especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, tomó la decisión de suspender la multa a la empresa y fijar una audiencia para el 1 de septiembre, con el propósito de resolver el fondo del amparo.
El ‘crimen’ de Gómez Fierro –supongo que no le explicaron bien a López Obrador– fue otorgar una suspensión definitiva a diversas empresas en contra del decreto de la Secretaría de Energía que buscaba obligar a las empresas privadas a comprar gas natural a CFE o Pemex, como condición para rentarles la red de ductos para transportar gas.
El fondo de estos casos es el hecho de que las reformas constitucionales en materia de competencia económica de 2013 condujeron a la formación de tribunales especializados en la materia.
Obviamente, al presidente no le gusta que las reglas constitucionales de la competencia económica se extiendan al sector de la energía.
Ya intentó cambiar la Constitución y no lo logró.
Así que, pareciera que el recurso que le queda es ejercer presión a jueces, magistrados y ministros, con objeto de obtener resoluciones que le permitan saltarse esas reglas para asegurar una situación de ventaja para la CFE y para Pemex.
Pero, hasta ahora varios jueces han mantenido la integridad de la Constitución y la ley, entre ellos destacadamente el juez Gómez Fierro.
El Poder Judicial, el Banco de México y el INE, son quizás las tres instituciones clave para mantener la estabilidad en el país.
Hasta ahora han funcionado.
En el momento en que dejen de hacerlo, la institucionalidad se deterioraría en México.
Esperemos que no se declare que es de seguridad nacional que todas las empresas compren gas a Pemex o a CFE y que, por lo tanto, no se tienen que respetar las resoluciones judiciales.
Insisto: no veo recesión inminente
¿Cómo es que no viene una recesión si la economía mexicana cayó en junio en 0.4 por ciento?
Esto me dijeron ayer, a propósito de la columna del lunes pasado en la que rechazaba que hubiera una recesión en ciernes, y de los datos que el Inegi dio a conocer ayer, en los que su Indicador Oportuno de la Actividad Económica, en efecto, marcó ese retroceso en junio.
La respuesta es que para se presente una recesión debe haber una baja generalizada de la producción, las ventas y el empleo, entre algunas de las principales variables económicas, lo que no está sucediendo en México y por lo pronto no se ve que sea inminente.
Hay algunos otros que piensan que la recesión es cuando se presentan dos caídas trimestrales del PIB en forma consecutiva.
Bajo esa definición tampoco se cumplen las condiciones, pues en el primer trimestre de este año el PIB creció en 1.0 por ciento respecto al cuarto del 2021 y en el segundo trimestre, el estimado del Inegi es que el crecimiento fue de 1.2 por ciento respecto al primero.
Lo que tenemos es un ambiente de bajo crecimiento de la economía con algunos meses en los que incluso habrán de presentarse caídas.
Esto significa desaceleración de la economía, no recesión.
No es un entorno bueno, pero sostengo lo que escribí el lunes: no veo una recesión en puerta.