“Que me echen a los norteamericanos (y ahora habría que agregar a los canadienses), que tengo para todos”, pareció querer decir ayer el presidente López Obrador en la mañanera, cuando puso la cumbia de su paisano Chico Che.
Una de las estrategias del presidente es desestimar los riesgos. Quitar importancia y minimizar asuntos que son graves y pueden afectar seriamente al país.
Tal vez el más célebre de todos los casos fue cuando expuso en esa misma conferencia a sus ‘protectores’ del covid, sus estampitas, mofándose de los riesgos reales del contagio.
Obviamente, cuando los fallecidos sumaron ya cientos de miles, se ha cuidado de ya no burlarse de quienes advirtieron de las graves consecuencias de no tomar en serio la pandemia.
Un panel de solución de controversias en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) parece ser, en su perspectiva, una cosa menor.
“Le hablo a mi cuate Biden y el tema queda resuelto”, pareciera sugerir.
Desde el gobierno mexicano se insiste en que no se ha violado ningún compromiso establecido en el tratado.
Cualquier experto razonablemente informado sabe que esto no es así, y que el resultado de un panel de resolución de controversias que se constituyera, seguramente sería contrario al gobierno mexicano, así se tarde un buen número de meses en resolverse.
El asunto de fondo es que, al no poder cambiar la Constitución para modificar las reglas del juego en materia energética, lo que el gobierno mexicano ha hecho es cambiar leyes secundarias y adoptar medidas administrativas, que al beneficiar a Pemex y a la CFE, ponen la cancha de juego dispareja, violando varios preceptos del TMEC.
Cualquier estudiante de leyes sabe que un tratado internacional, suscrito por el gobierno mexicano y ratificado por el Senado, tiene una jerarquía jurídica superior a la de una ley secundaria o a las disposiciones administrativas.
En junio de 2019, el actual Senado (no el de Peña) ratificó el TMEC por una votación de 114 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones.
Así que no pueden decir que el instrumento jurídico que tenemos y que ha dado lugar a los reclamos de Estados Unidos y Canadá, es algo heredado de administraciones anteriores.
Si, al final de cuentas, México pierde la controversia, podría darse el caso de que hubiera sanciones comerciales que perjudicaran a los exportadores mexicanos al ponerse aranceles a una serie de productos mexicanos que se exportan a EU.
El costo sería para toda la economía, pues eso implicaría afectar el crecimiento del país.
Pero, además, se agregarían elementos a la incertidumbre que hoy existe y que es un factor que limita las inversiones.
Hoy, de acuerdo con los datos del Inegi, la inversión privada se encuentra 7.6 por ciento abajo del nivel con el que cerró el sexenio anterior.
Las posibilidades de que México pueda aprovechar las oportunidades de la relocalización de actividades económicas, producto de la crisis de suministros que hemos vivido en los últimos años en el mundo, se ve hoy limitada, entre otros factores por problemas con la energía.
En particular, hay zonas del norte de la República en las que algunas plantas que exploran la posibilidad de instalarse para abastecer a la cadena productiva en Estados Unidos, no lo han hecho ante la falta de certeza en el suministro eléctrico seguro y confiable en los siguientes años.
Me he encontrado cada vez con más empresarios cuya decisión de instalar una planta en esa zona o en el Bajío o en algunos otros puntos tiene todas las ventajas respecto a hacerlo en EU o en otro sitio… salvo que no están seguros de contar con la electricidad que requieren, sea porque no tengan la certeza de contar con abasto confiable en el largo plazo, o bien porque requieren de energía proveniente de fuentes renovables, y consideran que en México no está garantizada esa oferta.
Sí, los litigios que eventualmente van a emprender Estados Unidos y Canadá en contra del gobierno mexicano son para dar miedo y no para mofarse de ellos.