Ya le habíamos apuntado en este espacio que ante la evidencia de que el PRI no se sumaría a Morena para respaldar una reforma constitucional en los términos propuestos por el presidente López Obrador, uno de los escenarios sería el realizar una reforma legal.
Las reformas a las leyes secundarias solo exigen contar con mayoría simple en las dos cámaras del Congreso y el presidente da por sentado que la obtendrá sin mayor problema.
Para comenzar, déjeme decirle que no sería tan fácil lograrlo en la Cámara de Senadores.
Morena y sus aliados tienen 75 votos, el 58.5 por ciento, mientras la oposición cuenta con 53, el 41.5 por ciento.
Sin embargo, es probable que, en esta materia, los senadores del partido en el poder no votaran todos a favor.
El trato que se ha dado a Ricardo Monreal en la búsqueda de obtener la candidatura presidencial de Morena podría conducir a un grupo de senadores morenistas a no respaldar la iniciativa del presidente.
El pronunciamiento a favor de Monreal ante los embates de la gobernadora Layda Sansores fue suscrito por 38 senadores de Morena para sumar 87 junto con la oposición, lo que representa casi el 70 por ciento de la Cámara.
No quiere decir que necesariamente todos los morenistas que respaldaron a Monreal votaran necesariamente en contra de una reforma legal en materia electoral como la propone el presidente, pero estoy seguro de que algunos de ellos votarían rechazando esa reforma.
Sería tan flagrante la violación de muy diversos artículos constitucionales que simplemente el intentarlo marcaría a López Obrador como un personaje que no respeta la Constitución.
Aunque obviamente en la eventualidad de que prosperara una reforma así, se emprenderían controversias constitucionales por parte de legisladores y gobiernos estatales, creo que lo decisivo sería lo que sucedería en las calles.
La marcha del domingo en la Ciudad de México se quedaría como una pequeña demostración frente al rechazo social que implicaría violar la Constitución frente a todos en un ámbito tan delicado para el país como el electoral.
Creo que inevitablemente entraríamos en una crisis política cuyo desenlace sería difícil de predecir, ya que surgiría un arreglo político que no sería reconocido por una parte significativa de los actores políticos.
Como en otras ocasiones, me parece que lo dicho en la mañanera en torno a lo que se ha denominado el “Plan B” de la Presidencia fue una ocurrencia surgida de las experiencias de las reformas respecto a la energía eléctrica y la Guardia Nacional.
Sin minimizarlas en absoluto, dichas reformas no tuvieron ni las implicaciones que tendría la de carácter político electoral ni generarían las reacciones que ya se pudieron apreciar con las marchas del domingo pasado.
Espero que el presidente reflexione y pondere que, al final de cuentas, no le conviene a él ni a su partido generar una crisis que pueda poner en riesgo la gobernabilidad del país.
Tal vez rodeado del círculo de los más radicales haya recibido esta sugerencia, sobre la base de lo que dicen las encuestas, pero creo que aún algunos políticos sensatos de Morena podrían entender la gravedad de las implicaciones de esta propuesta y poner en riesgo ni más ni menos que la estabilidad del país.
Veremos si desde ahora hasta el 1 de diciembre, fecha en la que dijo que habría de dar detalles, el presidente entra en razón.
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